La denuncia que originó el aseguramiento la tarde del martes de dos viviendas en El Campestre, una de las cuales era ocupada por el alcalde con licencia, Cruz Pérez Cuéllar, y que son propiedad del exfuncionario municipal Daniel Pando Morales, fue presentada ante la Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua (FACH) desde hace cinco meses.
Fue el 30 de noviembre del 2023, cuando se presentó la denuncia por enriquecimiento ilícito, tanto en contra de Pérez Cuéllar, como en contra de quien fuera su director de Regulación Comercial.
Sin embargo, las denuncias por posibles actos de corrupción en la actual administración municipal comenzaron a interponerse ante la FACH desde octubre de 2022, hace año y medio, mucho antes de que arrancara el actual proceso electoral.
Hasta hoy, suman 11 las denuncias presentadas tanto por representantes de Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC), como legisladores, funcionarios del Gobierno local y ciudadanos.
La carpeta de investigación que enmarca la intervención del martes, se derivó de la denuncia promovida por los legisladores del Partido Acción Nacional (PAN), Daniela Álvarez, Marisela Terrazas y Gabriel García Cantú, con el respaldo de los dirigentes estatal y municipal de ese organismo político.
Los denunciantes argumentaron que ni Pérez Cuéllar ni Pando Morales justificaban, con la situación patrimonial que declararon ante la Secretaría de la Función Pública, ingresos para costear la adquisición de la residencia ubicada en la calle Del Fresno 1564, tampoco para pagar una renta.
“La solicitud para abrir carpetas de investigación por supuestas irregularidades de funcionarios es un derecho de todos los ciudadanos y no tiene porqué ajustarse a tiempos político-electorales porque la justicia no debe depender de este factor”, indicó Abelamar Chacón Rodríguez, coordinador de Contraloría Social de Plan Estratégico de Juárez (PEJ), OSC que interpuso la primera querella formal ante la FACH el 14 de octubre de 2022.
El caso está relacionado con la aparente irregularidad en la adjudicación directa y sin justificación de 115 contratos, por 366 millones 217 mil 090 pesos, para la prestación de bienes y servicios durante los primeros seis meses de la gestión de Pérez Cuéllar.
El derecho no debe condicionarse por factores políticos: Chacón Rodríguez
Ante la postura de Morena a nivel nacional, expresada por su presidente, Mario Delgado Carrillo, en torno a que la acción de aseguramiento emprendida por la autoridad estatal en contra del dueño de la casa donde habitaba Pérez Cuéllar con su familia tiene motivaciones electorales, el representante ciudadano consideró que el derecho no debe condicionarse por factores políticos.
“Hay tiempos electorales, pero la justicia y las instituciones no deberían detenerse por los tiempos electorales, incluso en las mismas administraciones nos han dicho, desde el último semestre del año pasado –en nuestras gestiones y trabajos con funcionarios municipales– que hay temas que es difícil que avancen porque los tiempos ya no dan por algunas cosas (políticas)”, explicó.
Aparte de la solicitud de investigación interpuesta en octubre de 2022, representantes de PEJ presentaron otras dos ante la FACH. Una el 8 de marzo anterior contra quien resulte responsable por los contratos que el Gobierno municipal de Juárez otorgó en 2021 a la empresa Courmextres, propiedad de Raúl Héctor Rodríguez Montaño, vinculada a la ahora exfuncionaria de la administración, Alma Guadalupe Ortega Rodríguez, quien fue coordinadora administrativa de la Dirección de Mantenimiento Mecánico.
Esta carpeta de investigación fue abierta para indagar un gasto de 17.5 millones de pesos. La otra fue presentada el 20 de marzo pasado contra el exfuncionario crucista, Iván Pérez Ruiz, por su presunta participación en los delitos de tráfico de influencias, además de uso indebido de atribuciones y facultades, ante la compra de productos de limpieza por un monto de 10.5 millones de pesos, presuntamente a través de una empresa fachada.
Chacón Rodríguez expresó que PEJ espera y quiere que las denuncias que han interpuesto no se muevan por cuestiones electorales porque lo que buscan es justicia ante los diversos actos en los que presumen posible corrupción.
“No quisiéramos que esto se utilizara por cuestiones político-electorales, nosotros como organización hacemos lo propio, lo que nos corresponde, atendemos a nuestro derecho de revisar las cuentas públicas y presentar denuncias donde nosotros identificamos posibles riesgos o actos de corrupción”, explicó.
Plan Estratégico ha presentado denuncias desde 2018
La organización que representa, añadió, ha presentado diversas denuncias contra posibles actos de corrupción de la administración municipal desde 2022, pero existen otras por el mismo motivo desde 2018, con relación a la pasada gestión juarense, pero poco o nada se han movido esos señalamientos.
Argumentó que, como asociación civil, tienen ese derecho y lo ejercen al presentar denuncias al menos desde hace seis años.
Dijo que, por alguna razón, ahora la FACH está actuando en algunas investigaciones para el caso de un probable enriquecimiento ilícito.
Las otras siete denuncias que están en proceso de la FACH, son la interpuesta el anterior 29 de septiembre contra Pérez Cuéllar por la compra de pruebas rápidas de Covid-19 con un costo de 15 millones de pesos. Según la acusación, los recursos fueron presuntamente desviados del programa Cruzada por la Nutrición; la investigación fue solicitada por Carlos Gutiérrez Casas, Ernesto Robles Cuéllar y Rosalba Bernal.
Los mismos ciudadanos presentaron otros dos señalamientos el 24 de octubre de 2023 contra el alcalde con licencia. Uno por la compra de 250 mil kits escolares con un sobreprecio de 54 millones de pesos. La inversión total fue de 122 millones 371 mil 400 pesos. El segundo señalamiento está relacionado con el probable desvío de fondos del Presupuesto Participativo, los que se aplicaron en otros rubros.
El 6 de diciembre del año pasado se presentó otra denuncia ante la FACH, en contra de Pérez Cuéllar y el exdirector de Desarrollo Económico municipal, Iván Antonio Pérez Ruiz, quien presuntamente, de acuerdo a ese primer señalamiento, se habría beneficiado con contratos por 6.5 millones de pesos.
En la denuncia fueron incluidos también el secretario del Ayuntamiento, Héctor Ortiz Orpinel, Deyanira Hernández, Rosa Angélica Alarcón, Ana Estrada y Arturo Rivera, por uso ilegal de atribuciones y facultades sobre las compras y licitaciones dentro del Gobierno municipal.
La indagación fue solicitada por la presidenta del comité municipal del PAN, Xóchitl Contreras, así como las diputadas Marisela Terrazas y Daniela Álvarez, además de los regidores Austria Galindo, Joob Quintín Flores Silva y Víctor Talamantes.
Ya este año, el 18 de enero, se hizo un señalamiento más en contra del presidente municipal con licencia; el director de la OMEJ, Andrés Domínguez Alderete; la directora de Desarrollo Urbano, Claudia Verónica Morales; el director de Parques y Jardines, Daniel Iván Zamarrón Saldaña; y el secretario del Ayuntamiento Héctor Ortiz Orpinel, por los delitos de ejercicio ilegal del servicio público, uso ilegal de atribuciones y facultades y los que resulten.
La petición ante la Fiscalía fue por la edificación de la casa de cambio Dollar 2 Go en las inmediaciones de El Chamizal; los denunciantes fueron los regidores del PAN, Austria Galindo Rodríguez, Enrique Torres Valadez, Mirka Rebeca Villalva Rosales, Alma Edith Arredondo Salinas, Joob Quintín Flores Silva y Víctor Manuel Talamantes Vázquez, además de dos regidoras de Morena, Cecilia Reyes Castro y Vanessa Mora de la O.
Las denuncias más recientes fueron interpuestas ante la FACH por la Sindicatura Municipal, encabezada por Esther Mejía Chávez, el pasado 15 de abril, en contra de funcionarios del Municipio; la primera por los delitos de uso ilegal de atribuciones y facultades, así como peculado, a raíz de la entrega de cheques a directivos escolares que debieron endosar a contratistas designados por el Municipio, 160 millones de pesos en total, a través del programa “Cruzada por la Educación”.
La segunda, fue generada por la contratación de juegos mecánicos instalados en el centro de la ciudad con un gasto de 3 millones 300 mil pesos, y en la que se señala como presunto responsable al secretario del Ayuntamiento con licencia, Héctor Ortiz Orpinel.
Esperan resultados en todas las denuncias
Ahora que la FACH llevó a cabo las primeras acciones derivadas de denuncias interpuestas ante esa instancia contra funcionarios y exempleados del Municipio, PEJ espera que las tres carpetas de investigación que solicitaron abrir también generen resultados a la brevedad posible.
Chacón Rodríguez indicó que hasta ahora no han visto ningún resultado de las indagaciones que solicitaron, aunque saben que las autoridades están trabajando en estos temas y que espera que estén atendiendo a cuestiones del proceso y no a factores político-electorales, una condición que las propias autoridades deben establecer.
Consideró que denunciar posibles actos de corrupción de funcionarios es un derecho, mientras que las autoridades están obligadas a tender, resolver y deslindar responsabilidades, independientemente de si son o no tiempos políticos-electorales.
Los funcionarios de los distintos órdenes de Gobierno, dijo, claramente se mueven por intenciones político-electorales en lugar de atender las necesidades y los grandes rezagos que tiene la ciudad, incluidas tanto las competencias del Gobierno del Estado como del municipal.
Con relación a las expectativas por las denuncias que presentó PEJ, dijo que esperan ver resultados pronto, porque desde que interponen una acusación formal están a la expectativa de resultados lo antes posible
“Siempre hemos estado esperando una respuesta de manera ágil, ahorita estamos viendo que se está atendiendo una denuncia que alguien más presentó, entonces nosotros también vamos a estar esperando respuesta, resolución a esas denuncias”, expuso.
Independientemente de los tiempos, agregó, PEJ espera que no se sigan dando más largas a los señalamientos presentados
Dijo que también se espera que los procesos no se detengan por cuestiones político-electorales, para alcanzar su derecho a la justicia.
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