Empresas factureras que extorsionan a los compradores, coyotes y mucha corrupción prevalecen en la importación de vehículos, señaló el delegado de programas de Bienestar, Juan Carlos Loera de la Rosa.
Sin embargo –dijo– la corrupción no está tanto en el Gobierno, sino con los intermediarios.
Sostuvo que el decreto de regularización de carros chuecos firmado el fin de semana por el presidente Andrés Manuel López Obrador, busca resolver el problema de fondo.
También aprovechó para recordar que fue una promesa de campaña del presidente y una prueba más de que su prioridad es el pueblo.
“Esta decisión comprueba una vez más que el presidente López Obrador está del lado del pueblo, está con la gente”, expresó.
Sobre el apunte de que debe resolverse el problema de fondo, refirió que están detectadas empresas que trafican con facturas.
De acuerdo al modelo del SAT establecido en gobiernos anteriores –dijo– hay empresas intermediarias factureras que están vendiendo las facturas para importar los carros.
“Hay una falsa información, una especie de extorsión por parte de gestores, tramitadores, que piden aparte a las personas que importan un vehículo, una cuota especial”, alertó.
Lo anterior con el objetivo ilegal de asignar un valor más bajo a las facturas.
“Y también a mí me tocó tener pláticas con los agentes aduanales para aclarar eso de que ahí se hacen cargos extraordinarios”, añadió.
Lo que ocurre es que se hacen cargos extras que también generan corrupción “pero se lo quieren achacar a la autoridad, pero no es así”, aclaró.
“Hay coyotes en esto, hay muchos coyotes en la importación”, refirió.
En ese sentido hizo un llamado a la población para que no se deje engañar.
Se acabaron los intermediarios, afirma Loera
“Lo que les puedo decir, sin ver el decreto, es que aquí no va a haber intermediarios. No va a ser a través de organizaciones”, enfatizó.
Lo que se va a cobrar va a ser únicamente con el Gobierno, sin gestores externos ni cobros de ninguna otra parte, aclaró.
Acerca de las condiciones específicas del decreto, aclaró que hay que esperar a que se publique el reglamento.
Sin embargo –adelantó Loera– debe haber una consideración para los vehículos más antiguos, que son los que la gente puede comprar con mayor facilidad.
Loera también opinó que estar decomisando los vehículos es un atentado contra el patrimonio de las familias.
“Particularmente aquí en Ciudad Juárez, donde tenemos un muy deficiente sistema de transporte público”, señaló.
Las familias buscan ese tipo de autos, porque la mancha urbana hace imposible movilizarse sin un vehículo, añadió.
También les es imposible –acotó– comprar un auto nuevo o entrar en un esquema de financiamiento que tiene pagos muy altos.
En cuanto a los recursos que se recauden, dijo que el planteamiento del presidente López Obrador es que ese dinero regrese a los municipios para que lo apliquen en pavimentación.
Dinero debe ser para pavimentación; después, cero tolerancia
En esa misma línea se pronunció más temprano el presidente municipal Cruz Pérez Cuéllar.
“Dice que el dinero no entra a la federación, sino que se destina a pavimentación en municipios fronterizos”, precisó el edil.
Explicó que el decreto remite a la ley de ingresos, misma que actualmente está en proceso de discusión.
Aclaró que hasta lo que se ha publicado todavía no se establecen los mecanismos para la utilización de esos recursos.
Pérez Cuéllar remarcó que en materia de seguridad, la regularización es una muy buena noticia, porque hay una gran cantidad de vehículos que no se pueden identificar.
“Las autoridades locales tanto estatales como municipales estamos impedidos por la legislación federal a establecer programas de identificación”, comentó.
El alcalde advirtió que después de este proceso ya no habrá tolerancia para circular sin placas.
“Ese es el problema siempre que se dan esos programas, que se hacen los programas y luego ya otra vez empieza la tolerancia”, recordó.
En aras de la seguridad de los juarenses, debe haber cero tolerancia una vez que se dé esta regularización, reiteró.
El objetivo más importante –sostuvo– es la seguridad. Y por eso no deberá haber más tolerancia a los vehículos que no estén identificados legalmente.
De acuerdo con registros oficiales, se estima que en Juárez circulan cerca de 55 mil vehículos irregulares.
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