Con más dudas y ambigüedades que certezas sobre el operativo puesto en marcha en Juárez tras el arribo de 600 elementos federales, mayoritariamente militares, puso en estado de alerta a la ciudad que ya vivió la intervención militarizada de la seguridad pública, con resultados desastrosos conocidos por todos durante los años álgidos de la inseguridad y la violencia que impactó a los juarenses, particularmente entre 2008 y 2012.
La estrategia nacional de seguridad “17 Ciudades Prioritarias” para reducir la incidencia delictiva y abatir los índices de homicidios, empezó en Ciudad Juárez, como preámbulo de la implementación de la Guardia Nacional, impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador.
Este reforzamiento institucional llegó a la ciudad acompañada 600 elementos adicionales, efectivos de la Policía Federal, de la Marina y del Ejército quienes tienen el propósito de disuadir a la delincuencia y, según el gobernador, reducir la capacidad de los grupos delictivos.
La presentación del arribo de las tropas, el 13 de febrero pasado, tomó como escenario de representación política neutral, las instalaciones de la Macrobandera, con la ausencia del gobernador Javier Corral, partidario de que la Guardia Nacional tuviera un mando civil y no militar como se promovió inicialmente.
Uno de los objetivos para lograr la reducción de los indices de la violencia en esta frontera, con énfasis en los homicidios dolosos, consiste en la implementación de una política de prevención social.
“Por un lado viene la estrategia de seguridad, pero en paralelo viene la política social que reforzará la estrategia de seguridad del Gobierno de México”, dijo Alfonso Durazo Montaño, secretario de Seguridad Pública, con respecto al programa puesto en marcha en la localidad.
Voto de confianza
El operativo conjunto arrancó en esta ciudad fronteriza el pasado 13 de febrero, como parte de la estrategia “17 Ciudades Prioritarias”.
El gobierno federal envió 400 elementos y cincuenta vehículos de la Secretaría de la Defensa Nacional y 200 elementos de la Policía Federal de tres divisiones: Gendarmería, Fuerzas Federales y Seguridad Nacional y cien de sus vehículos, además de la participación de las fuerzas locales.
El presidente municipal Armando Cabada Alvídrez, confió en que los integrantes de este operativo garanticen el respeto a los derechos humanos, pero hasta el momento se desconocen los mecanismos para facilitar y promover la denuncia de los ciudadanos, sin que principalmente estos se pongan en riesgo y generar la esperada confianza de la sociedad.
Cabada ha ido más allá al pedirle a los ciudadanos que denuncien delitos y pidió a los agentes de las fuerzas federales que traten a los juarenses “como amigos”.
El gobierno federal redujo las participaciones anuales del programa Fortaseg de casi 70 millones a 43.8 millones etiquetados para la compra de patrullas, equipo, infraestructura, capacitación y estímulos para el personal operativo de la Policía.
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