El Instituto Chihuahuense de las Mujeres se sumó al reclamo de organizaciones defensoras de los derechos de la mujer para exigir que el sacerdote Aristeo Baca Baca, acusado de violación agravada contra una menor de 11 años, enfrente su proceso en prisión preventiva.
El cura dejó ayer el penal estatal y quedó bajo arraigo domiciliario, medida que provocó inconformidad entre organismos y grupos defensores de las mujeres.
“En la medida en que haya mayores sanciones para los abusadores sexuales y violadores, mayor probabilidad hay de que se puedan inhibir este tipo de delitos”, enfatizó Emma Saldaña Lobera, directora del Ichmujeres.
«La medida cautelar impuesta al sacerdote de llevar el proceso en su domicilio, es una violación hacia los derechos de la víctima y su familia, por lo que consideramos que debe ser revocada», sentenció.
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