Después de un prolongado proceso legal, el Área de Responsabilidades del Órgano Interno de Control (OIC) de la Secretaría de la Función Pública en Chihuahua inhabilitó Mónica Vargas Ruíz, exsecretaria de la Función Pública del estado. Esto, a pesar de los esfuerzos de Vargas Ruíz por obtener amparo legal.
Según los datos del expediente 01/2022, la investigación se inició en marzo de 2022, en respuesta a presuntas irregularidades relacionadas con la entrega de información y la falta de aclaración de observaciones sobre el acta de entrega-recepción de la SFP.
En mayo de 2022, Vargas Ruíz fue emplazada a un procedimiento basado en un Informe de Presunta Responsabilidad. En un intento por protegerse legalmente, presentó un amparo indirecto contra la constitucionalidad del artículo 4º de la Ley Orgánica ante el Juzgado Décimo de Distrito, el cual inicialmente le concedió una suspensión.
El proceso continuó con una audiencia el 10 de junio, donde Vargas Ruíz presentó sus argumentos, seguido por el otorgamiento de un amparo parcial para evitar la emisión de una resolución en su contra. Sin embargo, este amparo fue revocado el 11 de marzo de 2024 por el Tribunal Colegiado Décimo Séptimo de Distrito, anulando así la suspensión previa.
Finalmente, el 24 de junio de 2024, el Órgano Interno de Control emitió la resolución sancionatoria, basada en el artículo 49 fracciones I y V, que implica la inhabilitación de Mónica Vargas Ruíz por tres meses.
Este desenlace pone fin a un largo litigio legal y destaca la firmeza del OIC en la aplicación de medidas disciplinarias, aún ante los intentos de defensa legal de la ex funcionaria.
Este caso subraya la importancia de la transparencia y el cumplimiento en la administración pública, siendo un recordatorio de las consecuencias de no cumplir con las normativas establecidas.
