El emblemático proyecto Juárez Iluminado del alcalde Armando Cabada, impulsado el 10 de octubre de 2016, hace tres años y medio, hoy en día es tan incierto como sinuoso, pues en estos momentos ni el plan de sustitución del alumbrado público ni el plebiscito están plenamente autorizados.
La reformulación del proyecto, para la cual se fijaron 30 días, dejaría sin efecto la validez del plebiscito, pues se supone que el Congreso condicionó su autorización con cambios radicales, respecto a como fue aprobado por el Cabildo juarense en la sesión del 7 de mayo de 2019.
Para conseguir su aprobación definitiva, el Gobierno de Cabada deberá garantizar que el proyecto se desarrollará en etapas, conservará 17 mil lámparas LED que están en buen estado, contará con un comité de expertos para asesorarse, no incrementará el DAP anualmente ni se comprometerán los recursos que recibe el Municipio de la Federación.
“Tenemos que esperar cómo se aprueba ahora el dictamen en el pleno del Congreso donde, si no lo aprueban –probablemente la próxima semana-, el plebiscito ya no tendría razón de ser… Si no pasa en el Congreso, se acaba el plebiscito”, expresó Sergio Meza, director la asociación civil Plan Estratégico de Juárez, promotores de la consulta popular del proyecto Juárez Iluminado ante el Instituto Estatal Electoral.
Meza señaló que el “sentido de aprobación” del plan Juárez Iluminado por la Comisión de Programación, Presupuesto y Hacienda del Poder Legislativo, y la preautorización de la consulta por parte del Instituto Estatal Electoral, son dos procesos que corren por separado, pero paralelos y tangenciales, ya que en algún momento serán determinantes en la toma de decisiones.
¿Difícil exigencia?
Nos cuestionamos si el decreto del proyecto de alumbrado aceptado bajo el argumento de “sentido aprobatorio”, con tres votos a favor y dos en contra en el seno de la comisión, es una negativa al proyecto, al que le impusieron condiciones muy difíciles de cumplir.
El presidente Armando Cabada Alvídrez fue quien primero reconoció la dosis de riesgo e incertidumbre con que el Congreso de Chihuahua resolvió su proyecto, dados los candados o condicionantes aprobados por mayoría de votos por la Comisión en la sesión del 2 de junio.
Lamentó la postergación del proyecto y la insuficiencia de recursos que hay para poder llevar a cabo el plebiscito.
Nadie puede festejar ni lamentar el “sentido aprobatorio” con que la mayoría de los diputados de la Comisión de Programación y Presupuesto condicionaron la ejecución del proyecto.
En estos momentos se desconoce cómo lo van a implementar, y aunque el Congreso haya emitido lineamientos, estos son ambiguos y la realización del plebiscito puede que no tenga razón de ser.
En los próximos días se darán importantes definiciones acerca del futuro de este proyecto que no está totalmente apagado, ni cuenta con toda la luz verde del Congreso, ni los ciudadanos saben si serán tomados en cuenta.
De manera tal que ni la presidencia municipal puede empezar con su ejecución, ni las autoridades electorales pueden convocar a la ciudadanía a manifestar su voluntad, pues ambos procesos siguen su curso con un plazo fatal de 30 días para que todo se defina. Nada esta escrito.
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