Por primera vez desde que inició su administración el gobernador Javier Corral hizo alusión al tema de los abogados laboralistas, que se han enriquecido manipulando a obreros a quienes los convencen de organizar paros en perjuicio de decenas de empresas, a cambio de jugosas liquidaciones con las que luego deben pagarles honorarios.
“Procuramos una justicia laboral imparcial pero tampoco nos hacemos de la vista gorda sobre la industria del litigio, que ha creado a algunos abogados laboralistas ricos y trabajadores liquidados, pero pobres”, afirmó Corral durante la presentación de su segundo informe de gobierno en esta frontera.
Explicó que actualmente en la disputa por atraer la inversión extranjera, las entidades federativas compiten con una serie de exenciones, estímulos fiscales, terrenos baratos y hasta capacitación.
“Chihuahua añade a su oferta la certidumbre jurídica a las inversiones porque ya se sabe en el estado, se sabe en el país y fuera del país que en esta entidad la ley no se negocia; es una y vale para todos”, afirmó.
En las semanas recientes la abogada laboralista juarense Susana Prieto Terrazas fue expuesta en medios digitales por presuntamente poseer propiedades en El Paso, Texas, valuadas en varios millones de dólares, en contraste con la protesta de obreros que encabeza en la ciudad de Matamoros Tamaulipas.
Prieto inició su participación como asesora de trabajadores en aquella ciudad luego de que se diera a conocer que algunas maquiladoras se negaban a entregar un bono que dan cada año, resultado de multiplicar la diferencia del aumento al salario que se haya autorizado, por 365 días.
Debido a que con la llegada del presidente Andrés Manuel López Obrador el incremento para 2019 fue de más de 80 pesos (al doble en la franja fronteriza) la multiplicación arrojó la cifra de 32 mil pesos.
La maquila reaccionó resistiéndose a pagar esa cantidad a los más de 80 mil obreros de la plaza, y ahí fue donde Prieto vio la oportunidad de intervenir.
No solo consiguió que 45 empresas fueran declaradas oficialmente en huelga, sino que todas aceptaron pagar el bono y un incremento del 20 por ciento al salario.
El problema se agudizó cuando la legista llevó la exigencia del bono y el incremento del salario a empresas que no tenían esa prestación en sus contratos colectivos.
“No a la manipulación”
Voces dentro de la industria juarense alertaron que lo hecho en Matamoros podría replicarse en Juárez, ya que existe el antecedente de que en el año 2015 la misma abogada impulsó el paro en varias plantas a las que obligó a entregar liquidaciones millonarias y cobró el porcentaje respectivo a sus “representados”.
Cálculos de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social estiman que en aquellas fechas las maquilas erogaron cerca de 50 millones de pesos en solo un año por concepto de liquidaciones.
El posicionamiento de Corral fue interpretado por algunos especialistas como una advertencia de que quienes pretendan manipular a la clase trabajadora, deberán atenerse al estricto cumplimiento de la ley.
En ese sentido la secretaria del Trabajo y Previsión Social del Gobierno del Estado Ana Luisa Herrera, dijo a NORTE que en todo el estado y particularmente en Ciudad Juárez hay un ambiente de estabilidad laboral.
“Hemos hecho un esfuerzo por robustecer nuestra inspectoría del trabajo y hemos hecho un quinientos por ciento más inspecciones con el afán de acompañar a pequeños y micro empresarios en el cumplimiento de la ley y el respeto a los derechos de los trabajadores”, precisó.
En comparación a lo que se hacía anteriormente pasaron de un promedio de cien, a más de tres mil inspecciones por año.
“Trabajamos mucho en resolver los conflictos a través del diálogo; nuestra capacidad conciliatoria aumentó en un cuarenta por ciento”, ponderó.
Cuestionada sobre la actuación de los abogados laboralistas, Herrera consideró que en esta frontera hay una clase obrera madura y responsable que sabe dialogar con sus empresas y sabe cuidar las fuentes de trabajo.
“Los conflictos deben resolverse vía dialogo para que sea un ganar ganar y no es necesario que tengan que pagar por asesorías para resolver sus asuntos, porque está muy fortalecida la Procuraduría Federal para la Defensa del Trabajo (Profedet) para atenderlos de forma gratuita”, concluyó.
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