Durante más de tres décadas, México dio por erradicado al gusano barrenador del ganado. Su regreso, detectado a finales de 2024, no solo puso en riesgo la sanidad pecuaria y provocó el cierre intermitente de la frontera con Estados Unidos, sino que detonó un choque político y legal entre el Gobierno de Chihuahua y la Federación por quién debía tomar el control de la crisis.
La plaga reabrió una discusión que va más allá de lo sanitario: quién decide cuando está en juego la principal actividad exportadora del estado, quién asume los costos económicos y hasta dónde puede llegar un gobierno local para proteger su estatus productivo frente a una amenaza nacional.
Un enemigo que México creía erradicado
Desde 1991, México presumía estatus libre del gusano barrenador, una plaga devastadora que en décadas pasadas había provocado pérdidas millonarias y un profundo deterioro en la producción pecuaria. Sin embargo, a finales de 2024, la amenaza regresó silenciosamente por el sur del país.
El 22 de noviembre de 2024, autoridades sanitarias mexicanas notificaron oficialmente a Estados Unidos la detección de un caso en Chiapas, rompiendo más de 30 años de control epidemiológico.
La noticia sacudió al sector ganadero nacional, pero en estados exportadores como Chihuahua el impacto fue inmediato: el riesgo no era solo sanitario, sino comercial y estratégico.
Chihuahua: cuando el estatus sanitario es poder económico
Chihuahua es el principal exportador de ganado en pie hacia Estados Unidos. Su estatus sanitario no es un dato técnico menor, sino un pilar económico. Cualquier señal de relajamiento podía traducirse en el cierre de la frontera y en pérdidas millonarias.
En ese contexto, el gobierno estatal encabezado por María Eugenia Campos Galván optó por una estrategia de contención preventiva, incluso antes de que existieran casos confirmados en la entidad.
Desde noviembre de 2024, la administración estatal reforzó cercos sanitarios, vigilancia en la movilización de ganado, inspecciones en puntos de entrada y capacitación a productores, bajo una lógica clara: impedir que el problema del sur avanzara hacia el norte.
Blindaje estatal y la ruta del conflicto
Mientras Chihuahua endurecía sus medidas, a nivel federal el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica) activó protocolos de vigilancia y coordinación internacional. Sin embargo, el avance del problema comenzó a generar fricciones políticas.
El 22 de enero de 2025, el secretario de Agricultura y Desarrollo Rural, Julio Berdegué Sacristán, anunció en Chihuahua la reapertura del cruce de San Jerónimo, en Ciudad Juárez, para la exportación de ganado mexicano hacia Estados Unidos, luego del cierre temporal por los primeros casos detectados.
Pero en mayo de 2025, la frontera volvió a cerrarse cuando Estados Unidos suspendió nuevamente la importación de ganado mexicano, ante el riesgo de propagación del gusano barrenador.
El golpe fue severo. Ganaderos de distintos estados reportaron pérdidas diarias y acumulación de animales en corrales fronterizos. Chihuahua, sin casos confirmados, quedó atrapado en una crisis nacional que no había provocado directamente.
La disputa llega a los tribunales
Ante el nuevo cierre, el Gobierno del Estado endureció su postura y anunció un blindaje sanitario reforzado, alineado a los estándares del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA).
En febrero de 2025, la Consejería Jurídica del gobierno federal presentó una controversia constitucional contra Chihuahua, al considerar que su programa de contención invadía facultades exclusivas de la Federación en materia zoosanitaria.
El PAN salió en defensa del gobierno estatal. El senador Mario Vázquez Robles calificó la acción federal como “ridícula” y sostuvo que Chihuahua actuó para proteger su economía y su estatus sanitario.
Cuando la sanidad se vuelve discurso político
En mayo de 2025, Maru Campos puso en marcha el Programa Estatal de Vigilancia del Gusano Barrenador del Ganado, que incluyó instalación de trampas, monitoreo epidemiológico permanente, inspección de heridas en animales y campañas informativas entre productores.
Para julio de 2025, el Gobierno del Estado reportó ausencia de casos positivos, reducción significativa de trampas activas y control estricto de la movilización de ganado. Estos datos fueron presentados ante autoridades estadounidenses como parte de la negociación para reabrir la frontera.
A finales de junio de 2025, el USDA anunció una reapertura gradual de las importaciones, condicionada al cumplimiento de protocolos reforzados. Chihuahua fue uno de los estados mejor evaluados.
El tema, sin embargo, se contaminó de lecturas político-electorales. En la conferencia matutina del 12 de mayo, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que el cierre de la frontera tenía un trasfondo político vinculado a procesos electorales en Estados Unidos.
Días después, el propio Julio Berdegué aseguró que no había “ni un solo caso” activo de gusano barrenador, aunque posteriormente se confirmó la detección de un nuevo ejemplar en otra entidad.
Un enemigo latente
Meses más tarde, la Suprema Corte de Justicia de la Nación invalidó algunas disposiciones estatales por invadir competencias federales. El fallo abrió un debate político, pero no eliminó la amenaza sanitaria.
Al cierre de 2025, Chihuahua se mantenía libre de gusano barrenador, en un escenario nacional todavía complejo. La crisis dejó lecciones claras: la fragilidad del estatus sanitario, la dependencia del mercado estadounidense y la necesidad de actuar con anticipación, incluso cuando ello implica costos políticos y legales.
El gusano barrenador, un enemigo que parecía enterrado en los libros de historia, recordó al país que en sanidad animal no existen victorias definitivas. En Chihuahua, la respuesta fue anticiparse, aun a costa del conflicto.
La pregunta que queda abierta no es sanitaria, sino política: quién paga el costo cuando la prevención choca con las competencias institucionales.
