Santiago tiene 32 años, trabajaba en una maquiladora en Durango, pero grupos de delincuencia organizada que dominan la zona donde vive lo quisieron obligar a cambiar su actividad económica y dedicarse a distribuir estupefacientes: mariguana, cocaína, cristal.
Por negarse, él y su hermano fueron amenazados de muerte. Esa fue la razón de que decidieran venirse a Juárez para tratar de cruzar el río Bravo.
Hace unos días su hermano, su cuñada y una hija pequeña lograron pasar al otro lado y pedir asilo. No sabe si se los concedieron.
Él está ahora a la espera de poder hacer lo mismo con su esposa embarazada y sus tres hijos, dos varones de 14 y 10 años y una pequeña de 3.
“Hicimos una solicitud por escrito a un güero que vino del otro lado y estamos a la espera, ahí se incluyó una prueba de embarazo de mi esposa”, contó mientras estaba esperando información afuera del Centro de Atención Integral al Migrante (CAIM).
Anoche (jueves) la familia durmió en un albergue llamado La Última Milla, ubicado a unos 30 kilómetros del centro, en la zona del Cereso.
El drama de Santiago es similar al de miles de mexicanos que están saliendo de sus comunidades huyendo de la violencia de los narcotraficantes.
De acuerdo con su testimonio en el municipio donde él vivía -Santa Clara, Durango- el crimen organizado manda en el pueblo e incluso “pusieron al presidente municipal”.
“Ellos tienen controlado todo, desde Santa Clara hasta Cuencamé y Gómez Palacio… ayer me fueron a buscar otra vez y me dejaron dicho que no regresara; a la mejor mis papás también se vienen para acá por lo mismo”, relató.
Para Santiago no es opción quedarse en Juárez. Los brazos del crimen van más allá de los límites de su municipio y la organización criminal que los hostiga allá también opera en esta frontera. “Ellos saben que ando por aquí, por eso lo voy a seguir intentando hasta que pueda cruzar”, afirmó.
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