La defensa del senador Javier Corral Jurado informó que el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Séptimo Circuito, con sede en Chihuahua, resolvió que el proceso por el presunto delito de peculado deje el ámbito local y sea conocido por el fuero federal, al dirimir el conflicto competencial 20/2025.
En un comunicado, el despacho Schütte & Delsol Abogados, defensor de quien fuera gobernador de Chihuahua entre 2016 y 2021, señaló que la solicitud de atracción ante la Fiscalía General de la República (FGR) se sustentó en que en el ámbito estatal no se garantizaban los fines constitucionales del proceso penal, ni los derechos de las víctimas ni de la sociedad a la verdad, la justicia y la reparación del daño.
La defensa agregó que a los imputados no se les permitió presentar pruebas ni ejercer plenamente su derecho de defensa.
“Confiamos en que las autoridades federales constaten su inocencia y desenmascaren la brutal fabricación de un delito contra quien encabezó uno de los mayores esfuerzos contra la corrupción política en el país”, expresó el despacho en su cuenta de X.
De confirmarse la atracción, la resolución ratifica la facultad de la FGR y ordena que la Fiscalía Anticorrupción del Estado de Chihuahua y el juez de control local se desistan del conocimiento del asunto y remitan el expediente a las autoridades federales.
La determinación llega tras un prolongado diferendo entre instancias estatales y federales. En noviembre pasado, el fiscal anticorrupción de Chihuahua, Abelardo Valenzuela Holguín, denunció que el juez federal Roberto Antonio Alcoverde Martínez, en funciones de juez de control, intentó conceder “de manera indebida” la atracción del caso.
El fiscal sostuvo entonces que la facultad de atracción corresponde exclusivamente a la persona titular de la FGR y no a un juez de control.
Dos jueces coincidieron: es competencia federal
El despacho defensor informó que la FGR y dos jueces de distrito del Poder Judicial de la Federación ya habían coincidido previamente en que la competencia del caso era federal. Tras audiencias, alegatos y análisis de pruebas, el Tribunal Colegiado confirmó ese criterio y ordenó el traslado definitivo del expediente.
Con ello, las autoridades federales quedarán en posibilidad de analizar de fondo las pruebas y alegatos para emitir una determinación conforme a derecho. La defensa reiteró su confianza en que el proceso federal acreditará la inocencia del senador y exhibirá lo que calificó como una fabricación de delitos por parte de autoridades estatales.
El comunicado añade que la propia FGR investiga presuntas violaciones legales y a derechos humanos cometidas durante la integración del expediente por la Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua y otros funcionarios.
En el proceso también están señalados el exsecretario de Hacienda de esa administración, Arturo “N”, y el empresario Pedro López Elías, por un presunto desvío de recursos públicos cercano a 98 millones de pesos.
Hasta el momento, la Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua no ha emitido una postura oficial sobre la resolución.
La decisión del Tribunal Colegiado marca un punto de quiebre en uno de los casos más controvertidos del escenario político y judicial de Chihuahua, al retirar el expediente del ámbito estatal y llevarlo a la esfera federal.
