Un sindicato que no tiene oficinas en Juárez pretende repetir la dosis que sufrió la frontera hace ocho años cuando abogados laboralistas prácticamente tomaron por asalto decenas de plantas maquiladoras en esta frontera.
Actualmente existe una estrategia de hostigamiento en al menos 5 plantas ubicadas en la zona de Las Torres, donde ya estalló el primer emplazamiento a huelga; es la primera huelga en lo que va de la actual administración estatal.
Armando Gutiérrez, abogado de la empresa
Armando Gutiérrez Cruz, abogado corporativo, teme que la embestida traiga el apoyo del Gobierno federal y de la autoridad judicial con un propósito de desestabilizar el ambiente laboral en Juárez.
En entrevista con Norte Digital, Gutiérrez narró que desde inicios de este año representantes del Sindicato Nacional de Trabajadores y Empleados Especializados –organización con sede en la Ciudad de México– empezaron a subirse a camiones de personal para convencer a obreros de unirse a sus filas.
El objetivo, alertó, no es defender demandas laborales, sino extorsionar a las empresas para obtener un beneficio económico.
“El objetivo es puramente económico; no les interesa el bienestar de los trabajadores porque en Ciudad Juárez, estamos en la zona fronteriza, los salarios son más altos que en cualquier otra parte de la República”, recordó.
Entrevistado en el tercer día de que hay banderas de huelga afuera de la empresa que él representa –la fabricante de arneses de origen francés Akwel– Gutiérrez hizo un señalamiento aún más serio.
“No hay forma de acceder a las peticiones de este sindicato porque se haría inviable la operación de la empresa; de lo que se trata es de extorsionar exclusivamente”, afirmó.
Refirió que en la compañía se percibe una actitud sesgada del Gobierno federal, que prefiere apoyar a un reducido grupo de empleados o exempleados, en lugar de pensar en los más de 800 que sí quieren trabajar.
“Nos encontramos en estado de indefensión porque sentimos que existe un sesgo por parte de las autoridades federales y la autoridad judicial para efectos de permitir que se den este tipo de eventos”, indicó.
Puso como ejemplo que pidieron que les mostraran las supuestas firmas de los trabajadores que aparentemente este sindicato reclamaba tener “y nunca nos las han mostrado”.
En contraparte, como empresa presentaron cerca de 800 firmas de trabajadores que manifestaban no querer ningún sindicato y la autoridad federal se las rechazó.
El problema sería mucho más grave ya que existen indicios de que se estaría usando el mismo método para entrar en otras compañías, señaló el abogado.
“Este sindicato agarró a la empresa (…), dijeron vamos a agarrar la avenida De las Torres y empezar ese movimiento y eso fue lo que empezaron a hacer, subirse a los camiones y acosar a trabajadores y buscar firmas y buscar como se infiltraban en algunas empresas para ver si conseguían la lista de nóminas”, señaló.
“Tenemos entendido –advirtió– que hay cuatro procesos adicionales que están en camino y que por lo menos dos de ellos estuvo este mismo sindicato”.
Sindicato pirata
El líder de la CTM a nivel local, José de Jesús Díaz Monárrez, aclaró que el referido sindicato no esta registrado ante la Confederación y tampoco paga cuotas.
“Creemos que es pirata”, señaló el también exregidor del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en esta frontera.
Emplazamiento o montaje
A partir de las 22:00 horas del viernes 15 de noviembre, la empresa fue emplazada a un estallamiento de huelga, pero solo 9 personas se acercaron a las puertas de acceso y colocaron banderas rojinegras, según quedó registrado en las cámaras de seguridad.
De acuerdo a la Reforma Laboral vigente, para estallar una huelga deben estar de acuerdo la mitad más uno del total de trabajadores sindicalizables que en este caso son 847.
Por este motivo, al día siguiente, el sábado 16 de noviembre a las 5:47 de la tarde la empresa presentó ante el Tribunal Federal Laboral de Asuntos Colectivos, un escrito de inexistencia de huelga.
“La postura de la empresa es buscar que se determine que la huelga es inexistente porque este sindicato no tiene los trabajadores que reclama o que dice tener para sostener su movimiento sindical”, señaló Gutiérrez Cruz.
Contexto internacional adverso
Akwel enfrentó el golpe de la contracción del sector automotriz a nivel global marcada por la incursión de autos de fabricación china.
En el primer semestre del año 2024 tuvo que llevar a cabo una reducción en su plantilla de aproximadamente quince por ciento.
Sus clientes son compañías como Ford, Chrysler, General Motors, BMW, BRP, John Deere y Caterpillar, entre otras, las cuales se vieron obligadas a incrementar inventarios y disminuir órdenes de compra.
Sin embargo, registros de la planta Akwel de Ciudad Juárez, a los que Norte Digital tuvo acceso, refieren que la situación de la plantilla laboral actualmente es estable.
Mantienen un salario promedio diario de 443 pesos –arriba del salario mínimo fronterizo– y bonos que no ofrece otro centro laboral en el mercado como un incentivo por productividad de hasta el 10 por ciento del salario percibido en el semestre anterior.
Otros bonos como puntualidad, asistencia, despensa, ayuda escolar y reconocimiento académico también están incluidos.
La empresa cuenta con certificaciones en seguridad, salud y bienestar laboral y la norma internacional RBA (Responsable Bussines Asociation).
Solo los mueve el dinero
De acuerdo a la demanda laboral interpuesta por el Sindicato, algunas de las pretensiones de la organización incluyen que la empresa les pague 500 mil pesos al año para realizar actividades deportivas y celebraciones religiosas.
En paralelo también pretenden que se les descuente un dos por ciento del salario a los trabajadores para obtener 300 mil pesos por mes o tres millones 600 mil a laño, para gastos sindicales.
Finalmente el abogado Armando Gutiérrez Cruz criticó la actuación de la autoridad conciliadora y juzgadora del Gobierno federal por obligar a la compañía a audiencias presenciales en la Ciudad de México, en vez de realizarlas por vías virtuales.
Será hasta el próximo viernes 22 de noviembre cuando se lleve a cabo la audiencia en la que un juez federal emitirá un dictamen para determinar si la huelga es legal o no.
Durante el tiempo que dure esta indefinición, los salarios de los más de 800 trabajadores que no están involucrados en la huelga, estarán detenidos.
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