Francisco Luján | 1 diciembre, 2025

Un espejo de la desigualdad

La investigadora recuerda que tras las lluvias de 2006 —cuando murieron cuatro personas, entre ellas un adolescente de 13 años— se hicieron diagnósticos muy puntuales sobre las obras que se requerían: reforzar diques, encauzar arroyos, construir presas de retención. Incluso se instaló un Consejo de Manejo Pluvial con representación de los tres niveles de Gobierno. “Ese consejo nunca volvió a sesionar. Las soluciones están planteadas desde hace años, pero nunca se ejecutaron. Lo que falta es voluntad política. Aquí la vida de la gente vale menos que una fotografía en redes sociales”, sentencia.

Con casi cuatro décadas de trabajo en la zona, Almada asegura que el poniente es un espejo incómodo: refleja las desigualdades históricas sobre las que se levantó Juárez.

“El poniente nos recuerda que la ciudad se construyó sobre la desigualdad. Aquí están las familias que pusieron su fuerza de trabajo en las maquilas, que dieron su juventud a los campos agrícolas del norte, que levantaron a Juárez con su esfuerzo. Y lo que han recibido son calles convertidas en arroyos y diques azolvados”, señala.

Los estudios técnicos avalan sus palabras. La ciudad tiene 121 arroyos naturales, de los cuales 57 atraviesan zonas urbanizadas. El Arroyo de Las Víboras, identificado por el IMIP como la pendiente más peligrosa, concentra a más de 15 mil familias en alto riesgo. A pesar de estas advertencias, las obras pluviales siguen ausentes o colapsadas.

La política de la foto

Para Almada, lo más grave no es la falta de diagnósticos, sino el uso político del desastre:

“Las propuestas de solución llevan mucho tiempo sobre los escritorios de los servidores públicos, pero solo se acuerdan cada vez que la tenemos encima. Mientras tanto, los diputados y senadores prefieren repartir despensas y tomarse fotos. Tal vez la infraestructura que se necesita no luce tanto porque no atrae votos, pero su omisión confirma la deuda con el poniente”, denuncia.

En cada temporal, las colonias reciben brigadas de funcionarios que aparecen con cámaras, despensas y cobijas. Las imágenes recorren las redes sociales, pero las casas siguen igual de vulnerables.

“Es más rentable aparecer en la televisión que evitar que una familia pierda su casa en la Fronteriza”, dice Almada.

Las cifras muestran que el abandono no solo es humano, sino también económico. Cada temporada de lluvias, la ciudad pierde millones de pesos que podrían invertirse en obras estructurales.

La JMAS gasta alrededor de 18 millones de pesos al año en limpiar drenajes azolvados, de donde extrae siete mil toneladas de basura. A eso se suman 27 millones de pesos en reparar pavimento y cinco millones más en atender hundimientos.

En los hogares, las pérdidas son devastadoras. En colonias de pobreza extrema, cada familia pierde en promedio 15 mil pesos en muebles y pertenencias cada vez que se inunda. En sectores de menor marginación, las pérdidas superan los 190 mil pesos por vivienda.

La cuenca Anapra, con más de 7 mil 500 casas, es una de las más castigadas: 14 por ciento de sus viviendas se inundan cada año. Y, aun así, las autoridades prefieren repartir apoyos de corto plazo.

“Todo esto se pudo evitar. Desde 2006 se sabía exactamente qué obras se tenían que ejecutar, pero realmente se ha avanzado poco en la infraestructura del poniente”, subraya Almada.

El poniente se encuentra literalmente entre dos aguas: la Sierra de Juárez y el río Bravo. Su topografía irregular, las pendientes pronunciadas y los arroyos interconectados convierten a esta zona en un probable lago cada temporada de lluvias.

Las lluvias de junio de 2025 lo confirmaron. En dos días, cayeron 231 litros por metro cuadrado. Los diques colapsaron, casas quedaron destruidas y una persona murió en La Chaveña. El Ejército activó el Plan DN-III y la JMAS retiró toneladas de basura acumulada durante seis años. Las presas Puerto La Paz y Pico del Águila retuvieron 190 millones de litros de agua, evitando que los daños fueran tres veces peores.

Sin embargo, las soluciones de emergencia no reemplazan la planeación urbana.

“No podemos seguir dependiendo de la suerte ni de los soldados para salvar a la gente. Necesitamos obras de fondo, no asistencialismo”, advierte Almada.

Para la investigadora, la deuda con el poniente es también una muestra de cómo los Gobiernos locales, estatales y federales han optado por mirar hacia otro lado.

“Las autoridades saben que estas son obras que no lucen, que no atraen votos. Por eso las posponen. Pero el costo lo pagan las familias, que cada temporada pierden lo que construyeron con años de trabajo. Esa es la verdadera tragedia”, afirma.

La deuda no se paga con fotos

El poniente no es solo una zona vulnerable; es un espejo del fracaso político de Juárez. Muestra cómo la desigualdad, la negligencia y la demagogia pueden combinarse para condenar a miles de familias a vivir con miedo cada vez que llueve.

La voz de Teresa Almada sintetiza lo que miles de familias han experimentado durante generaciones: el poniente no es víctima de la naturaleza, sino de la omisión política.

“El poniente es un espejo incómodo para Juárez. Nos recuerda que aquí están las vidas que se dejan arrastrar cada temporada, las casas que se pierden, los patrimonios que se van con el agua. Y también nos recuerda que las autoridades han decidido mirar hacia otro lado, porque no hay votos en un dique limpio ni en un arroyo encementado. Esa es la deuda histórica que cargamos todos”.