El caso del menor indígena amarrado en Ejido La Esperanza lo investiga el DIF estatal, pero el involucramiento de diversos actores impide dar más información.
Así informó María Guadalupe Álvarez Caballero, procuradora de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes.
Precisó también que el resguardo del menor depende de los datos que se recaben y las autoridades que intervengan.
“Por ser un caso abierto donde existen diversos actores involucrados y por tratarse de datos sensibles, no se puede dar más detalle”, puntualizó la funcionaria.
Pidió CEDH informes tras conocer notas periodísticas sobre el caso
Rafael Boudib Jurado, titular de orientación y quejas de Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) confirmó el seguimiento del caso al leer las notas periodísticas.
Al enterarse, pidieron informes a la Policía Municipal y a la Unidad de Atención y Respuesta a Organismos de Derechos Humanos sobre el actuar de los involucrados, dijo.
Las autoridades tienen un plazo de hasta diez días para entregar las copias certificadas y el registro del hecho, confirmó el abogado.
Abundó en que se trata de una doble vulnerabilidad: es menor de edad y pertenece a un grupo étnico, previendo así la factibilidad del seguimiento de una queja por oficio.
De ni haber respuesta, las autoridades tendrán hasta tres días más con la calidad de urgente, para entregar los informes.
Es necesario verificar que se trate de un servidor público
Boudib Jurado aclaró que antes de proceder, se debe aclarar que el comisario entra en la calidad de funcionario.
Si bien, agregó, las autoridades ejidales son supervisados por Seguridad Pública, habrá de investigarse si tiene delegada alguna autoridad y si está dentro de la nómina.
En caso de que no sea funcionario, a la queja se le daría seguimiento por el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), informó.
Gobernadores indígenas confirman problemas de adicción en jóvenes
Los gobernadores indígenas de algunos asentamientos confirmaron el grave problema respecto a las adicciones en jóvenes.
Señalaron que esto se extiende a consumo de alcohol, cristal, tinta, gasolina y resistol.
Acusaron la falta de atención de madres, padres y la propia estructura del Estado hacia la juventud, rezagando las acciones institucionales como medías preventivas.
Los programas se dirigen solo a personas no indígenas y dejan fuera a esta parte de la población, acusaron.
