La sindicatura es responsable de vigilar el patrimonio municipal, es decir, todo lo que ingresa a las arcas municipales, lo que se gasta y todo lo que posee.
La persona que ocupa el cargo de síndico debe investigar y rendir informes sobre el estado que guarda la administración municipal. Sin embargo, esta figura ha causado controversia entre órganos ciudadanos por considerar que es una figura acotada y hasta ornamental.
En la historia reciente, Juárez ha tenido dos síndicos de diferente partido al que pertenece el presidente municipal.
Esto no ha sido suficiente para generar un entorno de rendición de cuentas, ya que la figura no cuenta con facultades para denunciar administrativa o penalmente a quienes resulten responsables de anomalías o delitos, planteó Alexius Rodallejas del Plan Estratégico de Juárez.
Ese es el principal problema que enfrentan quienes han sustentado el cargo de síndico, más allá del conocimiento que deberían tener para su trabajo, advirtió.
“En el argot político se le considera una ‘figura sin dientes’ porque sus hallazgos rara vez tienen consecuencias”, dice.
Antecedentes de la sindicatura
La reforma a la Ley Electoral del Estado de Chihuahua realizada por la LVIII Legislatura en 1998 dio pie a que por primera ocasión en Juárez se pusiera en juego la figura jurídica de participación ciudadana denominada síndico.
El 5 de julio de 1998 contendieron los candidatos Ramón Aguilar Álvarez por el PAN, Luis Raúl Gutiérrez Lagarda por el PRI, Héctor Ruíz Morales por el PRD, Francisco Baca Ramírez por el PT y Julián Pedroza por el PVEM.
El ganador de la elección fue Aguilar Álvarez.
Desde entonces se cuestionaba la limitante que tendría la nueva figura, tener voz pero sin voto.
No todo está perdido
Para el antropólogo social Hernán Ortiz., también director de Ciudadanos por una Mejor Administración Pública (Cimap), no todo está perdido.
La Sindicatura realiza informes públicos cada 4 meses, y pueden servir para denunciar los malos manejos de la administración.
Incluso existe un consejo ciudadano integrado por representantes de organizaciones civiles, universitarios y empresariales, señala.
«Sin embargo, denunciar y exigir una rendición de cuentas implica un costo de tiempo y recursos económicos, porque se está lejos de que la rendición se vea como un derecho. Esto, porque el nivel de impunidad en el estado es grandísimo y las irregularidades que comenten los gobiernos están dentro de este nivel de impunidad. Es el propio gobierno quien suele violar sus reglamentos”, señaló.
La fiesta de las simulaciones
Cuando el síndico y la presidencia municipal son del mismo partido, en realidad la dinámica es de simulación, señala Ortíz.
Las ocasiones en que la sindicatura y el presidente municipal han sido de partidos diferentes sí ha existido cierto nivel de exigencia. Por ejemplo, en las dos administraciones de Armando Cabada, también cuando gobernó el consejo municipal con Reyes Ferriz, la sindicatura era del PAN, recuerda Ortíz.
El hecho reciente de que el presidente municipal con licencia, Armando Cabada, se haya amparado para que la síndica de Morena no le pudiera auditar las cuentas, limita el trabajo de la sindicatura.
Aún así la ciudadanía puede denunciar y exigir una mejor administración pública, sentencia Ortíz.
En ese sentido, es obvio que hay un interés político por reducir la sindicatura a un ornamento a través de no darle facultades, advierte Rodallegas.
El paso necesario para que logre tener un verdadero contrapeso es que tras denunciar los actos de corrupción, existan consecuencias penales o administrativas derivadas de sus investigaciones, según sea el caso, agrega.
Actualmente, Leticia Ortega Máynez es la síndica del municipio de Juárez.
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