Este miércoles en la Ciudad Judicial se celebra una audiencia de control, tras la inconformidad del Ministerio Público por no ejercer acción penal contra 3 funcionarios de la administración de Javier Corral. Entre ellos, se encuentra el extitular de la Secretaría de Hacienda, Arturo F. V.
El antecedente de investigación señala que el Fideicomiso para la Competitividad y Seguridad Ciudadana (Ficosec), presentó en junio pasado denuncias penales por daño patrimonial contra el exsecretario. También contra dos de sus subalternos, Adriana R. A. y César B. R. Lo anterior, por no administrar los recursos etiquetados para la operación del organismo.
En este caso, Gobierno del Estado dejó de pagar un total de 66 millones de pesos por concepto de aportaciones para la operación del fideicomiso. La cifra reclamada suma 114 millones 879 mil 594 pesos por acumulación de intereses moratorios.
Al respecto, la Fiscalía aclaró ante la jueza que los tres funcionarios falsificaron reportes financieros, simulando la entrega de recursos.
Aunque la imputación estaba lista desde julio de este año, según la relatoría de las fiscales del caso, el entonces ministerio público de la Unidad Especializada en Delitos Diversos de la Fiscalía Zona Centro, Héctor Alonso Hernández Uribe, actuó imparcialmente. Esto, ya que emitir un acuerdo denegatorio que propició que no se ejerciera acción penal.
Lo anterior, en una audiencia celebrada el pasado 2 de agosto.
Acusan que extitular de Hacienda desvió recursos
Durante la diligencia del martes, encabezada por la jueza Abigalil Sosa Rivera, la representación social leyó además hechos constitutivos de delitos por el uso ilegal de funciones y atribuciones,. También por peculado agravado.
Según las ministerio público Tatiana Núñez y Beatriz Adriana Hernández, el extitular de Hacienda y sus subordinados desviaron recursos destinados a la institución para otros fines.
En la audiencia participa el apoderado legal de Ficosec, Carlos Ochoa, quien ratifica la acusación contra los exfuncionarios.
Con base a los antecedentes de la investigación, la dependencia no recibió recursos del Estado entre diciembre de 2020 y marzo de 2021; estos estaban garantizados del 5 por ciento de lo recaudado por el cobro del Impuesto Sobre la Renta.
Hasta el pasado 31 de marzo, el Gobierno del Estado no había dispersado los recursos reclamados.
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