Tras 2 años de proceso, un tribunal sentenció a 72 años de cárcel a un integrante del grupo que ordenó la ejecución del activista indígena Julián Carrillo Martínez.
Otro implicado, identificado por las iniciales P.C.C. y quien era menor de edad al momento de los hechos, quedó detenido, aunque se desconoce su situación jurídica.
Agresiones contra la familia indígena
El homicidio de Julián Carrillo fue la cuarta agresión mortal dirigida contra su familia en Coloradas de la Virgen, municipio de Guadalupe y Calvo.
Un hijo, un sobrino y su yerno también pagaron con su vida defender, como él, su derecho al territorio.
En comunicado se informó que los jueces Lizbeth Alondra Chávez Jurado, Manuel Terrazas Solís y Felipe de Jesús Medina Granado condenaron a José Feliciano Q.M. o R.M., pistolero que acribilló a Julián el 24 de octubre de 2018.
En Coloradas de la Virgen, gobernada por el PRI por décadas, el despojo de tierras, narcocultivo y explotación forestal son el modus vivendi del grupo al que ninguna autoridad nombra.
Al homicida se le impusieron 48 años de cárcel por matar a Julián y 24 por asesinar a su hijo Víctor Carrillo Carrillo.
Gracias al operativo estratégico, desplegado en la zona el 26 de enero de 2019, se capturó a los acusados en la localidad de Las Papas, informó la Fiscalía.
Exigen seguridad en la zona
Las organizaciones Alianza Sierra Madre (ASMAC) y Centro de Derechos Humanos de las Mujeres acompañaron la defensa legal por parte de la familia del activista indígena y exigieron erradicar al grupo criminal.
Los asesinatos de Julián Carrillo, su hijo Víctor Carrillo Carrillo, su sobrino Guadalupe Carrillo Polanco y su yerno Francisco, este último en julio de 2018, tres meses antes de la muerte del activista, no deben quedar impunes, advirtieron.
Admitieron que la sentencia es una medida efectiva que “permite que hechos similares no se repitan al ser sancionados adecuadamente”. También insistieron en que la reparación del daño debe incluir a las familias directas, así como a la comunidad Coloradas de la Virgen.
“El Estado ha fallado en dar protección efectiva a personas defensoras de derechos humanos”, señalaron en su posicionamiento público.
Tras el asesinato, el tribunal admitió, con evidencia presentada por la Fiscalía de Derechos Humanos y organizaciones que acompañaron el proceso, que la violencia derivó en el desplazamiento forzado de cientos de familias.
A pesar de la sentencia, el peligro sigue
De acuerdo con Asmac, lo más grave es que, tras la primera sentencia, Coloradas de la Virgen sigue en lucha por sus recursos naturales y mantiene una demanda por la protección de sus integrantes en riesgo.
Sobre la indagatoria, asentada en la causa penal 28/2018, la Fiscalía Especializada en Derechos Humanos informó que gracias a más de 35 pruebas testimoniales se demostraron la culpabilidad en el doble homicidio y el vínculo del procesado con el grupo que opera en la zona “con intereses de apoderamiento y explotación del territorio rarámuri”.
Esta situación ocurre en otros puntos de Guadalupe y Calvo, como Baborigame. Ahí está documentado el desplazamiento forzado de indígenas provocado por caciques con sicarios, despojándolos de sus tierras y obligándolos al narcocultivo.
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