La Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) analiza la posibilidad de responsabilizar al Gobierno municipal de Juárez por el caso del crematorio que operaba de manera irregular, con 386 cadáveres embalsamados que nunca fueron incinerados, informó su presidente, Alejandro Carrasco Talavera.
Asimismo, se analiza ya emitir una queja contra la Comisión Estatal para la Prevención de Riesgos Sanitarios (Coespris) por la responsabilidad que pudo tener en la falta de inspección al lugar.
En conferencia de prensa, el ombudsman estatal señaló que el caso no se trata de una operación clandestina, sino de una irregularidad grave en un crematorio que funcionaba con supuesta autorización.
En ese sitio, contratado por diversas funerarias, se acumulaban cuerpos que debían ser cremados, pero que permanecieron embalsamados por meses o incluso años.
Carrasco explicó que, además de la queja general iniciada por oficio tras la difusión del caso en medios de comunicación, ya han comenzado a recibir denuncias individuales por parte de familiares, lo que permitirá atender de manera específica cada caso.
“Se suponía que los cuerpos serían cremados, pero ahora ni siquiera se sabe qué les entregaron a los dolientes”, expresó.
“Hay teorías que apuntan a que pudieron haber entregado cenizas falsas, hechas de arena o cemento, pero eso lo determinarán los análisis de laboratorio que están en curso”.
El titular de la CEDH informó que esta semana viajará a Ciudad Juárez junto con personal de la comisión para brindar atención directa a familiares afectados.
“Vamos a escucharlos, tomar sus quejas y ofrecer acompañamiento psicológico y legal. Buscamos también establecer alianzas con otras instituciones para darles la contención que necesitan”, indicó.
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