“Sin duda que estamos ante un mercado negro del agua (que existe) porque hay una demanda-oferta ilegal, que no está regulada. Esto es producto de una escasez socialmente construida sobre la que flotan muchos intereses económicos que la mantienen y sacan provecho de esta escasez”.
Así se expresó el investigador y académico Cuauhtémoc Osorno, sobre la explotación ilegal de pozos agrícolas utilizados para llenado clandestino de pipas en la Ciudad Juárez.
Esta actividad que se viene realizando desde hace varios años de manera creciente, representa actualmente un severo riesgo para la preservación del manto acuífero.
Lo anterior, según denuncias del director de la Junta Municipal de Agua y Saneamiento (JMAS), Sergio Nevárez, quien se dice atado de manos por tratarse de concesiones federales.
En visitas realizadas a sectores del antiguo Valle de Juárez, donde existen pozos de riego, pudo observarse un constante ir y venir de pipas; Norte Digital pudo documentar a dichas unidades llegando para ser llenadas haciendo uso de garzas instaladas presuntamente de manera hechiza.
La escasez como ventaja
Para Osorno Córdova, consultor en políticas públicas y derechos humanos del agua, aquí concurren diversos factores entre los que no se descartan actos de corrupción.
“Hay intereses para los que económicamente es mejor tener escasez que tener abundancia, porque cuando tienes escasez se genera el negocio; el negocio de extraer agua de uso agrícola para venderla, mientras gente de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) sabe o simplemente trata de ignorarlo. ¿Por qué? Porque son conflictos que a veces tienen relaciones hasta con los mismos funcionarios públicos”, manifestó.
Al destacar la incidencia de anteriores casos de corrupción en las instancias a cargo del agua en el país, no descartó, sin embargo, otros causales.
¿Las limitaciones de la Conagua?
Entre estos, la existencia de una maraña de redes “muy complejas” en las que a veces la Conagua realmente no sabe cómo actuar, según expresó.
“Esto puede ser porque hay actores políticos que tienen y ejercen poder sobre esas extracciones ilegales del agua. Si demandan que la Conagua vaya a inspeccionar y no hace nada, puede ser también porque carecen de presupuesto para poder llevar a los inspectores; y lo que hemos visto es que los actores privados se aprovechan entonces de esta incapacidad de la Conagua”, declaró.
Osorno, también es miembro de la Red Mexicana de Cuencas, y ha intervenido en estudios federales y múltiples investigaciones relacionadas con el tema del agua.
Uno de esos temas se relaciona con la creación y funcionamiento de los “Bancos de Agua”, creados en un intento de combatir el mercado negro.
Debilidades institucionales vs agua gratis
Son, no obstante, mecanismos que evidencian una debilidad institucional y legal al verse impedidas de actuar por los conflictos de interés que prevalecen.
Se trata de intereses que se valen de la escasa intervención oficial, aprovechando la condición de gratuidad que caracteriza la extracción de agua de los pozos agrícolas.
“En estos casos ellos no pagan ningún peso, ¿por qué? Porque según la Ley de Aguas Nacionales, y específicamente la Ley General de Derechos, el sector agrícola no paga ningún peso de agua. Es un negociazo para otros sectores acaparar agua agrícola pues porque literalmente es gratis”, manifestó.
Y reiteró que esto indudablemente contribuye a una posible llegada anticipada al llamado “Día Cero”, al tratarse de acuíferos calificados como de escasa recuperación. Y esta sobreexplotación no está permitiendo que se recarguen suficientemente estos acuíferos.
Se refirió también a los ejidatarios que justifican la venta de agua calificándola de una ayuda necesaria, dado el olvido en que está el campo.
“Es algo de mera subsistencia humana, agricultores que tal vez no pueden producir en sus campos y la única fuente (de ingresos) es vender agua; es un dilema ético independientemente si hay ilegalidad, si esas personas no tienen forma de generar ingresos lícitamente usando el agua para agricultura”, declaró.
Replantear la legalidad
Esto obligaría –dijo– a replantear las cuestiones de legalidad o ilegalidad, por tratarse de ejidatarios que utilizan el agua no para un lucro “perverso” sino por subsistencia.
Y destacó que, en todo caso, quien debería estar participando es la Conagua para poner orden en estos usos del agua.
“Es algo que no está haciendo, al parecer no le interesa, no obstante que Chihuahua es uno de los estados con más sobreexplotación de las aguas subterráneas. Desafortunadamente la Conagua opera sobre denuncias concretas, y ese es un problema general que también tenemos que contextualizar”, acotó.
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