La medida de imponer multas a los ciudadanos que utilizan su vehículo con más de dos pasajeros, resulta ser una acción que además de ser ilegal, irracional, sin proporción, violenta las garantías de los ciudadanos, según el punto de vista jurídico emitido por especialistas en la materia.
Norte Digital entrevistó a tres abogados sobre el tema y coincidieron en que la acción implementada por las autoridades estatales refleja la falta de sensibilidad y la ausencia de una justificación legal pues a saber, ni los Cabildos ni el Congreso aprobaron las nuevas multas.
De acuerdo a la abogada Mardia Astorga García, en representación de la Asociación de Abogados Postulantes Independientes, se debió primero implementar la medida de amonestación o de prevención del resguardo obligatorio, antes de pensar en imponer multas a los ciudadanos quienes consideran discriminatoria la disposición que por acuerdo emitió el gobernador Javier Corral.
“Estamos ante una medida evidentemente recaudatoria. El ciudadano queda vulnerable, al toparse con la intolerancia del gobierno que aplica una multa sin privilegiar sus derechos fundamentales”, añadió Astorga quien de paso cuestionó: “¿Qué tanto se está preponderando un derecho por encima del otro”.
Planteó que incluso los particulares tienen la posibilidad de buscar el amparo contra un auto de autoridad violatorio a sus garantías, y en su caso ir por la suspensión provisional o definitiva de la acción del gobierno.
El problema, uno más, que deberán enfrentar las personas que busquen el amparo, es que los juzgados en este momento no están laborando como medida preventiva contra el coronavirus.
“Estamos ante una situación de injusticia social, y en donde los más perjudicados son los mismos ciudadanos”, agregó.
MEDIDA INNECESARIA E IRRACIONAL
Desde el punto de vista del abogado y derecho humanista Óscar Altamirano, la imposición de las multas a los automovilistas “representa una medida que no es idónea, además de ser innecesaria y desproporcional”.
“No es idónea porque no cumple con el objetivo del acuerdo del gobernador de lograr que la gente no salga de sus casas, pues finalmente la gente tendrá que salir a pagar esa multa a las oficinas de gobierno y exponerse a un riesgo de contagio”.
“Y es desproporcionada porque la conducta leve resulta en una multa grave”, añadió.
Mencionó que al no existir una razón jurídicamente válida para la imposición de las multas, entonces la acción resulta en una medida recaudatoria.
“No se pueden aplicar sanciones irracionales si no están suficientemente justificadas”, expuso Altamirano.
Aún cuando hay materia para solicitar un amparo y así evitar las multas, “el trámite no resulta ser rápido o no va a ser incluso barato para las personas. Solo queda apelar al buen sentido prudencial de la autoridad para evitar aplicar sanciones indistintamente”,
‘FALTAN GOBERNANTES EMPÁTICOS’.
Para la también abogada Irma Medrano, coincide en que se trata de una medida ilegal.
“Estamos ante una gran falla estatal y municipal, pues se debió primero apostar a la política pública de la prevención, de concientizar a la gente de los riesgos y el peligro que corre la gente. Lo último que se debió hacer es tipificar y sancionar esa conducta”.
Cuestionó también: “¿cuál fue el fundamento legal para cobrar o determinar las multas, si fueron o no los Cabildos quienes aprobaron la medida, o en qué parte de la legislación estatal está estipulada la sanción?”.
Asimismo coincidió en que las autoridades estatales y municipales fueron omisas al no llevar a cabo una campaña intensiva entre la población para hacer de su conocimiento los riesgos sobre la medida de prohibir a los ciudadanos que circulen en sus vehículos con más de dos pasajeros.
“Lo único que están provocando es reforzar el temor al castigo y luego crear una especie de psicosis. Lo que necesitamos en este momento son gobernantes empáticos, solidarios, conscientes, sensibles y justos”, añadió la abogada Medrano.
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