Pese a que el país enfrenta una pandemia por COVID-19 en fase 2, el Instituto Nacional de Migración (INM), permite que cientos de deportados de Estados Unidos, ingresen por Juárez sin filtro sanitario, para dejarlos a la deriva en calles del centro de la ciudad.
Conforme a un comunicado del Gobierno del Estado de Chihuahua, esta ciudad ha recibido este año cinco mil 200 connacionales, con un promedio diario de 65, mientras que en Estados Unidos (EU) el COVID-19 ha contagiado a más de 80 mil personas.
Norte Digital observó que del 26 al 27 de marzo, ingresaron por Juárez, al menos 90 deportados vía el puente internacional Paso del Norte, conocido como el Puente de la Juárez, sin ningún tipo de revisión médica, para enseguida, ponerlos en la calle, operación que duró menos de una hora.
La noche del 27 de marzo, a las 20:00 horas, día en que los vientos alcanzaron velocidades de 75 kilómetros, con un «bajón» de la temperatura, aparecieron en medio de la joroba del puente 50 indocumentados, escoltados por un agente del INM, uniformado con una chamarra gruesa y un cubrebocas.
Muchos de ellos con bolsas de plástico en las manos con sus pertenencias, mientras que otros llevaban todavía vestimenta de trabajo, todos conducidos a la pequeña estación migratoria a unos 10 metros del cruce peatonal del puente, de lado mexicano.
Apenas entrar, se puede ver el interior de la oficina reducida del INM, que tiene un largo mostrador que forma una valla de contención que impide el acceso a todo el sitio, en el que cada una de las personas, todas jóvenes, entre los 20 y 45 años, llenaron un formato en papel.
«Vengo de Corona y a mi me agarraron cerca del cruce de Santa Teresa», dijo José Luis García, de 42 años y originario de Zacatecas, con esposa y dos hijas que residen en el estado de Oklahoma.
Corona es un poblado del condado de Lincoln, Nuevo Mexico, donde García trabajó por tres meses en un rancho de cría de caballos, lugar de donde agentes de migración norteamericanos se lo llevaron.
Israel Martínez, de 30 años de edad, con residencia en el condado de Otero, en Colorado, dejó abandonada una pequeña empresa de construcción de su propiedad, debido a que mientras conducía su vehículo fue detenido por falta de licencia de manejo y reportado a Migración.
«Era un policía racista, porque por ley no tenía porque mandarme a la migra; yo no tengo un historial delictivo», señaló.
«Aquí nos dijeron que no había a donde llevarnos a pasar la noche, porque los lugares estaba cerrados, pero yo vengo junto con un compañero que vive aquí, que es donde me voy a quedar», dijo Martínez.
Muchos de ellos, provenientes de Corona, se negaron a responder; algunos, aseguraron contar con permiso para trabajar en los Estados Unidos y dijeron estar de paseo, aunque unos minutos antes, estaban detenidos en la estación migratoria del INM.
Entre la disputa de los casacambistas, taxistas y personas desconocidas que se ofrecía guiarlos para conseguirles hospedaje, todos se dispersan por las calles laterales de la avenida Juárez y áreas aledañas, en donde se observaban pequeños grupos de personas en las esquinas y a esa hora ninguna presencia policíaca.
A unos metros de la entrada al puente, por la acera derecha, una camioneta con varios agentes del INM, permanecieron en el interior, presenciando el operativo desde que los muchachos deportados pisaron suelo juarense, hasta que se dispersaron por el centro de la ciudad, sin hacer ningún tipo de intervención.
En información de AP, fechada el 26 de marzo, se indica que según Dirving García Gutiérrez, jefe de división del programa de Atención al Migrante, «la idea es instalar un albergue filtro para mantener el aislamiento por 14 días a los recién repatriados» y evitar potenciales transmisiones del virus a otros de sus compañeros y al resto de la población, pero ninguna autoridad estatal y local ha confirmado esta «idea».
Jorge Muñoz, activista en la red de albergues para migrantes y colaborador de la senadora por Chihuahua, Bertha Caraveo, dijo que la falta de control del ingreso de migrantes representa un potencial riesgo a la salud.
Señaló que «tengo entendido que todos debemos acatar el decreto de Gobierno del estado, en donde se señala la orden de cerrar todos los establecimientos, entre ellos los templos de las Iglesias y demás de sus instalaciones».
Alejandro Simental, funcionario público de la Secretaría de Bienestar, del Gobierno federal, dijo desconocer la situación sobre el ingreso de los indocumentados, dado que todo lo relacionado a salud, corresponde a Gobierno del estado.
Señaló que en el caso del centro integrador, Leona Vicario, indicó que los refugiados migrantes están confinados y sólo el personal tiene autorización de entrar y de salir, además de que los nuevos ingresos están cancelados.
Mientras que Pedro Torres, vocero del Gobierno federal, dijo que el Leona Vicario permanecerá cerrado una semana, en tanto se adecún sus instalaciones a la contingencia sanitaria, el pastor Juan Fierro, dijo que el refugio El Buen Samaritano sigue abierto y en el caso de la Casa del Migrante, de la Diócesis de Ciudad Juárez, no ha cerrado puertas.
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