Los abogados de Juárez ya tienen identificado al grupo criminal que los está matando, pero tienen miedo de revelar el nombre, por temor a represalias.
También señalan que se han acercado al fiscal Carlos Manuel Salas para plantearle la situación, pero la respuesta que recibieron es que sean ellos mismos los que investiguen los hechos.
“Eso le correspondería a la Fiscalía, no a los abogados”, replicó el presidente de la Asociación de Abogados Penalistas de Ciudad Juárez, Mario Alberto Espinoza Simental.
Luego de rechazar que los litigantes Néstor Rascón Montañez de aproximadamente 36 años de edad y Miguel Gutiérrez Alvarado de 43, asesinados anoche, tuvieran algún tipo de amenaza, Espinoza Simental dijo que estaban indignados y responsabilizó al crimen organizado.
“Estamos totalmente indignados ante este crimen artero por parte del crimen organizado”, expresó.
Reveló que en la mayoría de los eventos, los responsables son de un cierto grupo delictivo, pero prefirió no identificarlo por razones de seguridad.
“La situación es tan grave que se ha ido con el Fiscal (Carlos Manuel Salas) y él nos dice que nosotros investiguemos, cuando esa es función de Fiscalía”, reprochó.
En ese sentido refirió que han tenido que buscar formas de protegerse por su propia cuenta al contratar escoltas de seguridad privada, estar armados legalmente, usar vehículos blindados, instalar cámaras de videovigilancia y colocar puertas de seguridad.
“No tenemos ninguna garantía por parte del Estado, para poder llevar a cabo nuestra profesión. Estamos totalmente desprotegidos porque no se actúa y no hay personas detenidas”, señaló.
Describió a los colegas privados de la vida anoche en su despacho de las calles Fernando Montes de Oca y Cholula del fraccionamiento La Playa, como “muy activos en la atención de casos de alto impacto”, tanto en materia penal del fuero común, como en temas federales.
Llevaban casos de homicidios, secuestros, portación de armas en el fuero común, y otros relacionados con crimen organizado en el federal.
De acuerdo a lo que ha estado ocurriendo en los últimos meses, dijo, es evidente que los abogados penalistas “no contamos con garantías para desempeñar nuestra profesión”.
“El Estado esta totalmente ausente en Juárez para darnos esta garantía de seguridad”, reiteró.
Sostuvo que no es la primera vez que ocurren ataques contra el gremio, en este caso a escasos metros de la delegación de la Fiscalía General de la República (FGR) y del edificio de Gobierno del Estado conocido como Pueblito Mexicano.
Recordó los casos del abogado Cesar Gaspar Castañeda Candelaria, asesinado el 22 de julio de 2024 frente a un módulo Centinela de avenida Tecnológico y bulevar Zaragoza, y el también abogado y funcionario federal Alfonso Miramontes Caro, ejecutado afuera de su casa el 28 de junio del mismo año, en el fraccionamiento Fuentes de los Nogales.
En los últimos dos años, calculó, más de doce abogados penalistas han sido privados de la vida por el mismo grupo criminal del que no quiso dar más detalles.
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