La falta de transparencia y rendición de cuentas propicia la corrupción, señaló la investigadora Olivia Aguirre Bonilla, en relación a la adjudicación directa a Seguritech del contrato para construir y operar la Torre Centinela.
“Este tipo de decisiones que se toman de manera discrecional o secreta, como lo quieran llamar, son un factor que propicia la corrupción, porque no hay un debido control, no hay una debida rendición de cuentas”, expresó la doctora en Derechos Humanos e integrante ciudadana de la Mesa de Seguridad.
Aguirre Bonilla, académica de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, especialista en seguridad ciudadana, dijo que no se ha explicado por qué se adjudicó de manera directa a esta empresa ese proyecto. Consideró que no basta con que se diga que la ley lo permite.
“No se sabe cuánto se va a invertir, cuánto va a ser lo que se requiere para estar supervisando, quién va a estar supervisando la colaboración de esta empresa, cuánto se va a estar invirtiendo por todo el equipo de tecnología , que se le tiene que estar dando mantenimiento. Si esta misma empresa es la que va estar dando mantenimiento cómo va a ser ese proceso, porque no hay claridad tampoco en la información que han presentado”, indicó.
Aguirre Bonilla detalló que se facilita la corrupción institucional cuando se toman decisiones de manera discrecional, no hay transparencia y se excluye a los ciudadanos, frente a un proyecto debería tratarse con enfoque de seguridad ciudadana.
La profesora investigadora dijo que tanto la transparencia como la rendición de cuentas, son principios internacionales de los derechos humanos que no pueden separarse de la seguridad ciudadana.
“La participación ciudadana implica también que le informes tú a los ciudadanos, cuánto es el gasto que se va a realizar. Creo que no se ha explicado por qué no se abrió una convocatoria pública, por qué no se evaluaron perfiles en cuanto a empresas que puedan dar este servicio”, explicó.
El gobierno de Maru Campos adjudicó de manera directa el contrato a Seguritech, en un proyecto de 4 mil millones de pesos para construir la Torre y equipar e instalar todo la Plataforma Centinela.
“Si no hay transparencia no hay una rendición de cuentas. Si aquí ya hay antecedentes, en donde esta empresa se le conoce a nivel nacional precisamente por la opacidad o falta de transparencia, pues es un punto que aquí se está viendo igual”, agregó.
Seguritech ha sido señalada por aplicar sobreprecios en sus equipos, entregar unidades obsoletas y no comprobar gastos de inversión para su mantenimiento, de acuerdo con investigaciones periodísticas que en distintos momentos realizaron Proceso, Grupo Reforma y semanario Zeta.
Desde el inicio está ausente la participación ciudadana
La investigadora de la UACJ señaló que desde un inicio se observa en este proyecto de la Torre y la Plataforma Centinela, que falta la inclusión de la participación de los ciudadanos.
“Yo no he visto mesas de diálogo sobre esto, sino una decisión del Ejecuto estatal únicamente.
Aquí lo primero es la falta de participación de la población de manera permanente y eso implica que no estamos hablando de una democracia realmente participativa”, expuso.
Consideró que esa ausencia se observa en el diseño y en la implementación del proyecto.
Recordó que hay informes internacionales como el de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que señalan la importancia de la participación ciudadana, sobre todo en temas de construcción de políticas de seguridad ciudadana.
“Aquí sí se habla de una política pública pero no es incluyente. Me parece que el decidir de manera, podemos decirlos, arbitraria, el no contemplar a los habitantes, pues desde ahí vemos una deficiencia desde un inicio”, indicó.
Destacó que este tipo de proyectos deben de convocar a consulta al ciudadano que será beneficiado o perjudicados con esa política de seguridad.
“Hablamos de una inclusión ciudadana, no a ciertos sectores, sino una participación ciudadana real, no ha ciertas élites o grupos o empresarios, o asociaciones civiles”, expresó.
Agregó que los ciudadanos deben externar su sentir respecto a esa política pública porque a final de cuentas va dirigida a todos, no nada más a unos cuantos.
“Esa perspectiva de participación ciudadana yo no la encuentro. Ese tipo de políticas siempre deben de ir vinculadas, como punto guía, con los derechos humanos. No podemos hacer políticas públicas excluyendo los derechos humanos”, dijo la especialista.
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