El inicio del gobierno de María Eugenia Campos destacó por reducir el presupuesto para las acciones de prevención, atención e investigación de la violencia contra las mujeres.
Así lo señala en su primer informe sobre la gestión pública en Chihuahua, el Frente Político Ciudadano para la Defensa de los Derechos Humanos.
En documento enviado a los medios de comunicación, el Frente informó que la administración estatal disminuyó en un 50 por ciento el presupuesto en políticas para la atención a las mujeres.
Un ejemplo de esa reducción presupuestal, es la aplicada a la ahora denominada Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razón de Género y de la Familia (FEM).
El Frente Político Ciudadano también destacó la disminución del 70 por ciento en el presupuesto de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas para el 2022.
Señala que el impacto directo de esa reducción es al Fideicomiso de Ayuda, Asistencia y Reparación del Daño (denominado FAAR por sus siglas).
Reducción de presupuesto impacta a mujeres en poblaciones prioritarias
Detalla que la disminución a presupuestos en las instituciones encargadas de la atención a la población migrante y personas adultas mayores, también impacta a las mujeres de estas poblaciones prioritarias.
«Ante este panorama, puntualizamos que para garantizar, proteger y respetar los derechos de las mujeres no solo se requiere contar con el marco normativo, las instituciones y la generación de políticas públicas, sino se requiere dotar de capacidades y recursos para su implementación», indica el documento.
El Frente considera que ante esta situación, Chihuahua continuará en 2022 sin garantizar, proteger y respetar estos derechos humanos.
«Instamos –indica– a que se pueda avanzar y no retroceder en esta materia, pues el impacto directo será a la vida de las mujeres que vivimos en esta entidad».
El informe también cuestiona la modificación al nombre de la Fiscalía Especializada de las Mujeres, ya que se agregó «y de la Familia».
El Frente considera que el hecho es trascendente porque marca una perspectiva para invisibilizar la situación específica que enfrentan las mujeres en el estado.
Además, agrega «ignora el planteamiento de los estándares internacionales que dan marco jurídico a la importancia de nombrar las situaciones específicas e integrar la perspectiva de género que lleve a desarrollar acciones afirmativas para disminuir y erradicar estas violencias que enfrentamos las mujeres chihuahuenses».
Recortes se hicieron pese a que Chihuahua es un estado con índice alto de feminicidios
El organismo denunciante indica que los recortes se realizaron pese a que Chihuahua se ubica entre las 10 entidades con mayor índice de feminicidios. Específicamente en el caso de Juárez, el municipio está en el segundo lugar nacional y el municipio de Chihuahua en el quinto.
«Específicamente, identificamos que aunque se declaró la Alerta de Género para varios municipios chihuahuenses en agosto de este año, en lugar de incrementar presupuesto para las acciones de prevención, se ha generado un recorte»¨, agrega.
El reporte destaca también que se generó en el Gobierno de María Eugenia Campos un recorte presupuestal global de 412.5 millones de pesos, con impacto directo en la atención de distintas poblaciones prioritarias.
El Frente denunció que el presupuesto pone primero a las dependencias que ejercen control político y presupuestal, además de «cultivar la imagen de la administración». En ese caso ubica a la Secretaria de Hacienda, la Coordinación de Gabinete, la Coordinación de Comunicación y el Despacho del Ejecutivo.
«Por el contrario, a las dependencias orientadas a la atención de grupos vulnerables y el combate a la pobreza, se les reduce el presupuesto en un 8 por ciento», señala en el documento.
En el caso de las dependencias afectadas, ubica a la Secretaría de Desarrollo Humano y Bien Común, la Comisión Estatal para los Pueblos Indígenas, el Instituto Chihuahuense de la Juventud, el DIF y la Comisión Estatal de Vivienda, Suelo e Infraestructura (Coesvi).
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