El secretario de Seguridad Pública del Estado (SSPE), Gilberto Loya Chávez, celebró que el Gobierno del presidente Donald Trump haya catalogado como organizaciones terroristas a los cárteles que operan en el país.
“Todas las decisiones que lleguen y ataquen a la delincuencia organizada, estoy de acuerdo”, respondió el funcionario, encargado de la seguridad pública en el estado de Chihuahua.
Loya Chávez fue entrevistado acerca de la orden ejecutiva firmada por el presidente estadounidense desde el lunes 20 de enero en la que declaró a los cárteles de droga mexicanos y de otros países como terroristas.
En su orden, calificó a esas agrupaciones como “amenaza para la seguridad del pueblo estadounidense, la seguridad de Estados Unidos y la estabilidad del orden internacional en el hemisferio occidental”.
El lunes 20, en su habitual conferencia matutina, Loya afirmó que, orden o no del presidente Trump, continuaría el combate contra las organizaciones delictivas que operan en la entidad.
“Yo creo que ese es el peor de los errores, el querer arrodillarse para buscar la paz y, al final, terminas con la guerra”, dijo en aquella ocasión.
Con ello, comenzarán una serie de medidas en contra de las organizaciones criminales, y se abre la interrogante sobre si será motivo para una posible invasión a México de parte de las fuerzas armadas estadounidenses para combatir.
EU habría derribado hasta 100 drones de cárteles en la frontera con México
El Pentágono confirmó que emplea tecnología antidrones y sistemas láser, pero no corroboró la cifra reportada durante agosto
“Sí son terroristas”, afirma Maru Campos sobre grupos criminales
Pide que le entreguen al estado las facultades y el armamento para combatirlos
Aplazan, de nueva cuenta, juicio por terrorismo del Jueves Negro
Debido a la reclasificación en los delitos que se acusan, defensa solicitó tiempo para presentar testigos, así como responder al alegato de clausura planteado por el Ministerio Público federal
A cuatro años del Jueves Negro, aún esperan sentencias por terrorismo
La FGR mantiene abiertos los procesos por los ataques del 11 de agosto de 2022, mientras la FGE asegura que ya existen condenas de hasta 300 años contra algunos responsables