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Hospital estatal practica abortos pese a que el Código Penal de Chihuahua los castiga con cárcel

La Secretaría de Salud confirma que el Hospital “Salvador Zubirán” realiza procedimientos dentro del marco de disposiciones federales

Por Alejandro Salmón Aguilera | Norte Digital | 10:21 am 2 noviembre, 2025

El Código Penal del Estado de Chihuahua en vigor sanciona el aborto con años de cárcel a la mujer que se lo practique, y con la cancelación de licencia al médico o partera que lo realice.

Además, al personal médico que participe en la suspensión del embarazo se le imponen penas de prisión, tanto o más severas que a la mujer que aborta.

No obstante, esa prohibición —establecida en el Capítulo V del Código Penal del Estado— no ha impedido que en el hospital “Salvador Zubirán”, administrado por el Gobierno estatal, se practiquen abortos y se ofrezcan consultas médicas a mujeres que buscan interrumpir su embarazo.

Información oficial de la Secretaría de Salud, obtenida vía transparencia, indica que solo en este año se han practicado siete suspensiones de embarazo en dicho nosocomio, también conocido como Hospital General.

De esos siete casos, dos correspondieron a niñas de 14 años; las otras cinco mujeres tenían 18, 19, 20, 25 y 31 años de edad.

Aborto seguro… en un hospital estatal

Aunque la postura del partido gobernante ha sido oponerse tajantemente a legalizar la interrupción del embarazo, el Hospital Salvador Zubirán está inscrito en el padrón “Aborto Seguro” del Gobierno Federal.

El portal oficial www.gob.mx/salud/cnegssr/articulos/directorio-de-servicios-de-aborto-seguro informa sobre los hospitales públicos —estatales y del ISSSTE— donde se puede acceder a los Servicios de Aborto Seguro (SAS).

De acuerdo con esa información, en dichos centros se atiende a “mujeres, niñas, adolescentes y personas con capacidad de gestar que requieran atención al aborto espontáneo o inducido, desde un enfoque de derechos humanos, acceso a la salud y en apego a la NOM-046”.

El documento añade que esos servicios tienen “el objetivo de proporcionar atención al aborto en condiciones de seguridad, con personal de salud multidisciplinario, capacitado y sensibilizado para garantizar la más alta calidad y calidez en el servicio”.

En el directorio de hospitales con ese servicio figura el Salvador Zubirán, ubicado en la avenida Prolongación Teófilo Borunda No. 510, colonia El Bajo, C.P. 31200, Chihuahua. El horario es de lunes a viernes, de 8:00 a 15:30 horas.

El número telefónico es 614 429 3300, ext. 21592, y la Línea de Servicio de Aborto Seguro: 614 119 2817.

“Sí, se han practicado abortos en el Hospital Salvador Zubirán”, confirmó el secretario de Salud estatal, Gilberto Baca, quien aclaró que las intervenciones se realizan dentro del marco legal y por disposición federal, la cual establece que cada estado debe contar con un hospital designado para esas funciones.

A todo esto, ¿es delito?

Según el Código Penal del Estado de Chihuahua, el aborto es una práctica delictiva sancionada con hasta seis años de prisión y otras penalidades según la función o gravedad del caso.

El Capítulo V, dedicado al aborto, define en su artículo 143 que éste consiste en “la muerte del producto de la concepción en cualquier momento del embarazo”.

A quien provoque el aborto a una mujer se le impondrá de seis meses a tres años de prisión, si lo hace con su consentimiento; si es sin su consentimiento, la pena aumenta de seis a ocho años.

El artículo 144 prevé sanciones para médicos, parteras, enfermeros o practicantes que lo realicen, con suspensión del ejercicio profesional por un tiempo igual al de la pena de prisión impuesta.

Mamá, embarazo, madres; migrantes
NORTE DE JUAREZ A 04 DE FEBRERO DEL 2014. VISITA AL ALBERGUE PARA MUJERES EMBARAZADAS Y DESAMPARADAS ( VIFAC ), ESTO PARA ILUSTRAR NOTA DE HERIKA MARTINEZ SOBRE EL EMBARAZO EN JOVENCITAS. FOTOS: ISMAEL VILLAGOMEZ / NORTE.

A la mujer que aborte voluntariamente, el artículo 145 le fija penas de seis meses a tres años de cárcel.

Las excepciones están en el artículo 146:

1.         Cuando el embarazo sea producto de una violación, siempre que se practique dentro de los primeros 90 días de gestación.

2.         Cuando, de no provocarse el aborto, la mujer corra peligro grave para su salud, con dictamen médico.

3.         Cuando el embarazo sea resultado de una conducta imprudencial de la propia mujer.

4.        Datos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) señalan que, en los primeros nueve meses del año, cuatro personas fueron detenidas y vinculadas a proceso por el delito de aborto en Chihuahua. En 2024 fueron siete los detenidos por la misma causa.

Discusión sin fin

Aunque en la práctica ya se realizan interrupciones de embarazo, la despenalización del aborto sigue siendo un tema que divide al Congreso de Chihuahua.

El Partido del Trabajo y Morena han presentado iniciativas para reformar el Código Penal y despenalizarlo, mientras que el Partido Acción Nacional, aliado con el PRI y Movimiento Ciudadano, se mantiene en contra.

“Nuestra postura como grupo parlamentario del PAN es clara: siempre vamos a estar en defensa de la vida”, afirmó la diputada panista Yesenia Guadalupe Reyes Calzadías, presidenta de la Comisión de Salud del Congreso.

Sin embargo, reconoció que el gobierno estatal ofrece servicios médicos en su hospital público para garantizar un “procedimiento seguro” a las mujeres que deciden interrumpir su embarazo.

“Lo que buscamos es que se realice la práctica segura, que se privilegie la vida de la persona, que no se someta a riesgos ni se acuda a lugares clandestinos”, agregó.

Por su parte, la diputada Irlanda Márquez Nolasco (PT) sostuvo que las alas conservadoras han impedido avanzar en legislaciones a favor de las mujeres, como la despenalización del aborto o la tipificación de la violencia vicaria.

“No podemos seguir mandando estos temas a la congeladora. Los diputados y diputadas conservadoras no quieren hacer su trabajo conforme a lo que dicta la Suprema Corte”, subrayó.

A pesar de las propuestas, los proyectos permanecen detenidos en comisiones presididas por legisladores de línea conservadora.

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