Dos décadas después de la expropiación de tierras para el desarrollo del fraccionamiento Riberas del Bravo, el Municipio de Ciudad Juárez se prepara para pagar la factura.
El Cabildo votará esta semana un acuerdo para autorizar la firma de un convenio mediante el cual se indemnizará con terrenos municipales a los propietarios del Ejido Zaragoza, cuyas tierras fueron expropiadas durante el desarrollo del complejo habitacional impulsado en el sexenio del exgobernador Patricio Martínez García.
Durante la Sesión Previa número 45 del Ayuntamiento se aprobó incorporar el asunto al orden del día de la sesión ordinaria de Cabildo del próximo miércoles.
La iniciativa faculta al presidente municipal y al secretario del Ayuntamiento para celebrar un convenio administrativo con representantes del Ejido Zaragoza, mediante el cual se establecerán los términos de la indemnización, incluyendo la compensación y, en su caso, la permuta de bienes inmuebles del patrimonio municipal.
Una vez autorizado el convenio, corresponderá a la Comisión de Enajenaciones de Terrenos Municipales dictaminar la cantidad, ubicación, superficie y valor de los predios que serán entregados para resarcir la expropiación.
El proyecto fue dictaminado favorablemente por la Comisión de Hacienda y quedó listo para ser sometido a votación del pleno del Ayuntamiento.
El coordinador de esa comisión, el regidor Alejandro Acosta Aviña, explicó que el Municipio reconoce la expropiación de tierras ejidales realizada para la ejecución de obras de infraestructura urbana vinculadas con el desarrollo de Riberas del Bravo.
Precisó que, además, los propietarios del Ejido Zaragoza mantienen un adeudo por concepto del impuesto predial, por lo que solicitaron cubrir ese crédito fiscal con parte de la indemnización que recibirán.
El edil detalló que, una vez descontado el monto correspondiente al predial, el saldo a favor de los ejidatarios será cubierto mediante la entrega de propiedades municipales.
Durante la discusión del acuerdo, el regidor panista Alejandro Jiménez Vargas cuestionó que no se informaran los montos que ambas partes reconocen como adeudos, ni la extensión o ubicación de los terrenos que formarán parte de la operación.
En respuesta, Acosta Aviña y el secretario del Ayuntamiento, Miguel Mendoza Escamilla, señalaron que esos datos serán definidos posteriormente en el dictamen que emita la Comisión de Enajenaciones, ya que en esta etapa únicamente se solicita la autorización para celebrar el convenio administrativo.
El conflicto se remonta al menos a 2021, cuando el alcalde Cruz Pérez Cuéllar reconoció públicamente la existencia del reclamo de los ejidatarios y anunció la intención de negociar una indemnización. En ese momento trascendió que los propietarios reclamaban alrededor de 14 millones de pesos por la expropiación.
Ese mismo año, los ejidatarios promovieron diversos juicios de amparo relacionados con la ocupación de aproximadamente 60 hectáreas para la construcción de vialidades como Riberas del Salado y Riberas del Bravo, dentro del fraccionamiento.
Con el convenio que será sometido a consideración del Cabildo, el Municipio busca poner fin a un conflicto que se ha prolongado por más de dos décadas, mediante una compensación con terrenos de su patrimonio y la compensación del adeudo de impuesto predial, con el objetivo de que ambas partes den por saldadas sus obligaciones.
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