En Ciudad Juárez, la espera no es opción. Cuando alguien desaparece, las madres salen a buscarlos aun sin protección, sin protocolos y, muchas veces, sin el acompañamiento de las autoridades. Lo hacen porque el tiempo corre en su contra y porque, en muchos casos, nadie más lo está haciendo.
Ante la inacción de las autoridades, las familias de personas desaparecidas se ven obligadas a realizar sus propias investigaciones; sin embargo, al carecer de un marco legal y de protocolos de seguridad oficiales, estas labores de búsqueda ciudadana las exponen a situaciones de grave peligro, según opinó Carla Palacios, directora del Centro de Derechos Humanos Paso del Norte A. C.
De acuerdo con estudios nacionales, en México van 43 personas buscadoras que han sido asesinadas o desaparecidas entre 2010 y 2026, entre las cuales se encuentra la juarense Marisela Escobedo.
La mujer fue privada de la vida a balazos el 16 de diciembre de 2010, cuando protestaba frente a Palacio de Gobierno, luego de que fuera liberado el presunto asesino de su hija. Desde la desaparición de su hija, Marisela encabezó su propia búsqueda, lo que la colocó en riesgo desde ese momento.
Fiscalía no asume responsabilidad de encontrarlos
Sobre estas tareas que desempeñan los propios familiares de personas desaparecidas, Palacios mencionó que es la desesperación por dar con sus seres queridos, así como el desinterés que muestran las autoridades, lo que los empuja a realizarlas.
Agregó que diversos diagnósticos han evidenciado el alto riesgo que enfrentan las personas al momento de recopilar pruebas, el cual no solo compromete su integridad física, sino también su salud.
“En nuestros casos siempre hemos velado porque las autoridades asuman esa responsabilidad de llevar a cabo los procesos de investigación y de búsqueda, porque es a quien le corresponde”, señaló.
Subrayó que, sin embargo, las madres no pueden esperar.
“O sea, las madres hacen actos de investigación por su cuenta, con las redes de amistades de las personas desaparecidas, pero nosotros desde la organización hemos buscado trasladar esa responsabilidad a quien le compete, que son las autoridades encargadas de la investigación”.
La directora del Centro de Derechos Humanos Paso del Norte A. C. mencionó que, desde 1965 hasta el presente año, en Ciudad Juárez la cifra oficial de personas desaparecidas asciende a más de mil 100, de todas las edades.
Buscar entre los vivos
Sobre los trabajos que realiza la Comisión Local de Búsqueda y que podrían tener mejores resultados, Palacios consideró importante fortalecer los procesos de búsqueda en vida, ya que “lamentablemente las autoridades se han enfocado mayormente en buscar a las personas desaparecidas sin vida”.
Indicó que de manera cotidiana observan que la Comisión Local de Búsqueda y la Fiscalía estatal realizan excavaciones y localización de fosas clandestinas, pero han puesto poco énfasis en la búsqueda de personas desaparecidas con vida, en los distintos espacios donde pudieran encontrarse.
Detalló que esto representa una falla grave, sobre todo porque la Ley General en Materia de Desaparición establece como principio la presunción de vida de las personas desaparecidas, algo que no se ha traducido en mejoras a nivel local.
Por otra parte, señaló que en el Servicio Médico Forense (Semefo) existe una gran cantidad de personas sin identificar por diversos motivos, y uno de los principales es la falta de recursos para realizar los cotejos genéticos necesarios.
Indicó que de poco sirve realizar operativos de exhumación si, por una falla presupuestal, no se puede dar identidad a esas personas.
100 carpetas de desaparecidos por cada agente
De igual manera, la activista mencionó que, en su intento por localizar a sus familiares, algunas personas recurren a la contratación de investigadores privados, aunque no todas cuentan con los recursos para hacerlo.
Sobre la posibilidad de que el Estado contrate investigadores privados para colaborar en la búsqueda y localización de personas desaparecidas, señaló que no sería lo correcto, ya que esa responsabilidad corresponde a las autoridades, quienes deberían fortalecer a sus propios agentes de investigación o aumentar su número.
“Entonces, el que subcontrataran personal solo evidenciaría el rezago que hay en las instituciones o la incompetencia para realizar el trabajo. Ellos tienen acceso a registros, bases de datos e información muy sensible, que realmente puede potencializar los procesos de búsqueda”, afirmó.
Palacios señaló que ningún agente privado cuenta con ese nivel de acceso.
Detalló que en Ciudad Juárez, la unidad encargada de la búsqueda de personas en la Fiscalía del Estado cuenta con alrededor de 13 agentes del Ministerio Público y entre 10 y 12 agentes investigadores, una cifra que resulta insuficiente frente a los más de mil casos de desaparición.
“Estamos hablando de que cada Ministerio Público tendría a su cargo unas 100 carpetas de investigación”, aseveró.
Finalmente, la directora del Centro de Derechos Humanos Paso del Norte A. C. señaló que, debido a la saturación de trabajo, aunque legalmente ya no es necesario esperar días para iniciar la búsqueda de una persona desaparecida, persiste la mala práctica de esperar más de 48 horas y, en un inicio, se envía a las familias a buscar por su cuenta en lugares donde pudieran estar retenidos.
Incluso, dijo, en algunos casos las propias autoridades envían a las familias a buscar por su cuenta en lugares donde podrían estar retenidas las víctimas.
