La gobernadora Maru Campos Galván dedicó la primera parte de su discurso en el Primer Informe a referirse a las dos administraciones que le antecedieron, a las que responsabilizó de la mala situación financiera en la que –dijo–recibió al Gobierno de Chihuahua.
“La historia de desfalco y displicencia no se va a repetir nunca más”, dijo enfática la mandataria, quien luego de esas palabras recibió un aplauso de la audiencia reunida en el Expo Chihuahua.
Antes de desglosar las acciones del primer año de su período, Campos Galván se hizo un recuento de las condiciones de apremio en las que se encontraban las finanzas estatales.
Aseguró que recibió el Gobierno “envuelto en un verdadero caos financiero y como el más endeudado del país”, y se empezó a poner orden financiero desde el primer día.
Recordó que al momento de iniciar el sexenio no había en las cajas dinero ni para pagar la nómina de la siguiente quincena.
“Al momento de mi toma de protesta anuncié nueve medidas financieras que hoy están cumplidas, en muchos casos incluso con mejores resultados de los esperados”, sostuvo la mandataria estatal.
Entre las medidas propuestas, consideró la eliminación de los déficits fiscales en un lapso de tres años y llegar a un presupuesto balanceado, meta que se logró en 2022, año en que por primera vez en siete años se tuvo un balance positivo.
Además, disminuyó la dependencia del crédito de corto plazo para la entidad, se redujo el pasivo circulante en más de 4 mil 400 millones de pesos (mdp), cuando en 2020 era superior a los 5 mil 500 mdp y la deuda del Estado bajó en un 24 por ciento.
Dijo que robusteció la captación de ingresos propios sin aumentar los impuestos. Sin embargo, líneas después recordó que incrementó la tasa del Impuesto Sobre Nóminas en un punto porcentual, al pasar del 3 al 4 por ciento.
En el año 22, dijo, los ingresos de libre disposición del Estado crecieron en un 23 por ciento, y en 2023 crecerán en un 20 por ciento adicional.
Aunado a lo anterior, precisó que Chihuahua se ubica entre las cinco entidades del país con más procesos de auditoría y revisión del gasto público, “es la confirmación fehaciente de que este Gobierno está comprometido profundamente con la legalidad y el respeto al dinero público”.
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