Durante septiembre y octubre del pasado 2023, tres denuncias ciudadanas fueron presentadas ante la Fiscalía Anticorrupción del Estado en contra de Cruz Pérez Cuéllar, presidente municipal de Juárez, en las que se le señala por los delitos de cohecho, peculado y enriquecimiento ilícito.
En las denuncias se acusa al alcalde de la compra, con sobreprecio, de 250 mil kits escolares y 43 mil 103 pruebas de detección de Covid-19, así como el desvío de recursos del gasto corriente utilizados en obras del Presupuesto Participativo. En suma, los desvíos de recursos de los que se acusa al alcalde de Juárez ascenderían a más de 180 millones de pesos.
Luego de estas denuncias ciudadanas, un grupo de militantes, diputados y regidores del PAN, promovieron nuevas acusaciones contra Pérez Cuéllar, esta vez por la supuesta comisión de faltas administrativas graves y uso ilegal de atribuciones y facultades.
Una lujosa casa ubicada en El Campestre, donde reside actualmente el alcalde, que en algún momento se ofertó por una inmobiliaria en 26 millones de pesos, y que aparece como propiedad de un exfuncionario municipal con Armando Cabada y también con Pérez Cuéllar, de nombre Daniel Pando Morales, ahora presunto casero del presidente municipal, y la celebración de contratos con una supuesta empresa fachada relacionada con otro exfuncionario, son la materia de las denuncias panistas.
El millonario escándalo tiene como escenario el proceso interno de Morena, partido por el que Pérez Cuéllar busca la candidatura por la reelección, para quedarse tres años más en la presidencia municipal de Juárez.
Bajo estas circunstancias, los conflictos políticos no son ajenos a las aspiraciones del alcalde, que ahora tiene que lidiar también con una avalancha de denuncias formales, las que ponen en tela de juicio su elegibilidad para un próximo periodo en la alcaldía.
La probanza de alguno de estos señalamientos por la Fiscalía Anticorrupción podría convertirse en la “cruz” de la tumba política del alcalde, y también podría costarle la cárcel.
LAS PRUEBAS COVID
Una de las acusaciones formales se desprende de la adquisición de 43 mil 103 pruebas rápidas para la detección de Covid-19.
Este contrato se otorgó mediante un procedimiento de licitación pública en el que participaron cinco empresas. Las autoridades municipales fallaron a favor de RL Solutions Management S.A de C.V. pese a que ofreció el precio más alto. Las otras empresas participantes fueron descalificadas bajo el argumento de no acogerse a las reglas del concurso.
Los demandantes acusan que el alcalde desvió 15 millones de pesos de una clave presupuestal que el Ayuntamiento autorizó para un programa de alimentación de la Dirección General de Centros Comunitarios, para la adquisición de las pruebas de Covid.
Además, consideran que la contratación de las pruebas, el 9 de mayo de 2022, llegó tarde, porque la gran mayoría de los juarenses ya se había vacunado, además de que la cantidad y el precio fueron exagerados.
La denuncia presume que el producto se pagó con un sobreprecio que oscilaría entre los 4 y 12 millones de pesos. Sin embargo, a decir de los denunciantes, el daño patrimonial podría ser mayor, porque finalmente cerca de 37 mil pruebas caducaron.
SOBREPRECIO EN LA COMPRA DE KITS ESCOLARES
Pero, lo que parece ser el caso más escandaloso, está relacionado con la adquisición de 250 mil mochilas con útiles escolares, adquiridos durante 2022 y 2023 y por los que el Municipio pagó 122.3 millones de pesos.
Los kits escolares se entregaron selectivamente a estudiantes de preescolar, primaria, secundaria y preparatoria.
La denuncia, empujada por los ciudadanos, presume que en la compra de los paquetes escolares se pagó un sobreprecio por 54.8 millones de pesos.
DESVIARON 115 MDP PARA EL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO
Otro presunto quebranto, que se desprende de una tercera denuncia, está relacionada con los recursos del Presupuesto Participativo, donde se presume que hubo un desvío de recursos, ya que indebidamente fondearon el programa con gasto corriente, cuando tenían que hacerlo con recursos procedentes de participaciones federales.
En esta tercera denuncia se indica que fueron utilizados 115 millones de pesos del gasto corriente del Municipio en la realización de trabajos del Presupuesto Participativo que debieron ser cubiertos con fondos federales, denunciaron los quejosos.
EL ESCÁNDALO DE LA CASA DEL CAMPESTRE
Una de las denuncias interpuestas por miembros del Partido Acción Nacional (PAN), implica una residencia ubicada en el exclusivo fracccionamiento Campestre, a la que recientemente se mudó el alcalde y que es propiedad de Daniel Pando, un exfuncionario municipal durante los mandatos de Armando Cabada Alvídrez y de Cruz Pérez Cuéllar.
Fueron la diputada federal Daniela Álvarez Hernández y los diputados locales, también panistas, Marisela Terrazas Muñoz y Gabriel García Cantú, quienes formularon una demanda en contra del edil, la cual ya es investigada por la Auditoría Superior del Estado, la Fiscalía Anticorrupción del Estado, y la Secretaría de la Función Pública.
Acusan al alcalde de no poder demostrar los suficientes ingresos para pagar la renta de la residencia donde vive, que, por el valor de la propiedad (26 millones de pesos), sería cercana a los 100 mil pesos mensuales.
La acusación alcanza de refilón a Pando Morales, quien estando al frente de la Dirección de Regulación Comercial, adquirió una propiedad millonaria, cuando en su declaración patrimonial declaró ingresos brutos por 50 mil 358 pesos mensuales.
En síntesis, la denuncia exige una investigación para esclarecer el origen de los recursos de ambos funcionarios, ya que ninguno ha demostrado contar con los ingresos suficientes, ni para rentar, ni para comprar la lujosa residencia en cuestión.
EL “FABULOSOGATE”
El “Fabulosogate”, impulsado también por los panistas, es el expediente que contiene la denuncia por el presunto delito de uso ilegal de atribuciones y facultades que, entre otros funcionarios de primer nivel, involucra al entonces director de Promoción Financiera.
En esta refieren que el Municipio erogó 6.5 millones para la compra de productos de limpieza a la empresa Malotti S. de R.L. de C.V., a la que acusaron de ser una empresa fachada de otra empresa del exdirector municipal en la administración de Pérez Cuellar.
LA CASA DE CAMBIO DE EL CHAMIZAL
Recientemente, otro evento ha hecho mella en la opinión pública: la construcción irregular de una casa de cambio en pleno parque El Chamizal.
Este negocio se localiza en la esquina de un estacionamiento público municipal administrado por la Operadora Municipal de Estacionamientos de Juárez (OMEJ).
La casa cambiaria forma parte de la cadena ‘Dollar 2 Go’, fundada en Ciudad Juárez en 2019 con el nombre Centro Cambiario Fronteras Unidas S.A. de C.V.
Fue tanto el revuelo y la inconformidad que generó, que el propio presidente municipal tuvo que intervenir –sin éxito hasta el momento– para apagar el fuego.
