Luego de que el pasado 30 de mayo fueran impuestos por el PAN los integrantes del nuevo Tribunal de Justicia Administrativa, finalmente este día quedó instalado el pleno conformado por tres magistrados identificados con la corriente blanquiazul.
El nuevo tribunal tendrá a su cargo la resolución de las controversias entre la administración pública estatal y municipal, y los particulares, y pertenece al último componente que faltaba del Sistema Estatal Anticorrupción.
El “Tribunalito”, como también es conocido, es integrado por los siguientes magistrados: Mayra Aída Arróniz Ávila, señalada por su conflicto de interés pues fue secretaria jurídica de Acción Nacional, representante del PAN ante el Instituto Estatal Electoral y comisionada nacional de su partido.
También Alejandro Tavares Calderón, socio del magistrado del Tribunal Superior de Justicia, Leo David Alvarado Beltrán, quien participó en el proceso de selección de los magistrados como integrante de la comisión especial que lo entrevistó.
Tanto Tavares como el magistrado Alvarado son socios de la firma Alvarado, Basauri, Tavares Lextratega S.C., además de ser dueño del restaurante Punta Rochí, de la capital del estado.
El otro magistrado que fue votado “de panzazo” fue Daniel Morales Luévano, quien se desempeñó como director jurídico y de responsabilidades de la Secretaría de la Función Pública. O sea, también fue empleado de la actual administración corralista.
Al nuevo Tribunal de Justicia Administrativa corresponderá emitir no solamente fallos, sino que podrá imponer sanciones a funcionarios estatales y municipales, lo que contribuirá a combatir la corrupción y la impunidad.
Al hacer uso de la palabra, el presidente del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa, Daniel Morales Luévano, afirmó que esta institución era una deuda con la sociedad.
Afirmó que con este Tribunal se empodera a la ciudadanía y quienes lo conforman deben actuar para inscribir un hito en la historia de Chihuahua, siempre apegados a los principios de legalidad, máxima publicidad y respeto irrestricto a los derechos humanos.
El Congreso del Estado autorizó 30 millones de pesos como presupuesto para ser ejercidos por el Tribunal, los cuales según la Secretaría de Hacienda fueron obtenidos gracias a los ahorros de las reestructura de la deuda pública de la entidad.
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