La vida en cuarentena bajo la línea del hambre: A nadie le importan los pobres que no votan

Mientras que el gobernador Javier Corral transmite mensajes de auto ayuda y romantiza la pandemia en redes sociales y el alcalde Armando Cabada concentra el presupuesto en su voto duro, en un censo de 500 personas, 6 de cada 10 jefas de familia en cuarentena por Covid-19, que viven en el oriente de Juárez, padecen pobreza alimentaria sin recibir ayuda gubernamental.

La vida en cuarentena bajo la línea del hambre: el repunte de la pobreza

Corral transmite en sus redes sociales, producciones musicales con temas que giran en torno al coronavirus, en género romántico, que reproducen una épica en su imaginario y ofrece en su programa  avances del «Plan de Salud, Empleo e Ingreso Familiar». Todos los días.

Anuncia municipio 100 mil despensas y paquete económico ante emergencia pandémica

Mientras que Cabada, destinó 23 millones de pesos del presupuesto público para entregar despensas en el poniente y surponiente, estructura antigua de la ciudad, que el PRI (red clientelar electoral) dejó a la deriva.

«Ni el estado ni el municipio otorgan ayuda a estas familias. Viven en las tinieblas porque sus viviendas no están en los registros, porque son clasificadas como abandonadas. Para el Estado ahí no vive nadie, pese a que las habitan desde hace 12 años», enfatiza el activista Jorge Muñoz.

Los del suroriente no existen

A diferencia del poniente y surponiente, que cuentan con redes políticas formadas por el PRI, en el suroriente no existen, porque son poblaciones relativamente nuevas en el lugar, por lo que no son sometidas a manipulación electoral con ayudas como las despensas, agrega.

«En amplias franjas del suroriente existen comunidades de personas que no tienen su credencial de elector actualizada, traen la de sus lugares de origen, por lo tanto ni el estado ni el municipio se interesan por los que no votan», reitera Muñoz.

Muñoz es un exmilitante del PAN desde los  años de Francisco Barrio, cuando era gobernador, también fue funcionario público en la Secretaría de la Subsecretaría de Desarrollo Social de Zona Norte, que renunció a su militancia y al gobierno durante la actual administración corralista.

Formó parte de la asociación civil «Fundación Pedro Zaragoza», además de ser fundador de varias organizaciones filantrópicas desde las que ha colaborado en programas sociales para familias vulnerables.

Muñoz implementó un mecanismo de selección para otorgar ayuda sólo a familias que cayeron en pobreza alimentaria «denunciadas» por los propios vecinos.

«Conforme empezamos a visitar a las familias de esa zona, reportadas por los propios vecinos de estar padeciendo hambre por que a la jefa o jefe de familia la pusieron en cuarentena con medio sueldo, nos dimos cuenta del atraso económico, educativo y político», enfatiza Muñoz.

Mediante la aplicación de un estudio socio-económico, supieron que no tenían seguro el alimento diario, que fueron arraigadas en sus domicilios en sus centros de trabajo y que ni el municipio y el estado los han ayudado, comentó Muñoz.

Destacó que el sueldo negociado que reciben de sus centros de trabajo es una ayuda necesaria, aunque intentan asegurar su sustento mediante «buscas» en otros lados, para completar el gasto diario, que incluye el alimento.

La mayoría son madres solteras

De 500 personas censadas, el 60 por ciento de ellas son madres solteras, con puestos de trabajo de operadoras de producción, que están en arraigo por el coronavirus, lo que significa que 300 madres solteras luchan por la sobrevivencia de sus hijos.

Son madres jóvenes, que en su mayoría padecieron algún tipo de violencia doméstica, con un promedio de edad de 20 años y con cuatro hijos, originarias de Veracruz, Torreón, Matamoros, Zacatecas, Tabasco y otros municipios de Chihuahua.

Urgar en la basura

«A mi no me da vergüenza pedir. Voy a la Central de Abastos a ver qué hay en la basura, por lo menos hay fruta y verdura buena, así los niños ya no comen nomás frijoles y sopa», dice Felícitas Martínez de la Paz, residente de Villa Residencial y con siete hijos.

«Antes trabajaba como servidora, y sí, hice mal, pero pude entrar a un trabajo decente, y ahorita, gracias a Dios ya dejé esa mala vida», cuenta Felícitas con 41 años, originaria de Matamoros, Coahuila.

Alrededor de ella, revolotean sus hijos, uno de ellos, con un perro amarillo en brazos se enreda en una de de sus piernas, Felícitas lo despacha al interior de su vivienda ¿Cómo se protegen contra el virus? ¿Cómo duermen?

«No pues unos duermen en un sofá, los demás en una cobija que les tiendo en el piso, yo a un lado de ellos, aunque casi no duerme porque tengo una enfermedad en la vesícula biliar que a veces me tumbo por el dolor», indica Felícitas.

«Estoy pendiente de una operación en el Seguro Social, pero no se puede, me dice el doctor que ahorita hay mucha contaminación en los hospitales y que además están muy ocupados en lo del COVID», expresa.

Hace cinco años, felícitas y su familia invadió la vivienda que habita y en este tiempo, han ocurrido seis intentos de desalojo, los mismos a los que ha resistido «porque llegan muy chingones sin ningún papel que demuestre que son los dueños», enfatiza.

En el Seguro están matando

Sobre el temor a un contagio, Felícitas expresa: «No es cierto, eso me dice mi hija la mayor; siempre me advierte que no me pare en el Seguro, porque ahí los están matando, les ponen una inyección», cuenta.

 «Solo el de arriba nos protege», invoca Felícitas la ayuda de Dios. Termina de reunir a sus hijas y los mete a su vivienda.

Sale uno de los niños, de unos nueve años, toma el perro en brazos. Está bonito. «Sí, se llama Pitufo, nomás necesita un peinadón y quitarle las pulgas», responde el niño.

Los ausentes

En esta lucha no están el gobernador Corral, el alcalde Cabada y el representante de la federación, Juan Carlos Loera, para quienes estas familias no existen y no aparecen en los padrones de sus programas sociales.

En plena pandemia, se lanzan a la caza del voto y reparten miles de despensas

Pese a que en la Guía para los Municipios sobre la Operación del Programa Alimentario del DIF estatal, en la parte «Del apoyo Alimentario a Jefes y Jefas de Familia», todos ellos podrían ser beneficiarios (aquellos que presenten inseguridad alimentaria leve, moderada y leve, priorizando el nivel severo), no son candidatos.

Otro de los criterios, que los exime de los beneficios, es el resultado del nivel socioeconómico aplicado por el estado, bajo los parámetros de que habiten zonas marginadas, con lo cual podrán calificar para la obtención de la ayuda.

«Si nos atenemos a las reglas de Gobierno del estado, estas familias podrían calificar para la ayuda, con algo de voluntad podría ser, pero el caso es que para la autoridad simplemente no existen», indica Muñoz.

En el caso del municipio es peor, dado que no tienen niguna regla de operación para los programas sociales, lo cual queda al arbitrio del alcalde en turno, en este caso al de Armando Cabada.

La indolencia más grave que la pobreza

Las familias en situación de emergencia pertenecen a las colonias Urbi Villa, Villa del Cedro, Riberas del Bravo etapas I y II,  Villa Residencial, entre otras, todas en el oriente de la ciudad y no reciben ningún tipo de ayuda de los gobiernos federal, estatal y municipal.

«Para mi ver, lo menos grave para esas familias es el económico, es más agudo el de la indolencia de los tres niveles de gobierno, porque de forma simple asumen una conducta criminal en contra de los que más sufren en esta pandemia», denuncia Muñoz.

«Sí, llevamos una despensa o varias, pero eso resuelve el hambre de un día o dos ¿pero quién los ayuda a salir de su atraso educativo, de su necesidad de información para que tomen decisiones asertivas? ¿Quién?», lanza Muñoz la interrogante.

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