A la vez que se aplica el Programa Nacional de Vivienda para el Bienestar (PNVB) en el Municipio de Juárez, los problemas vigentes de vivienda, como las casas abandonadas, también deben resolverse ante el riesgo de que se agudicen, advirtieron urbanistas fronterizos.
Llamaron la atención hacia el hecho de que mientras se planea la construcción de 35 mil casas en esta frontera, dentro de su territorio existen al menos 56 mil 279 que están abandonadas, arrojaron los resultados del Censo del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) 2020.

La vivienda abandonada, mencionó el urbanista y profesor universitario de Arquitectura y Planeación, Gabriel García Moreno, es un problema que permanece y es algo que las autoridades deben solucionar y no dejarlo en el olvido.
Desde hace 15 o 20 años, durante la primera década de este siglo, Ciudad Juárez tenía una cuarta parte de su inventario de vivienda deshabitada, para el Censo del 2020 esa cantidad se redujo de una manera importante, ahora una octava parte de las casas están deshabitadas, expuso.
Explicó que cuando el Inegi realiza sus censos solo tiene dos categorías: vivienda habitada, que es cuando alguien está ocupándola, y vivienda deshabitada, cuando no hay nadie en ella.
Más allá del régimen de propiedad, lo que ahora está vigente es que una cantidad importante sigue desocupada y se ubica hacia las zonas de la periferia, pero aun así, existe un déficit de habitaciones.
Las políticas federales provocaron que se redujera la construcción de vivienda de interés social y solo continuó la de media y residencial dentro del anillo que se suponía iba a evitar la dispersión o el crecimiento desordenado de la ciudad, comentó.
Entonces, continuó, dejaron de existir habitaciones asequibles dentro de la ciudad, junto con eso, las rentas comenzaron a aumentar de manera importante y se produjo una paradoja de viviendas deshabitadas, pero que están ocupadas (invadidas) en un número importante.
No hay vivienda dentro de las zonas consolidadas
Por otro lado, en las zonas que están un poco más consolidadas, es difícil encontrar vivienda asequible.
A pesar de que en las administraciones municipales anteriores a las de Cruz Pérez Cuéllar hubo una política para omitir la autorización de desarrollos habitacionales más allá de un anillo periférico establecido, en las dos recientes sí se permitieron porque se modificó el Polígono de Actuación Talamás Camandari.

En ese documento se reconocía que había un número importante de población más allá de ese anillo periférico, que llegaba hasta el Libramiento Independencia y que no existía suficiente equipamiento para sus habitantes ni condiciones propicias para aumentar la cantidad de población en esa zona, dijo.
Aunque en la actualización del Plan de Desarrollo Urbano Sostenible (PDUS), hecha este año, sí se establecen algunas políticas, que está dirigidas hacia la maquila y establece una franja de contención otra vez desde la industria y está cerca de zonas habitacionales.
Lo que se teme, advirtió García Moreno, es que se use para autorizar más desarrollos habitacionales, que de hecho, ya fueron aprobados en esa zona.
Necesario resolver el problema de las casas abandonadas
La doctora en Arquitectura y Ciudad e investigadora universitaria, Elvira Maycotte Pansza, hizo la observación de que para construir 35 mil viviendas, se requiere de equipamiento y que no se deje de lado el conflicto de las casas abandonadas.
“Sí hay un déficit de vivienda, sí se necesita, pero que no se olvide que todavía hay muchísimas casas abandonadas o, peor aún, invadidas”, expuso.
A la especialista le llama la atención que se faculte al Infonavit para hacer todo tipo de acciones para que este programa se lleve a cabo, pero -aparte de lo legal- no es tan fácil sacar a las personas que ocupan una vivienda abandonada; tendría que hacerse todo un proceso, incluso sacarlas a la fuerza.

Indicó que el proceso de invasión de vivienda ya está muy consolidado en Juárez y es difícil que las personas dejen esas propiedades, no se trata solo de que legalmente vayan y les notifiquen que deben dejarlas.
“Es un proceso difícil, más aún cuando se habla de que la vivienda es un derecho humano y que todos los mexicanos tenemos derecho a una vivienda, entonces que el propio Gobierno desaloje esa cantidad de viviendas es un proceso bastante difícil y complicado, no nada más por las cuestiones legales, sino en sí, físicamente. ¿Cómo se le hace para sacar a tantas personas?”, cuestionó.
Recordó que en el 2010 había aquí 111 mil 103 viviendas deshabitadas, para el 2020, ya eran 56 mil 279; la pasada Administración municipal, la primera de Pérez Cuéllar, hizo un convenio con Infonavit para recuperar vivienda, un poco más de 600, que son muy pocas, entonces hay que preguntarse qué pasa con todas las demás.
El fracaso de la vieja política de vivienda y el resarcimiento pendiente
De octubre de 2021 a abril de 2024, a través de ese programa, denominado “Aliados por la Vivienda”, se rescataron 212 propiedades, indica información proporcionada a Norte Digital a través de peticiones de transparencia.
Es muy difícil, advirtió Maycotte, que habitantes de domicilios ocupados las dejen solamente al avisarles que deben hacerlo; además, surge otro problema: “¿a dónde se van a ir? Es todo un proceso social, un proceso político que se tendría que llevar a cabo”.
Infonavit, cuando se volvió solamente un ente financiero, midió su éxito de acuerdo al número de créditos que se otorgaban, asumiendo que si llegaban a cierta cantidad, con eso se cumplía su rol.
Sin embargo, no cuidó dónde se construyó esa vivienda. Ignorar este tema provoca que se les venga encima el abandono porque las personas no quieren vivir ahí, no quieren estar donde se levantaron los fraccionamientos a lo largo de los últimos 20 años, abandonan y es ahí donde queda un problema porque es difícil lidiar legalmente con una propiedad privada.

Añadió que el hecho de que Infonavit las recupere, también tiene un costo. Eso pudiera aliviarse con el hecho de que retome las riendas para establecer cómo y en dónde se construye, esa podría ser una de las fortalezas.
Funcionarios de Infonavit han dicho que, a manera de péndulo, los desarrolladores tuvieron su momento y de alguna manera la mayoría vio por su propio bienestar económico en lugar de pensar en conjugar esa ganancia monetaria con el bienestar de las personas.
Maycotte Pansza comentó que hubo bastante desinterés por parte de la generalidad de los constructores, por lo que la política anterior de vivienda no funcionó precisamente por esa circunstancia: el sector privado aprovechó su intervención, que pudo ser benéfica tanto para la ciudad, como para las personas y los inversionistas.
“Creo que estamos viendo mucho esta propuesta, pero estamos dejando de ver todo el desastre que se dejó atrás, también es responsabilidad del Gobierno que se repare, hacer un resarcimiento de todas esas problemáticas que se dejaron”, enfatizó.
Agregó que no puede hacer una pausa y dedicar seis años a arreglar la calamidad que se provocó, y aunque hay necesidad de vivienda, no pueden dejar de lado todas aquellas vidas de familias que se afectaron por esa política de 2001 hasta 2018.


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