El Instituto Nacional Electoral (INE) interpuso una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
Esta, contra el decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para 2022, el cual incluye un recorte de 4 mil 913 millones de pesos al presupuesto originalmente solicitado por el órgano electoral.
El documento expone que el INE solicitó a la Cámara de Diputados otorgar los recursos presupuestales suficientes para llevar a cabo un eventual ejercicio de revocación de mandato presidencial, sin que esto se considerara.
“El recorte determinado por el Legislativo, que careció de motivación o justificación alguna en el decreto presupuestal, impide el ejercicio pleno de las atribuciones constitucionales a las que está obligada la autoridad electoral; en particular, la realización de un eventual proceso de Revocación de Mandato que, en caso de solicitarse por la ciudadanía, requiere de 3 mil 830 millones de pesos para llevarse a cabo, mismos que se solicitaron presupuestalmente a la Cámara de Diputados”, argumentó el INE.
Mencionó que en la elaboración de su presupuesto para 2022, el INE incluyó un monto como presupuesto precautorio; tanto para la realización de una eventual revocación de mandato, como una nueva consulta popular.
Lo anterior, atendiendo a lo que la SCJN resolvió respecto de otra controversia constitucional que el mismo INE promovió sobre la convocatoria a la consulta popular que realizó este 2021.
“Al no haber sido otorgados por el Legislativo los mencionados recursos y al haberse aplicado un recorte que excede en mucho la solicitud presupuestal formulada, el INE consideró procedente someter a consideración de la SCJN que ordene a la Cámara de Diputados proveer al instituto de los recursos necesarios para organizar, eventualmente, la revocación de mandato; cumpliendo todos los principios y reglas a que está obligado. Al no contar con dicho presupuesto, el instituto no está en condiciones de cumplir sus funciones tal y como lo mandata la Constitución y la ley; además de que se violan sus garantías institucionales otorgadas por la Constitución y, con ello, el ejercicio de los derechos humanos político-electorales de la ciudadanía”, mencionó.
El INE reiteró que tiene toda la disposición y cuenta con toda la experiencia necesaria para llevar a cabo el ejercicio de revocación de mandato; manifestó su confianza en las instituciones de justicia de este país.
También subrayó que, para el cabal cumplimiento de sus obligaciones constitucionales, el INE debe contar con suficiencia presupuestaria que garantice los principios constitucionales de legalidad y certeza.
El texto original se puede encontrar en Informe Confidencial, sitio con el que Norte Digital tiene un acuerdo para publicarlo.
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