Resolver controversias de manera pacífica y rápida, pero sobre todo evitarlas, es la finalidad de la Ley de Justicia Alternativa, que contiene los mecanismos para que facilitadores públicos o privados logren acuerdos que tienen la misma validez que la sentencia de un juez.
Publicada en el Periódico Oficial del Estado de Chihuahua (POE) el 30 de mayo de 2015, esta ley tiene por objeto fomentar y difundir la cultura de paz y de restauración de relaciones interpersonales y sociales.
Además, promover y regular la aplicación de mecanismos alternativos para la prevención y, en su caso, la solución de controversias, así como regular la creación de centros, en sede judicial y privados, que brinden estos servicios.
Actualmente, en Ciudad Juárez existen 12 abogados acreditados como facilitadores privados que pueden llevar a cabo estos procesos. Uno de ellos es Daniel Villanueva Cano, egresado de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ).
Aplicable en materias civil, mercantil y familiar, estos mecanismos alternativos de resolución de controversias permiten evitar los largos y costosos procesos que se realizan en los juzgados, dijo.
Explicó que el proceso de mediación se inicia cuando un ciudadano prevé que podrá tener un conflicto o cuando el mismo ya existe y en vez de acudir a un juzgado, busca la asesoría de un facilitador, oficial o privado.
Los facilitadores públicos pueden encontrarse en el Instituto de Atención Temprana y Justicia Alternativa, ubicado en las oficinas de Gobierno del eje vial Juan Gabriel; los privados están publicados en el POE, informó.
Mientras un proceso tradicional tarda al menos un año en resolverse y debe pasar por etapas como la presentación de demanda, radicación o admisión, audiencia preliminar, de juicio, desahogo de pruebas, dictar sentencia y presentación de los medios de impugnación, la mediación se puede lograr en mucho menos tiempo.
Para esto, continuó, se cita a las partes involucradas por separado para explicarles en qué consiste el procedimiento. Si la contraparte lo acepta, se cita a una sesión conjunta, lo que puede hacerse en un periodo tan corto como tres días.
Una vez logrado el convenio, el reglamento de la ley obliga que en un término no mayor a 10 días se debe presentar el escrito de solicitud de validación al Instituto.
Agregó que el término genérico de respuesta sería de tres días hábiles. Entonces, puede decirse que en 13 días hábiles se tendría una noticia positiva. Sin embargo, en la práctica, los plazos se pueden extender o disminuir.
También pueden acudir a los facilitadores aquellas personas que se encuentran en un proceso judicial que se haya extendido demasiado.
Para los mexicanos, indicó, se abre un nuevo abanico de posibilidades para acudir con un defensor público o privado, pero también ir con alguien que le ayude a resolver el problema de forma conciliatoria, a través de una mediación.
“Somos una opción más para la gente, pero asequible, eficaz, con toda la certeza jurídica de una sentencia; además de mucho más barata”, aseguró el abogado.
Dio a conocer que a partir del próximo año se implementará el nuevo sistema de justicia, en el que se reconoce de una manera más tangible los mecanismos alternativos.
Con estos, los jueces van a tener la obligación de privilegiar la resolución autopropositiva del conflicto antes de dictar sentencia.
“Creo que este tema viene a revolucionar la profesión del abogado y que en los próximos 10 años la gente va a venir con nosotros antes de ir a un tribunal”, finalizó Daniel Villanueva.
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