Luis Carlos Ortega | 15 agosto, 2022

Una denuncia que involucra presuntos actos de corrupción de al menos dos jueces civiles, además de actuarios y abogados participantes en tres diferentes juicios de “prescripción positiva” en 2018, fue presentada recientemente por una persona que, en representación de otros familiares afectados, se dijo despojada de millonarios bienes inmuebles por efecto de esta maniobra.

La denuncia, presentada el pasado 18 de mayo en la Unidad Especializada en la Investigación de Delitos Contra el Servicio Público y el Adecuado Desarrollo de la Justicia, quedó ratificada como único caso con el número de expediente 37-2022-0015420.

A través de su abogado, Jesús Alberto Velázquez Rascón, la demandante, cuyo nombre queda en reserva por temor a represalias, señala expresamente tres diferentes juicios que fueron resueltos de manera sospechosamente irregular en contra del albacea de los bienes, una persona fallecida seis años antes, a la que sin embargo juzgaron como persona viva.

De acuerdo al abogado Velázquez Rascón, especialista en Derecho Constitucional y Amparo, existen gran cantidad de elementos que revelan posible complicidad de los entonces jueces Quinto y Sexto de lo Civil, José Antonio Hernández Delgado y Alessio Arrayales Duarte, así como del personal adscrito a dichos juzgados que intervinieron en los tres casos.

Esto además de la sospecha planteada por el abogado Velázquez Rascón, de una intervención directa de abogados del despacho Fernández, Espino y Asociados, de la cual, según afirmación del jurista, es socio el actual senador Rafael Espino de la Peña, y quien, a decir del abogado, podría verse involucrado en un conflicto de intereses en lo que respecta a uno de las propiedades en disputa.

Se trata de un terreno de 42 mil 791.83 metros cuadrados ubicado en el ejido Senecú, bajo el cual pasa un gasoducto de Pemex, instancia que, mediante un contrato de ocupación superficial temporal signado en 1996 y considerado por el abogado Velázquez como “leonino”, acordó con el entonces propietario un único pago de 150 mil pesos.

De acuerdo al abogado, 26 años después este contrato podría ser renegociado ventajosamente para el actual propietario con la intervención del senador Espino de la Peña, quien en 2018 fungía como consejero externo de Pemex.

Este sería el motivo por el que, según Velázquez Rascón, el despacho Fernández, Espino y Asociados habría tomado el caso para asesorar a quien promovió los juicios de prescripción positiva en contra de los legítimos herederos.

“Hay una participación clara, una estrategia definida tanto para apropiarse de los bienes como para lograr algún fin comercial con ese terreno en específico, que le permita a ese despacho las utilidades que seguramente esperan de sus gestiones a través de los buenos oficios del exconsejero de Pemex”, comentó.

Cuestionado al respecto, el senador Espino de la Peña negó enfáticamente cualquier relación con el caso, exponiendo que en lo referente al despacho del cual fue asociado y del que hoy afirma estar desvinculado por sus compromisos en el Congreso, tiene un nombre y un prestigio que data de 30 años atrás.

“Nunca me he metido en ningún asunto de esa naturaleza, desconozco de lo que me estás hablando y yo, en todo caso, evitaría por el tema del conflicto de intereses, de haberlo sabido lo habría evitado en su tiempo. No conozco a las partes, no conozco el tema, y yo siempre he litigado exclusivamente en materia fiscal y en materia administrativa”, manifestó.