Ignacio Zaragoza, 20 minutos en el infierno

“Nos estamos quedando muy solos, las ventas nos han impactado demasiado”, expresa la dependienta de una tienda en Ignacio Zaragoza, municipio de la zona occidente de Chihuahua, donde hace dos meses un contingente de 200 pistoleros mató a ocho personas e incendió casas y negocios.

“Los negocios en lugar de estarse agrandando, sosteniendo, se están haciendo más chiquitos, estamos surtiendo menos, porque ya no podemos más, no hay quien compre”, relata, mientras termina de trapear el local comercial, piso de cemento y poca luz.

En el lapso que duró la entrevista, aceptada a condición de reservar el nombre, llegó un proveedor a surtir algo de mercancía.

Al fondo un muchacho de unos diecinueve años acomodaba productos en uno de los refrigeradores.

La plática no era fluida. A cada pregunta la mujer dejaba una pausa de varios segundos, como tratando de ordenar las frases para no decir algo que pudiera ponerla en riesgo.

“Me estaba comentando otro comerciante que lo que tenemos que hacer es hacernos a la idea de pedir menos, hacer pedidos más chiquitos”, comenta al fin.

El reportero pregunta qué es lo que más anhelan.

“Tranquilidad y paz es lo que le pedimos a Dios, que vuelva la paz a nuestro pueblito tan bonito y tan tranquilo (que era). Yo tuve una niñez maravillosa, la cual no la han tenido mis hijos, porque ahorita están encerrados.

Íbamos a los bailes solas, a pie. Se terminaba el baile a las dos de la mañana y ahí venimos con los tacones en la mano, despasito, porque no había ni quien le faltara a uno al respeto. Y ahora olvídese. Una situación (en la que) ya no hay confianza, ya no hay, ahí se mantiene uno nada más cuidando a ver qué”.

Termina su respuesta y de nuevo la interrumpe el silencio. En el fondo no quería seguir hablando.

-¿Confían en las autoridades?

“No, para nada, menos en el que está ahorita. Menos. Hace un mes, fue el seis de mayo esto y vea como está la calle. No ha sido para venir a limpiar. Este presidente que tenemos ahorita no ha servido para nada”, espeta.

Tuvo razón en la queja. Afuera de las casas siniestradas siguen las láminas y las vigas quemadas tiradas en la banqueta.

-Qué difícil situación…

“Sí, muy difícil porque realmente estamos solos. Nadie lo apoya a uno. Estamos con lo más importante y más poderoso, con la mano de Dios, pero aquí autoridades, no hay”, termina.

Entre los muertos por la incursión violenta del 6 de mayo estuvo la candidata a regidora del PRD Liliana García. Después se supo que la agresión iba dirigida al candidato a alcalde por ese partido, Felipe Mendoza.

Atribuido a un grupo de la delincuencia organizada que opera en la región occidente, el ataque tuvo sus efectos.

Al contabilizarse el 97 por ciento de las casillas de la elección del 1 de julio, Mendoza solo recibió 43 votos.

El ganador fue Lauro Orozco, postulado por Movimiento Ciudadano, con mil 43 sufragios.

En segundo lugar quedó Omar Escorza del PAN con 994, y en tercero, Fidel Trejo del PRI con 757.

Olor a muerte y olvido

El 4 de junio de 2018 el equipo de Norte recorrió las calles del lugar, vacías y anchas, repletas de abandono, la desesperanza detrás de puertas y ventanas.

Un abuelo y sus nietos dejaban correr la tarde recordando el momento en que su propia casa estuvo a punto de incendiarse, por colindar con uno de los negocios destruidos.

“Ahí salió mijo con una manguera a echarle agua al techo y toda la casa se le llenó de humo”, recordó el octogenario. Los más jóvenes no decían nada, solo se quedaban mirando hacia la calle, a ningún lado.

Ya hace mucho que dejaron de ir a fiestas, incluso salir de noche, no se puede, es peligroso. Tal vez por eso en sus miradas había un dejo de tristeza, como cuando se pierde el rumbo, como cuando asecha la desolación.

A finales de 2016, desde la administración estatal se manejó la hipótesis de que municipios de la sierra padecían serios problemas de infiltración en sus policías.

Más de la mitad de los jefes policiacos tenía reprobados los exámenes de control de confianza aplicados por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, a través del Centro Nacional de Control de Confianza. Una bomba de tiempo.

Con base en ello, recién iniciadas sus funciones como gobernador constitucional del Estado de Chihuahua, el panista Javier Corral Jurado emitió un decreto el 15 de febrero de 2017.

Fuerzas estatales reemplazarían a las policías municipales de Ignacio Zaragoza, Madera, Temósachic, Gómez Farías, Casas Grandes y Nuevo Casas Grandes; y un poco después, con otro decreto el 1 de abril de 2017, Cuauhtémoc.

Apenas había pasado un año de aquellas decisiones, cuando el 5 de marzo de 2018, un comando armado privó de la libertad y mató al tesorero municipal de Ignacio Zaragoza, Guadalupe Payán Villalobos, de larga trayectoria dentro del mismo partido del gobernador.

Dos meses después, el 6 de mayo, un ejército de sicarios tomó el pueblo entero, bloqueando accesos y salidas, para ir directamente a destruir las propiedades y negocios del candidato del PRD Reyes Felipe Mendoza Pérez. Recién amanecía y ya humeaban los techos de las casas y los locales.

La Fiscalía informó que el ataque fue apenas repelido por hombres vestidos con equipo táctico, que fueron fácilmente superados, sugiriendo que se había tratado de un enfrentamiento entre grupos antagónicos del narco.

Sin embargo, el saldo rojo fue contundente. Ocho personas muertas, algunas calcinadas y decapitadas, todas acribilladas, entre ellas, la candidata a regidora del PRD, Liliana García.

Los diez agentes estatales que estaban de guardia vieron llegar las camionetas repletas de hombres armados y decidieron no enfrentarlos.

Pasaron a toda velocidad por la carretera que entra a la cabecera municipal. Los elementos de la CES los vieron desde dentro del hotel donde pernoctan, pero por el número de atacantes que eran, optaron por no intervenir.

Policías no superhéroes

La turba de delincuentes que llegó a Ignacio Zaragoza en el amanecer del domingo 6 de mayo, no encontró ninguna resistencia de parte de los agentes estatales que fueron designados para resguardar la seguridad del pueblo desde febrero de 2017.

Apenas hacía un mes ya había ocurrido un hecho violento que perturbó el lugar, cuando hombres armados se llevaron al tesorero municipal y lo asesinaron.

Ni con ese antecedente la autoridad estatal tomó precauciones. Solo diez agentes estatales estaban en el pueblo al momento del ataque. Vieron pasar el convoy de más de 25 camionetas, cada una con diez a quince hombres armados en su interior. Se quedaron paralizados.

“…Digamos ciento treinta a doscientas personas, para diez elementos que estábamos aquí, la verdad pues no podíamos hacerle al superhéroe, (…) nosotros para detener a una persona, si es una persona, necesitamos superarla en número, de perdida debemos ser de dos a tres personas para poderla asegurar, para restringirle sus movimientos, para que no haya ningún tipo de agresión, y ahí no podíamos”, justificó un agente que presenció el hecho y aceptó la entrevista a reserva de su identidad.

Se refería al Modelo de Uso de la Fuerza que utilizan las policías en casos de arrestos.

Sin embargo, la situación que se vivió en Ignacio Zaragoza ese domingo, estuvo lejos de poder compararse con un arresto o una detención cuerpo a cuerpo.

Se trató de un ataque directo a población civil para el que las fuerzas estatales demostraron en los hechos no estar preparadas.

No fue un error de los agentes presentes, sino de quienes coordinan la distribución de elementos en las zonas del estado que por su conflictividad requieren mayor presencia.

La incursión violenta estuvo calculada en todos sus detalles; por eso antes de ir al ataque directo, cerraron el acceso al pueblo.

“Entran las camionetas, se dividen, cierran la entrada y salida del pueblo, porque ahí se alcanza a percatar en el hotel, y no dejaron (solo) una camioneta, eran demasiadas camionetas, y ya se dispersaron por todos lados, ya nomas se escucharon detonaciones y fue todo”, describió el agente entrevistado.

Después de 20 o 25 minutos que duró la cacería, los delincuentes se fueron y entonces los policías que estaban pertrechados, salieron.

-¿Qué fue lo que encontraron?

“Hubo daños materiales, casas incendiadas, vehículos, y personas sin vida, por proyectil de arma de fuego…”, relató el agente.

Visiblemente tenso, antes de concluir su testimonio, dio en el clavo:

“Somos pocos”, afirmó y enseguida agregó: “Tratamos de hacer lo mejor, de darle seguridad al pueblo”.

A la pregunta de si estaba dispuesto a dar la vida, respondió: “La verdad sí, pero hay que saber cuándo”. No dijo más.

Cacería humana

La candidata del PRD a regidora para la elección del 1 de julio de 2018, Liliana García Mendoza, intentó huir de la turba de sicarios que llegaron al pueblo para matar al candi- dato a presidente municipal, Reyes Felipe Mendoza Pérez.

Fue subida por la fuerza a un vehículo y después ejecutada. Dejaron su cuerpo tirado en un arroyo donde los agentes ministeriales encontraron rastros de que había sido arrastrada.

Otras cuatro personas que también se encontraban en una de las casas atacadas lograron abordar una camioneta y huir a toda velocidad.

Pero sus verdugos lograron alcanzarlos en el camino que va al poblado de Francisco I. Madero, en sentido contrario a la entrada principal del pueblo que estaba bloqueada.

Los mataron a mansalva e incendiaron el vehículo. A uno de los hombres le cortaron la cabeza. Otro quedó totalmente carbonizado. Entre los cuerpos estaba también el de otra mujer.

El infierno desde que entraron al pueblo las 20 o 30 camionetas duró 20 a 25 minutos. Una eternidad de angustia para la población y de terror para quienes sortearon así los últimos momentos de su vida.

Hasta el cierre de este trabajo no se ha informado de ninguna detención relacionada con el ataque en Ignacio Zaragoza.