Investigación
Ahoga rezago al sistema de justicia en Juárez
Con la pandemia los procesos se estancaron, se difirieron; la justicia se volvió más lenta, los casos de 2019 y 2020 se atienden junto con los de 2021
PIMERA PARTE
Javier Arroyo
Azucena no conoce de aforismos o máximas jurídicas, como aquella que dice que “la justicia retrasada es justicia denegada”, pero ya experimentó el rezago que en la investigación del delito y en el desarrollo de los juicios penales, acrecentó la pandemia de Covid-19 en Ciudad Juárez.
El 17 de julio de 2020, cuando la cadena de contagios lo paralizó todo, ella presentó una denuncia por el abuso sexual cometido contra una de sus sobrinas, a manos de otro integrante de la familia. Hoy, un año y cuatro meses después, aún espera la fecha de inicio del juicio.
“Yo venía y me decían: es que ahorita no se puede por lo de la pandemia. Ahorita no se están haciendo los juicios. Y sí me cansé, la verdad, por eso. Simplemente no estaban las licenciadas de acá de la Fiscalía, que no trabajaron por lo de la pandemia. Desde entonces he estado viniendo una o dos veces al mes”, dice Azucena en las afueras de la Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género y de la Familia (FEM).
Hasta ahí llegó hoy, acompañada de su sobrina, la víctima menor de edad. El presunto victimario está detenido desde abril de este año, pero Azucena desea terminar ya el proceso, para que se le enjuicie y se le sentencie. Quiere recuperar de una vez la vida que antes tenían.
“A pesar de la tardanza, aquí nos han ayudado y tienen las pruebas necesarias. Yo espero que se haga justicia, que pague por el delito que él cometió“, dice la joven mujer. Este día de nuevo tuvo que pedir permiso en su trabajo para acudir a la FEM, desde donde les avisaron que podían presentarse para preparar el juicio.
Ya hubo audiencias previas en la Ciudad Judicial, la sede de los juzgados del Sistema Penal Acusatorio. El imputado pedía todavía más tiempo, pero la jueza del caso advirtió que no se podía, precisamente por eso, porque el hombre ya lleva, en la etapa intermedia, varios meses detenido.
“Sí se demora mucho, es muy tardado. Yo quisiera que fuera un poquito más rápido porque es incómodo para uno estar viniendo y estar recordando los hechos, lo que pasó, lo que ocurrió. Más que nada poner a mi familia en esta situación tan difícil”, lamenta Azucena.
Quisiera que todo fuera rápido. Para ella y para su sobrina es muy doloroso seguir recordando, sobre todo si el enjuiciamiento para el responsable sigue pendiente.
Cayeron los juicios orales durante la pandemia
Muchas víctimas han tenido que esperar para que las causas penales avancen y se abran los juicios orales en aquellos casos en los que no hubo procedimiento abreviado, salida alterna o sobreseimiento. Aunque en materia penal el sistema nunca dejó de operar, el número de juicios cayó considerablemente durante la pandemia.
De 266 juicios orales que se abrieron en 2019, para 2020 la cifra bajó a 172, considerando exclusivamente el Distrito Judicial Bravos, en el que se incluye el municipio de Juárez. La reducción fue de un 35.33 por ciento.
De acuerdo con el reporte estadístico que publica el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Chihuahua, para 2021, el acumulado hasta octubre ya registra una tendencia de regularización, con 265 juicios orales.
Pero como nuevos y viejos procesos se empalman, justo cuando se presentan delitos al alza, como los casos de narcomenudeo, la violencia familiar y las agresiones sexuales (el encierro por la pandemia incidió en el comportamiento ascendente), el esquema de investigación y de procuración de justicia resulta insuficiente.
“Los procesos se estancaron, se postergaron, algunas audiencias se difirieron y pues eso está haciendo la justicia lenta. Y una justicia lenta, una justicia retardada, es una justicia negada para el justiciable, es decir, tanto para víctima, como para el imputado”, señala José Armando Alonso, presidente de la Barra y Colegio de Abogados de Ciudad Juárez.
“Lo que quiere el justiciable es que se resuelvan lo más rápido posible sus procesos, y esos procesos sufrieron una gran afectación por la paralización o el diferimiento de las fechas de las audiencias que ya estaban programadas y que se suspendieron”, agrega el litigante en materia penal.
Hay procesos pendientes que ya tienen tres años
Alonso señala que la etapa más crítica pasó, porque finalmente se ha reactivado el trabajo en la Ciudad Judicial, la sede de los juzgados para el Sistema Penal Acusatorio, pero sí hay procesos pendientes de resolver.
“Eran muy variables los tiempos antes de la contingencia. Generalmente se resolvían los asuntos en un año, o dos años; hoy no, hay procesos que llevan hasta tres años, que están pendientes, es una consecuencia del retardo en los procesos, por motivo de la pandemia”, indica el representante de los abogados colegiados.
Para el juez de enjuiciamiento en materia penal, Jorge Gutiérrez Ortiz, los tiempos procesales no se han alargado propiamente, pero sí se ha pospuesto la celebración de audiencias de juicios, o aperturas a juicios orales, a partir de la emergencia por Covid-19.
“Se ha pospuesto nada más, pero pues el límite es la duración de una medida cautelar privativa de la libertad, que son los asuntos que hemos puesto atención. Hay otros asuntos en que no están detenidas las personas acusadas y no tiene caso traer a esas personas, a esos imputados y ponerlos en riesgo. Por eso le hemos dado mayor prioridad a casos donde hay personas detenidas”, explica.
El juzgador señala que se aplicó ese criterio, pero siempre cuidando no excederse del plazo de la prisión preventiva (que nunca puede ser mayor a 24 meses), para no afectar los derechos humanos de los justiciables, cualquiera de las dos partes en el proceso.
“Hay un plazo de hasta 60 días para agendar un juicio. De 20 a 60 días, así se agendan. Pero obviamente si está de por medio algún otro asunto donde la prisión preventiva va a vencer pronto, en un mes, lo agendamos en los 20 días o de forma inmediata, para que no se venza la prisión preventiva, o con 7 días de anticipación, pues el acusado debe de estar notificado al menos con esos 7 días. Es donde damos prioridad a esos asuntos”, agrega.
Menos juicios, pero más delitos
Aunque desde mediados de febrero de este año, en los juzgados se incrementó el trabajo de manera presencial, se programaron más audiencias y se activó más personal en la Ciudad Judicial, otro factor ha complicado la operación del sistema: el aumento en la incidencia de delitos, como los son lo de carácter sexual y la violencia familiar.
De acuerdo con el último reporte de incidencia delictiva de Ciudad Juárez, elaborado por el Fideicomiso para la Competitividad y Seguridad Ciudadana (Ficosec), hasta el mes de octubre de este año se han acumulado 6 mil 044 casos de violencia familiar, 8 de violencia de género, 577 de violación (simple y equiparada), 571 de abuso sexual, 54 de hostigamiento sexual y 175 de otros delitos que atentan contra la libertad y la seguridad sexual.
“Está rebasado totalmente el sistema. De hecho, hay ciertos jueces que nada más ven de delitos sexuales, porque ya los van a ver con perspectiva de género. Nada más ciertos jueces están capacitados con esta perspectiva, que son entre 5 a 10, y ellos son los únicos que pueden llevar las audiencias”, señala Patricia Solís, coordinadora legal de Casa Amiga, la organización pionera en Juárez para la atención de la violencia contra las mujeres.
La abogada explica que los jueces especializados no siguen nada más las audiencias de los juicios orales, deben atender audiencias iniciales, de formulación de imputación, de vinculación, de situaciones extraordinarias como son prórrogas del proceso, el cierre de la investigación, además de fijar las medidas precautorias.
“Esto se está haciendo cada vez más, porque tienen que aumentar el tiempo de la medida cautelar, porque ya está por fenecer esa medida cautelar. Entonces entre audiencias de procedimiento abreviado, formulación, prórroga, todo esto pues nomás para diez jueces es obvio que están pero bien rebasados”, agrega.
Ni víctimas ni imputados reciben justicia
Del aumento en la incidencia delictiva que impacta a las mujeres, habla el registro de atenciones en Casa Amiga. En sus programas permanentes tuvieron a 100 mujeres el 2020, mientras que este año atienden al doble.
La organización mantiene hoy 27 causas penales abiertas o casos activos que representan ante el sistema de justicia. De ellos, 20 son casos de delitos sexuales y 7 de violencia familiar.
Patricia Solís detalla que actualmente, ya reactivado en general el trabajo presencial en todo el Poder Judicial, se están llevando juicios orales que no se atendieron en el 2020, por causas penales que vienen del 2019. En los hechos, se están juntando los procesos del 2019-2020 con los del 2021.
“Estamos hablando –dice Solís– de que ya tienen dos años detenidos los procesos que ya deberían de tener una sentencia, sin embargo no la pudieron obtener porque en juicios orales se tienen que presentar testigos, peritos y los jueces los tienen que tener de frente para declarar, para que ellos por medio de su percepción sepan si están hablando de la situación que está pasando, si tienen conocimiento, si han sido aleccionados, o están siendo preparados para las audiencias”.
Aclara que los tiempos procesales se suspendieron ante la emergencia, por lo cual no se contabilizaron los días para los plazos legales en los juzgados.
“Ni la víctima tenía sentencia adecuada para ella –agrega la abogada de Casa Amiga– ni el imputado tenía su debido proceso, aunque no fue violación a su derecho por la emergencia. Si ahorita se llegara a dar sentencia de dos años y ya lleva eso detenido, pues se tiene que contar ese tiempo. El tiempo que duró detenido y no se contabilizó para su perjuicio, se le va a contabilizar para su beneficio”.
María no ha conseguido nada en tres años
Otro delito del que son víctimas las mujeres es el incumplimiento de la pensión alimenticia, con un registro de 128 denuncias en lo que va 2021, según el último reporte de la Red Mesa de Mujeres. Todos se suman a los casos que se siguen acumulando y que terminan retardando la impartición de justicia.
Eso es lo que anhela María: justicia. Pero lleva tres años en esa búsqueda y no ha obtenido nada, desde que presentó su demanda por incumplimiento de pensión alimenticia contra el padre de sus tres hijas.
“Se suspendieron audiencias por la pandemia, se paró todo el trámite, me dijeron que iban a avisar y fueron como ocho meses para que volvieran a llamar. Yo tuve que marcar porque ya se me hacía mucho. Y fuimos el 30 de agosto, que se supone que él iba a pagar la deuda y no se presentó”, dice la mujer a la que se le ha ido el tiempo entre visitas a la FEM y a la Ciudad Judicial.
El padre de sus hijas no ha cumplido con la pensión desde hace diez años. Aunque se le rebajó parte del adeudo para que pudiera liquidar y se comprometió a hacerlo ante el juez en la Ciudad Judicial, simplemente no cumplió.
“Que pague él esa deuda que tiene, porque la verdad no se me hace justo, porque ya son muchos años y tres años también batallando. No se me hace justo que él está muy campante y diga fresco que no, que él no va a pagar. Sí pido la verdad, justicia, más que nada”, dice María, quien, a sus 40 años, es el único pilar de su familia.
Y por eso está preocupada, porque ya no puede pedir tantos permisos en su trabajo, donde le descuentan parte de su salario por cada ocasión que sale para darle seguimiento al caso.
“He dado muchas vueltas y no he visto hasta ahora, que resuelvan algo. Y en el trabajo pues no me pueden estar dando permiso a cada rato. Está en riesgo mi trabajo y es de lo que uno vive. Hasta ahora no he obtenido nada y ya son tres años”, señala frustrada.
Hoy espera a que la llamen para otra audiencia ante el juez. Eso le dijeron en la Fiscalía Especializada. Anhela que ahora sí sea la definitiva y el hombre finalmente cumpla. Y si no, pues que pague con cárcel. Para María, él simplemente se ha burlado de todos y eso no puede llamarse justicia.
El llamado es a denunciar, aunque los procesos tarden
La coordinadora legal de Casa Amiga, Patricia Solís, también espera que las postergaciones en los procesos y la falta de personal no desanimen a las víctimas a denunciar y buscar justicia.
“Lo más importante es denunciar. A lo mejor ahorita no está tan pronta y expedita la justicia, pero sí hay. Aquí estamos sacando de dos a tres sentencias condenatorias por semana, en contra de agresores sexuales o que ejercen la violencia familiar”, señala Solís.
Quiere que todas sepan que existen espacios como Casa Amiga o Red de Mujeres, donde se les puede apoyar y dar acompañamiento legal.
“No les garantizamos tiempos por todo este rezago que hay, sin embargo, sí hay procesos”, asegura la abogada.
Desbordada violencia contra mujeres y narcomenudeo
El estudio “Situación actual y propuestas en materia de prevención, seguridad y justicia”, elaborado por el Fideicomiso para la Competitividad y Seguridad Ciudadana (Ficosec), destaca tres indicadores que, aunque son de carácter estatal, muestran la urgencia de revisar plantillas y presupuestos para atender la violencia de género en Ciudad Juárez, donde se sigue registrando el mayor número de delitos.
Respecto al delito de trata, 181 mujeres chihuahuenses denunciaron ser víctimas desde el 2015 hasta junio de 2021. La entidad se ha colocado en el top 7 con más víctimas en el país desde el 2015. En tasas por cada 10 mil, Chihuahua ha ocupado el primer puesto desde el 2017 hasta el 2020.
En relación al feminicidio, de 2017 a julio de 2021, se registraron 140 víctimas a nivel estatal. Chihuahua se coloca en el top 10 nacional desde el 2018 hasta la fecha. En tasas por cada 10 mil mujeres, ha ocupado el primer lugar desde el 2018 y hasta el 2020.
En cuanto a homicidios dolosos de mujeres, desde el 2015 hasta junio del 2021, el estado registra mil 847 mujeres víctimas de homicidio. En promedio, al año el 5 por ciento de las víctimas mujeres de homicidio de todo el país fueron registradas en Chihuahua. En tasas por cada 10 mil, la entidad ha ocupado el primer lugar desde el 2015 hasta el 2020.
La investigación de Ficosec presentada el mes de octubre, destaca también que la Fiscalía Zona Norte recibió 7 mil 142 personas consignadas por delitos contra la salud durante el 2020, la mayoría por posesión simple de sustancias ilícitas.
La organización encontró que en materia de narcomenudeo hay un rezago acumulado desde 2017, de 11 mil carpetas de investigación. Cada agente del Ministerio Público tiene asignada más de 500 carpetas.
Además, Servicios Periciales de la Fiscalía General del Estado Zona Norte, cuenta con más de 10 mil solicitudes de dictamen pericial pendientes desde el 2017, por falta de personal y equipo. De las 6 mil 354 carpetas iniciadas en 2020, el 53 por ciento no fueron judicializadas por diversos motivos, entre ellos la falta de dictamen pericial.
Faltan juzgadores en el sistema penal en Juárez
A la problemática generada por la emergencia sanitaria y la incidencia delictiva que no se detuvo con la pandemia, se le sumó también el déficit de juzgadores para el Distrito Judicial Bravos, una falla estructural en el Tribunal Superior de Justicia del Estado que en general se replica para los distintos operadores del sistema.
“Son muchos autos de apertura a juicio oral que hay que programar, pero somos pocos a comparación de Chihuahua, somos menos jueces de enjuiciamiento”, resume el juez de Juicio Oral, Jorge Gutiérrez.
De acuerdo con los registros del Tribunal Superior, para el Sistema Penal Acusatorio en el Distrito Bravos se cuenta con 37 jueces de primera y segunda instancia, mientras que el Distrito Morelos, en la capital del estado, tiene 42 jueces.
Sin embargo, en Juárez la cantidad de causas penales que deben atenderse frente a las denuncias y la comisión de delitos, es superior en más de tres veces a la de Chihuahua. Según el reporte de 2021, con corte a octubre, el número de causas penales abiertas en el Distrito Bravos es de 9 mil 259, mientras que en Morelos es de 2 mil 948.
El número de audiencias celebradas este año, para atender esas causas penales, es casi el doble en Juárez (con 24 mil 188) en relación con Chihuahua (con 13 mil 619), aunque en la frontera haya menos jueces y en general menos personal operador del sistema.
Fue precisamente ante la situación que se complicó por el rezago acumulado y la creciente apertura de causas penales este 2021, que el Tribunal Superior envió, desde la capital del estado y como medida emergente, a 4 jueces penales, 12 secretarios y 9 escribientes.
Previamente ya se había presentado una problemática similar de rezago en la apertura de juicios. Entonces se conformó aquí un equipo de 10 jueces dedicados exclusivamente a juicio oral, para sacar 100 juicios extemporáneos, en un periodo de tres meses, de marzo a mayo de 2021. Luego los juzgadores regresaron a sus equipos de origen, en los cuales trabajan con una división establecida por el tipo de delitos que atienden.
“Siempre hemos tenido aquí más trabajo y menos personal. Y a pesar de ello, la situación del Covid no vino a detener la impartición de la justicia. Tuvimos que generar las formas para lograr llevar el enjuiciamiento o las audiencias previas al juicio. Porque déjeme decirle que en Juicio Oral sí se llevan las audiencias de manera presencial y en Juzgados de Control se pueden llevar por videollamada”, señala el juez materia Penal, Jorge Gutiérrez.
Otro dato sobre la estructura del Tribunal Superior, muestra con claridad la disparidad en la forma en que se distribuye el recurso humano para la impartición de justicia: mientras que en Distrito Morelos hay 18 magistrados (incluyendo la Presidencia), para el Distrito Bravos hay apenas 8, en general para los distintos tipos de Salas (Penal, Civil y Familiar).
En materia penal, Juárez tiene 5 Salas, contra 7 Salas en Chihuahua, aunque la incidencia delictiva y el registro de causas penales generen una mayor carga laboral para esta frontera, particularmente por el alto número de casos de narcomenudeo y de violencia familiar que aquí se registran.
Demasiada carga para agentes del Ministerio Público
El estudio de Ficosec muestra las cargas de los agentes del Ministerio Público y la magnitud del rezago en las carpetas de investigación del delito.
Respecto a la violencia familiar, las carpetas por cada agente llegan a 4 mil 500, con un rezago acumulado de 40 mil 600 carpetas.
En el caso del narcomenudeo, las carpetas por agente del MP son 566, con un rezago de 12 mil casos.
En cuanto al delito de homicidio, las carpetas por Ministerio Público alcanzan 581, mientras que el rezago acumulado llega a 20 mil 307.
La falta de personal, particularmente en Ciudad Juárez, es tema que la Fiscalía General del Estado (FGE) tiene en su agenda, de acuerdo a lo que el fiscal general, Roberto Javier Fierro Duarte, declaró en su más reciente visita a la frontera, después de que se conoció el análisis de Ficosec.
Fierro aseguró que, en el ejercicio presupuestal de 2022, se considerarán recursos para realizar varias academias que permitan incrementar el estado de fuerza, ya que aseguró que al menos se requiere duplicar el número de mil 380 agentes investigadores con los que cuenta la Fiscalía para todo el estado.
La FGE informó que, ante los índices de impunidad y el déficit de agentes encontrados a la llegada de la nueva Administración en septiembre de este año, se trabaja en una reingeniería en todas las áreas de la dependencia.
Hay aquí demanda de servicio que no se atiende
Distintos usuarios del Sistema de Justicia Penal Acusatorio coinciden en que en el día a día es clara la falta de personal para atender la necesidad de una ciudad fronteriza como Juárez.
“Para mí es evidente el problema de la capacidad de respuesta que tanto el agente del Ministerio Público como los tribunales tienen para atender la enorme demanda que hay, porque hay problemas de atención a la demanda de servicio”, dice el abogado y catedrático especialista en derechos humanos, Oscar Altamirano Piña.
Considera que la pandemia evidenció de manera clara un problema de inversión y presupuestos, lo que está vinculado a la falta de personal y equipo.
“En el ámbito de lo penal –indica el litigante y académico– está el problema de atender audiencias que podrían ser más en cantidad si hubiera más personal y hubiera más equipo. Así habría claramente una mayor posibilidad de atender a la demanda, que es bastante”.
Altamirano destaca que, aunque ya no se tiene el nivel de rezago y acumulación de casos que se generó a principios de este año por todas las restricciones del 2020, la situación sigue incidiendo en el ejercicio de un derecho, que es el acceso a los tribunales.
“Si tenemos rezago es porque no han nombrado suficiente número de jueces, y si no han nombrado suficiente número de jueces es porque no tienen inversión; si no tienen inversión es porque el Congreso no la ha generado, y si no la ha generado es porque tiene algún tipo de controversia con el Poder Judicial. Es decir, la política en el fondo define la justicia. No debería, pero así como está nuestro estado, así se define”, expone.
El abogado señala también que el agente del Ministerio Público está sufriendo por la enorme cantidad de casos que maneja, que luego se convierten en rezago porque no tiene capacidad material para investigar todas las carpetas que se le asignan y evidentemente se acumulan.
Reclaman abogados trato desigual entre Juárez y Chihuahua
Para el presidente de la Barra y Colegio de Abogados, José Armado Alonso, es irrefutable que en el Distrito Judicial Bravos, donde se incluye al municipio de Juárez, se tienen más procesos y menos personal que ejerce la función pública para atender esos procesos.
“Siempre lo hemos reclamado, que aquí se desempeña mucho mejor trabajo y más trabajo en este Distrito que en la ciudad de Chihuahua, donde cuentan con más personal y menos trabajo. Allá les dan prioridad a todas las instituciones y acá nos dejan un poquito más desprotegidos” detalla.
Allá –agrega el abogado penalista– uno entra a un juzgado y se ve inmediatamente que está lleno, con más personal, cuando aquí son más austeros, con menos personal, pero con más procesos.
Mardia Astorga García, también abogada penalista e integrante del colectivo Abogados Postulantes Independientes, asegura que pese al rezago que se acentuó con la pandemia, nada han hecho los poderes estatales para que se asigne el personal suficiente, tanto por el lado de los agentes del Ministerio Público, como de los jueces y los encargados de sala.
Dice que mientras las problemáticas sociales y delictivas crecen, los presupuestos disminuyen y la impartición de justicia se hace cada vez más lenta.
“Yo me atrevo a asegurar que no es ni justicia, ni es pronta ni expedita. En materia penal está totalmente reprobado el sistema judicial en el estado de Chihuahua. El pretexto ha sido la pandemia, y a raíz de eso pues la situación se agudiza porque se retardan los juicios, las audiencias. Tarda demasiado tiempo para que el imputado y la víctima, tengan justicia”, argumenta la litigante.
Amparos que también retrasan los procesos
La abogada Astorga destaca que ante las irregularidades y las violaciones en las que incurren los propios juzgadores, la salida que queda a los abogados defensores es dejar la esfera estatal y acudir a los tribunales federales en busca del amparo.
“Las violaciones son constantes y nos topamos con un inmenso periodo de tiempo para que se les dé solución a las causas penales”, sintetiza.
Explica que cuando se acude al juicio de amparo ante la acción o la inacción de los jueces locales, se suspende el procedimiento y todo se retrasa, lo que no debería de ocurrir si hubiera más jueces y si los jueces que hay, estuvieran mejor capacitados.
“Demandamos del Tribunal gente ecuánime, sana emocionalmente, mentalmente. Una persona culta en todos los sentidos, que sepa que debe tratar con dignidad hasta a la defensa, al asesor de la víctima, a la víctima”, señala.
“En muchos de los casos es una vergüenza y lo decimos sin temor y sin recato. Sí es una vergüenza que en Chihuahua se den casos de discriminación y tráfico de influencias, de influyentismo, de corrupción. Casos que han sido planteados mediante quejas y visitas en audiencia a los propios magistrados encargados en Ciudad Juárez”, agrega.
Revira el juzgador: abogados pueden evitar alargamiento
Desde la visión del juzgador, los abogados, tanto públicos como privados, así como los agentes del Ministerio Público, pueden poner más de su parte para que la impartición de justicia sea expedita.
El juez Jorge Gutiérrez sugiere que las partes eviten tanta solicitud de diferimiento de las audiencias dentro de las distintas etapas procesales.
“Llegada la fecha de la audiencia de juicio, constituidos en audiencia, solicitan que se difiera; una de las razones es porque el abogado tiene otros juicios, otras audiencias, tiene otras ocupaciones distintas al Juicio Oral que se inicia y esto nos detiene y tenemos que señalar fechas nuevas; o porque hay nuevo defensor y ese nuevo defensor debe de conocer y de imponerse de la carpeta de investigación y de los archivos o documentos o videograbaciones que hasta ese momento de hallan llevado a cabo”, explica el juez penal.
Destaca que, si bien es un derecho el nombrar o cambiar defensor en cualquier momento, es el diferimiento lo que va alargando la celebración del juicio.
El juzgador también señala el recurso de los amparos como un factor que incide en los tiempos procesales.
“Muchos de los asuntos se alargan porque hay amparos interpuestos. No se puede brincar una etapa, por ejemplo, la etapa intermedia a juicio, si hay un amparo interpuesto. Los amparos, pues son interpuestos por el mismo imputado en su derecho de agraviarse en contra del auto de vinculación a proceso, y no se puede avanzar porque obviamente están en trámite los amparos“, expresa.
Por eso nos hemos detenido –agrega Gutiérrez– aunado a los efectos de la pandemia.
Es común que falle presentación de testigos principales
El juez Gutiérrez también señala que lo que detiene la impartición de justicia es la falta de presentación oportuna de los testigos por parte del Ministerio Público.
“Por parte del MP que tengan la prueba disponible, porque también hay muchas peticiones de diferimiento porque no encuentran a los testigos o porque no están disponibles. Hay una disposición legal, que dice que el juez deberá de verificar que estén disponibles los testigos y cada una de las partes procesales. Si no están disponibles, deberán de señalar nueva fecha para la celebración de juicio”, detalla Gutiérrez.
Dice que el motivo por el cual no hay testigos disponibles, en muchas ocasiones es porque están fuera, dejaron la ciudad, cambiaron de teléfono o cambiaron de domicilio.
En ocasiones se trata de personas que estaban de paso o residían temporalmente en la ciudad y en otros casos no se les localiza porque las propias víctimas o testigos tienen miedo a los victimarios y prefieren esconderse, literalmente.
“Muchos de esos asuntos se terminan difiriendo tanto para que el defensor como el MP, localicen a sus testigos. Y muchos de esos asuntos terminan en absolución, precisamente porque no presentaron a los testigos principales”, concluye el juzgador.
De acuerdo con el registro estadístico del Tribunal Superior de Justicia del Estado, de enero a octubre de 2021, en los tribunales de juicio oral del Distrito Bravos, se han emitido 154 sentencias condenatorias, mientras que las absolutorias son 63. En 23 casos, hubo sobreseimiento, es decir, se concluyó el procedimiento penal sin pronunciamiento propiamente sobre el fondo del asunto.
Por la pandemia de Covid-19, en 2020, las sentencias condenatorias llegaron apenas a 53, mientras que el registro de absolutorios quedó en 29, además de 9 casos de sobreseimiento.
Sobreseimiento por prescripción, otro efecto del rezago
El aumento de casos de sobreseimiento por prescripción del delito también destaca en la estadística del Tribunal Superior de Justicia del Estado, como una consecuencia de la paralización parcial de los juzgados ante la pandemia.
El que se concluya un proceso por prescripción significa que por el paso del tiempo se extinguió la acción penal respecto a la comisión del delito.
De acuerdo con el concentrado estadístico de los Juzgados de Control del Sistema Penal Acusatorio, en 2019, antes de la pandemia, los casos de sobreseimiento por prescripción en el Distrito Bravos alcanzaron sólo 447 en todo el año, desde enero a diciembre.
Sin embargo, para el 2020, los casos llegaron a mil 141.
En el año en curso, con el corte a octubre, el acumulado ya lleva un registro de 744 casos de sobreseimiento por prescripción del delito.
