Judicializan intento de despojo contra comunidades rarámuris

Una juez de control del Poder Judicial de Chihuahua del distrito judicial Benito Juárez, con sede en Cuauhtémoc, ordenó seguir un proceso penal contra rarámuris de Urique.

La decisión “implica la criminalización de la comunidad rarámuri. Y envía un mensaje de alerta sobre el despojo y desplazamiento que sufren pueblos originarios habitantes de la sierra”, coincidieron organizaciones defensoras del territorio.

Para Miguel Parra, director de la asociación Awé Tibúame –águila vigilante o águila que cuida– es un caso de intento de despojo. Esto inició antes del periodo revolucionario.

A partir de los años noventa, el acoso se agudizó por inversiones turísticas en la zona del Divisadero Barrancas y el aeropuerto de Creel. Ahí, gobiernos tanto del PRI como del PAN apoyaron a empresarios, sin respetar los derechos de los pobladores originarios.

“Ellos tienen la propiedad, pero solo en el papel. Porque nosotros hemos habitado ahí desde nuestros tatarabuelos”, reprochó Parra vía telefónica, después de una semana de encabezar protestas en Cuauhtémoc.

En esa ciudad se llevó a cabo la audiencia donde el Ministerio Público desistió del caso de Mogótavo y del de Bosques San Elías Repechike. Este último, relacionado con la construcción del aeropuerto.

“La audiencia programada para que el gobernador de Bosques de San Elías Repechike compareciera por presuntos cargos de robo de madera, fue cancelada debido a que el Ministerio Público se desistió el viernes (1ro de octubre), minutos antes de las tres de la tarde, ordenándose el archivo de la carpeta”, indicó en un boletín la Red de Defensa Tarahumara.

Exdiputado del PRI, con intereses privados en territorio de rarámuris

El 7 de octubre fue la audiencia donde la jueza Zulema Sandoval dejó abierta la posibilidad para que el exdiputado local priista y empresario de Delicias, Ricardo Orviz Blake, siga tratando de expulsar de su territorio a indígenas que han habitado ahí por generaciones.

Según un comunicado enviado a Norte Digital, el agente ministerial César Torres desistió de la acción penal en el expediente 143/2021, radicado en el distrito Benito Juárez, en Cuauhtémoc.

Sin embargo, los abogados del empresario y también exregidor del Ayuntamiento deliciense, Ricardo Orviz Blake, se inconformaron.

“La juez de control Zulema Sandoval, a solicitud de los empresarios, dejó abierta la causa penal 143/2021 para que la investigación en contra de nuestra comunidad continúe”, refirió el comunicado.

Los afectados –que en el proceso aparecen como acusados– dicen que la orden busca que “se deslinden responsabilidades en contra de quienes construyeron viviendas en el lugar de 2016 a la fecha”.

Afectan a rarámuris que viven ahí desde hace décadas

La comunidad lamentó que lejos de detener la criminalización de los defensores del territorio, el aparato de justicia penal persiga a otros habitantes de Mogótavo.

Lo anterior, porque bajo el supuesto de que buscarán propiedades del 2016, afectarían a hijos de quienes viven ahí desde hace décadas.

“La comunidad nunca ha perdido la posesión de los territorios que habitamos. No tiene ningún sentido que las casas, escuelas, servicios, que se hayan construido de 2016 a la fecha, causen despojo a empresarios que nunca han vivido en nuestra comunidad”, señalan.

Esto, debido a que las posibles construcciones en la investigación que debe hacer el Ministerio Público, son propiedad de habitantes de Mogótavo, ya que nadie ajeno al pueblo edificado obras ahí. 

Incluso, la escuela Rebelión Tarahumara que administran el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas y el Gobierno del Estado, se edificó en los ochenta, y el dispensario médico en el año 2009, refirió Miguel Parra, director de Awé Tabúame.

A la fecha, dijo, en Mogótavo viven más de 90 familias. Por la actividad turística desarrollada, se dedican a la venta de artesanías, y en alguna medida, a la agricultura y crianza de animales de corral.

“Nuestra postura, como pueblo rarámuri de aquí de esta comunidad, es seguir luchando por la situación de que nos quieren despojar desde que llegaron estas personas desde antes de la revolución”, refirió Parra.

Doble despojo en la barranca

Lo que se vive en Mogótavo y Bosques San Elías Repechike es un doble despojo perpetrado por empresas turísticas. Así lo denunciaron organizaciones defensoras de comunidades indígenas de la sierra.

Desde el 4 de octubre, la Red alertó que los procesos contra comunidades indígenas en juzgados de Cuauhtémoc los dilataron un juez de control y agentes ministeriales. Esto afecta los derechos de pobladores originarios.

Según la Red, la falta de comunicación de autoridades ministeriales y judiciales denota el uso de estas instancias “para cansar, criminalizar y distraer a las comunidades de su objetivo principal, generando costos innecesarios”.

La Red planteó que los procesos jurídicos penales en el estado de Chihuahua incumplen con la ley. Esto, al no garantizar la pertinencia cultural en aspectos básicos como la pertenencia de los denunciados, a un pueblo indígena que habla otra lengua.

“Los obligan a acudir a juzgados ubicados a kilómetros de su lugar de residencia, sin traductores; a enfrentar causas penales infundadas, con retraso y falta de traducción de las notificaciones”, reprochó.

Según la Red, lo más alarmante es que no se tomaron en cuenta la colectividad de los pueblos ni la problemática de fondo. Dicha problemática es la falta de reconocimiento de su territorio por parte del Estado.

Pobladores de la sierra no tienen títulos de propiedad

Los indígenas viven ahí desde antes de que los terratenientes mestizos llegaran y se apropiaran mediante acciones legales con el contubernio de las autoridades, denunció.

El problema que se vive actualmente -planteó- tiene su origen en que los indígenas nunca han tramitado títulos de propiedad en sus territorios ancestrales.

Esto –advirtió el despacho de prensa– se convierte en un problema cuando hay terceros que disputan esta posesión y generan molestias como la explotación de bosques, construcción de complejos turísticos, intentos de desalojo y cercado de terrenos.

También ocurre que les impiden construir espacios colectivos y servicios básicos. Como ejemplos, en el caso de Mogótavo, la instalación del agua, y en el caso de Repechike, la instalación de un taller de costura, precisó.

“Es entonces cuando las comunidades se ven forzadas a iniciar procesos jurídicos costosos, lentos, y sin un mecanismo legal idóneo por parte del Estado mexicano, para reconocerles el derecho a la propiedad de los territorios que habitan”, señaló.