Licores, embargos y engaños, así fue como 7 inversionistas cayeron en garlito de Carlitos Güey

Esta fue una sesión judicial muy esperada, tanto por la información que se vertió en la audiencia de vinculación a proceso en contra de Felipe de Jesús V.G., empresario de Carlitos Güey, como por el retraso de poco más de una hora y media para que iniciara.

En la sala se reunió un equipo de tres asesores jurídicos defendiendo los intereses de la víctima en la causa penal 1918/2025, Daniel Simón P.M., quien fungió como funcionario municipal en 2022, así como la representante del Ministerio Público.

Del otro lado hay un abogado defensor, acompañado por uno de los hijos del imputado, mientras que en el público está una representante legal así como una de las presuntas, hasta este momento, siete víctimas del fraude de Carlitos Güey.

En esta audiencia, la defensa tiene la oportunidad de presentar pruebas a favor de su cliente, para ello, argumentó que presentaría documentación, así como el testimonio de su cliente, con la intención de señalar que, entre víctima e imputado, existe una relación comercial antes del 2024.

Según la proyección de los contratos, que finalmente no fueron admitidos por el Juez de Control encargado de la causa penal ya que no cumplieron las formalidades necesarias para ser presentados como evidencia, Daniel Simón y Felipe de Jesús habían firmado un contrato de asociación de participación mercantil desde 2022.

La víctima invirtió en la empresa y mensualmente, de noviembre de 2022 hasta mayo de 2024, le fueron entregados a él y a personal “autorizado por el señor P.M.”, recibos de pagos con diversas cantidades, que fluctuaban entre los 65 mil hasta los 181 mil pesos.

La perspectiva de “Carlitos Güey”

En su declaración ante el Juez, Felipe de Jesús relató que, pese a lo que indicaba la Fiscalía General del Estado (FGE), él había conocido a la víctima desde 2022. Recordó que un día, cuando estaba en su oficina, Daniel Simón llegó a su tienda, acompañado de un funcionario bancario.

Declara que se presentó como un ex funcionario municipal que traía “millones de pesos” para invertir y que le interesaba ser parte del negocio, por lo que le propuso un contrato de asociación en participación y, desde entonces, había sido inversionista y se le habían pagado, en tiempo y forma, las ganancias correspondientes a su inversión.

Sin embargo, aseguró que durante 2023, por culpa de un inversionista que había comenzado un proceso civil contra la empresa, se iniciaron dos juicios en el Noveno Juzgado Civil, con las causas 303/2023 y 340/2023, que provocó que tuviera entregar el control de la empresa a un interventor.

Aseguró que esa persona se había quedado a cargo de la empresa y la manejó de manera irresponsable, ya que dejó de pagarle a todos los acreedores, incluyendo los inversionistas.

Agregó que la víctima estaba consciente de la situación que vivía la empresa cuando firmó el segundo contrato de asociación en participación en agosto de 2024, firmado forzadamente para garantizar que recibiría un remante de la inversión una vez que se interviniera de forma jurídica.

Si bien, tanto las partes como el Juez de Control escucharon los dichos de la defensa, al final, el juzgador decidió desechar las pruebas para su resolución, ya que los contratos se habían introducido de manera errónea al debate, así como el testimonio del imputado, quien no contaba con pruebas suficientes para demostrar la veracidad de los hechos narrados.

Siete víctimas y contando

Cuando llegó el turno de la FGE de argumentar las razones por las que se debería vincular a proceso, mencionó que en la carpeta de investigación se encontraron una serie de antecedentes que demuestran, al menos de manera probable, que el señor Felipe de Jesús había estafado, no solo a Daniel Simón P.M, sino también a otras seis personas.

En agosto de 2024, según el testimonio de la víctima ante el Ministerio Público, un amigo que trabajaba en un banco le recomendó a Felipe de Jesús para que invirtiera su dinero en el negocio Carlitos Güey.

Las partes habían negociado un acuerdo: la víctima entregaba 4 millones de pesos que serían utilizados para la apertura de dos sucursales de las licorerías, que se realizarían en un plazo de 30 días.

Después, la víctima recibiría una parte de las ganancias de dichas tiendas y también se le otorgaría un porcentaje adicional de la primera sucursal de este negocio.

Se aceptó el trato y, según varios testigos que rindieron su testimonio, la víctima entregó el dinero en efectivo en las oficinas del negocio, ubicadas en la avenida Manuel Gómez Morín.

Pasaron cinco meses del contrato y la inversión de la víctima no rindió frutos. Felipe de Jesús visitó el domicilio de Daniel Simón y le confesó que el negocio no había salido conforme a los planes, por lo que le entregó un cheque de 4 millones de pesos, regresando el monto que había invertido.

La víctima fue a cobrar el documento al día siguiente, pero fue rechazado en la sucursal bancaria ya que la cuenta destino no contaba con los fondos suficientes para realizar la operación.

La representación social aseguró que Daniel Simón es una de las siete víctimas que han identificado del esquema de fraude armado por Felipe de Jesús.

Al verificar la manera en la que operaban las inversiones que la empresa recibía, detectaron que tenía las características similares a las de un esquema Ponzi.

Se trata de un sistema de fraude en el que la persona pide inversiones a un tercero para supuestamente financiar una empresa, pero al final termina quedándose con el dinero y utiliza recursos de otros inversionistas, para pagar los supuestos dividendos que ha dejado la inversión que nunca se realizó.

Se explicó que a las víctimas que se les invitaba a invertir en Carlitos Güey, ya que su dinero generaría mejores rendimientos que los que pudieran obtener en un banco o cualquier otro negocio de inversión convencional.

Una vez que se concretaba el contrato, Felipe de Jesús recibía el dinero, mayormente en efectivo, y durante los primeros meses daba algunos de los dividendos a las víctimas, mismos que pagaba de forma mensual.

Después, simplemente dejaba de realizar los pagos y se desentendía de los acreedores.

Incluso, una de las víctimas, contó al Ministerio Público que confrontó a Felipe de Jesús, ya que se había negado a entregarle 12 mil dólares que había invertido en su empresa.

Aunque el imputado le confesó que las inversiones “se le habían salido de las manos”, continuó en su postura de no entregarle el dinero y que incluso le mencionó que “no iba a ver ni un solo peso” del dinero que le había entregado.

Contratos de inversión en medio de pleitos judiciales

Pese a que la defensa afirmó que los hechos realizados por su cliente sí habían constituido un “incumplimiento de obligaciones”, ya que dejó de pagar los pagos correspondientes a la víctima, argumentó que sus acciones no fueron una conducta delictiva, sino únicamente una falta civil.

Sin embargo, la representación social argumentó que existían dos razones principales que apuntan que el imputado sí había cometido el delito de fraude, al menos de manera probable: en primer lugar, pese a los procesos judiciales en los que estaba la empresa, Felipe de Jesús continuó ofreciendo los contratos de asociación en participación a diversas personas, incluidas la víctima de esta causa penal.

Además, se puntualizó en que el imputado firmaba los contratos a título personal, es decir, en ninguna parte se menciona que era representante de la empresa Carlitos Güey o la moral Corporación Internacional de Productos Generales, nombre legal de la licorería.

Por lo anterior, el juez concedió el auto de vinculación a proceso, mismo que Felipe de Jesús tendrá que enfrentar bajo la pena de prisión preventiva.

Al momento de definir el plazo de investigación complementaria, la FGE señaló que, en este momento, están bajo investigación otros seis socios de la empresa Carlitos Güey, mismos que se presume, son familiares del imputado y que también habían tenido participación en el esquema piramidal.

La representación social solicitó el plazo máximo de investigación, pero debido a que todavía no se había demostrado la participación de más personas, a excepción de Felipe de Jesús, únicamente se autorizó el plazo de tres meses, mismo que podría aumentarse, en caso de ser necesario.

Sin mayor exaltación y aliviado de que haya concluido su audiencia de vinculación, que se extendió por casi seis horas, Felipe de Jesús, quien viste totalmente de gris, recibió la noticia del inicio del proceso penal en su contra y, tras compartir algunas breves miradas y palabras con su hijo, regresó a su celda en el Centro de Reinserción Social número 3.