La Fiscalía General de la República (FGR) anunció que un juez le facilitó la orden de aprehensión en contra de Inés Gómez Mont y su esposo, el abogado Víctor Manuel Álvarez Puga, quienes fueron señalados por crimen organizado y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
La dependencia detalló que tres de los imputados ya están recluidos en los centros federales de justicia penal.
En los casos de quienes huyeron del país, Inés Gómez Mont y Álvarez Puga, ya los busca la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol).
La FGR informó que la carpeta de investigación del caso se abrió en noviembre 2019 por la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO); en el expediente también se encuentran involucrados Edgardo Mauricio “V”, Rosario “A”, Margarita “C”, Ricardo “P”, Mauricio “R” y siete empresas por los cargos mencionados.
“Todas estas personas, físicas y morales, probablemente se coludieron para simular operaciones y dotar de recursos a esa organización criminal; bajando cargas tributarias y ocultando operaciones, dificultando, de esa manera, el rastreo de esos recursos», se indicó.
Para cumplir su objetivo, señala la investigación, los imputados celebraban contratos con el Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social de la Secretaría de Gobernación (Segob).
Utilizaban comprobantes fiscales digitales por internet, que encubrían operaciones falsas y aparentaban actos de comercio y prestación de servicios que no se realizaban; todo con el objetivo de lavar dinero.
Gómez Mont y la organización criminal
La organización principal estaba a cargo de Inés Gómez Mont y su esposo, Víctor Manuel Álvarez Puga, que operaban con presuntos representantes de personas morales.
Durante las indagaciones se supo de la existencia de un grupo formado por Héctor “Z”, Armando “R”, José “O”, Ricardo “C”, Yareli “C”, quienes realizaban las operaciones bancarias a nombre de personas morales.
Un segundo grupo, formado por servidores públicos, facilitó ilegalmente recursos del erario federal, celebrando contratos ilegales. Estaba formado por Eduardo “G”, Paulo “U”, Emanuel “C”, Jesús “P” y Jorge “N”.
Cada una de las células se integraba con las demás para incurrir en los delitos que se persiguen. Una de las empresas intervenidas recibió más de 2 mil 500 millones de pesos.
La Fiscalía destacó además dos contratos con los Centros Federales de Readaptación Social por 2 mil 950 millones de pesos.
Sobre la participación de Gabriel “M”, expuso la FGR, dicha persona figuró como accionista de una de las empresas investigadas; tras la indagatoria, establecieron que por medio de la asamblea de accionistas, vendió su parte de la empresa antes del inicio de las operaciones delictivas.
La Fiscalía General de la República apuntó que a los principales implicados en este caso se les ha imputado ante el Poder Judicial y se han obtenido las órdenes de aprehensión correspondientes; y tres de ellos ya se encuentran internos en centros federales de justicia penal.
En el caso de las personas que huyeron del país, entre los que se encuentran Gómez Mont y Álvarez Puga, se ha obtenido la ficha roja correspondiente y se está en espera de la respuesta de colaboración de nivel internacional.
El texto original se puede encontrar en Informe Confidencial, sitio con el que Norte Digital tiene un acuerdo para publicarlo.
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