Organizaciones no gubernamentales integradas a la Fundación Para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho (Fjedd) exigen que las investigaciones relacionadas con la muerte de 39 migrantes en instalaciones del Instituto Nacional de Migración (INM) alcancen a los altos mandos de todas las instancias de Gobierno involucradas con el tema migratorio.
Y exigen asimismo la participación de organismos internacionales que garanticen la imparcialidad y la objetividad de dichas investigaciones, evitando que el Gobierno mexicano se convierta en juez y parte, con decisiones que no alcancen a todos los responsables del trágico incidente.
Esto lo demandaron en rueda de prensa celebrada la mañana de este viernes, en donde dieron a conocer detalles de la denuncia presentada por esta causa ante la Fiscalía General de la República (FGR) y la queja formal ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).
Al reiterar que estos hechos no deben ser considerados como un mero accidente sino como un Homicidio de Estado, los representantes de las diversas organizaciones participantes en la transmisión realizada vía Facebook, urgieron a que las investigaciones involucren asimismo al secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández; al titular del INM, Francisco Garduño Yáñez; y al secretario de Relaciones Exteriores de México, Marcelo Ebrard.
Lo anterior, sin que queden exentas de tales responsabilidades y posibles sanciones las autoridades representativas de los Gobiernos de los países de origen y del país de destino de los migrantes.
Gretchen Kuhner, directora del Instituto Para las Mujeres en la Migración (Imumi), manifestó su preocupación de que las investigaciones hasta ahora estén siendo enfocadas solo en el personal asentado en la estación migratoria al momento de los hechos.
“Le estamos solicitando a la FGR que investigue la responsabilidad de los titulares de las instancias encargadas de la política migratoria, incluyendo al secretario de Relaciones Exteriores, al secretario de Gobernación y al titular del INM”, externó. Además de incluir a los representantes y encargados de la estancia provisional donde se suscitó el incendio.
La denuncia formal es por la comisión de los delitos de homicidio, lesiones, detención ilegal y –en el contexto de los abusos cometidos por representantes del INM “previa y durante” la detención– abuso de poder y actos de corrupción “con la cual se maneja el INM, y que conllevan este tipo de tragedias”, según destacó.
“Estamos pidiendo que se investigue por homicidio porque el INM tiene siempre la responsabilidad de cuidar a las personas bajo su custodia, y vimos que, teniendo ellos la oportunidad de dejar salir a las personas, no lo hicieron. Por lo tanto es un homicidio y pedimos que investiguen”, agregó.
Al respecto el padre Prisciliano Peraza, coordinador del Centro Comunitario de Atención al Migrante y Necesitado (Ccamyn) ubicado en Sonora, manifestó que esta nueva tragedia desenmascara a plenitud la inexistencia de un auténtico estado de derecho en México, con especial énfasis en el caso de los migrantes.
“Estos migrantes no tenían por qué haber muerto ni tenían por qué haber estado detenidos; aunque le llamen como le quieran llamar, el hecho es que estaban en una cárcel y lo triste es que hemos socializado tanto el crimen, que muertes como estas ya se ven como algo común”, expresó.
Con indignación puntualizó que esta tragedia en particular no podrá ser echada al basurero del crimen organizado, a diferencia de lo que suele hacerse “a modo” para evadir responsabilidades y restarle importancia a las muchas muertes que ocurren en el territorio mexicano.
Y destacó que independientemente de las responsabilidades que esto arroja para las autoridades mexicanas, el nivel de alcance debe darse también a las autoridades del país de origen como el de destino del flujo de migrantes.
“Este es un crimen de Estado, ellos tienen la responsabilidad… tanto el país de origen, como el país de tránsito y el de destino son responsables de todo lo que le pase a nuestros hermanos migrantes”, aseveró.
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