Durante décadas se ha insistido en que el corporativismo político pertenece al pasado. Sin embargo, lejos de desaparecer, este modelo de organización del poder ha demostrado una notable capacidad de adaptación. El corporativismo no solo sobrevive: se reinventa. Ya no se presenta con la rigidez autoritaria que lo caracterizó en el siglo XX, sino que adopta una retórica de cambio, horizontalidad y renovación que encubre prácticas profundamente ancladas en la imposición y la exclusión.
Entendido como sistema político y como expresión del espíritu de una época, el corporativismo puede analizarse a partir de las prácticas que produce y de los valores que normaliza en la sociedad. Philippe C. Schmitter lo definió como la antítesis del pluralismo democrático: un entramado de relaciones obligatorias, jerárquicas y monopólicas que sustituye la representación libre por acuerdos cupulares entre organizaciones, sindicatos y el Estado. En este esquema, la participación social es administrada, no deliberada.
Las organizaciones corporativistas consolidan jerarquías y funcionan mediante mecanismos de concertación cerrados. Las políticas públicas dejan de ser el resultado de procesos abiertos y se convierten en moneda de intercambio entre actores que monopolizan la interlocución con el poder. Incluso cuando se incorporan actores externos al aparato corporativo, estos suelen ser funcionales a su lógica, pues permiten ampliar redes de lealtad, distribuir prebendas y legitimar decisiones previamente tomadas.
Este accionar no ignora las relaciones de poder; las explota. El corporativismo evita confrontar abiertamente la disidencia y recurre a un lenguaje deliberadamente ambiguo para presentarse como una fuerza sin intencionalidad política definida. Mientras tanto, construye una estética de cambio que simula renovación, pero que en los hechos preserva las mismas prácticas. A esta mutación puede denominarse corporativismo neobarroco: una forma actualizada del viejo corporativismo político-tecnocrático que conserva su estructura esencial, reescribe la historia a conveniencia y maquilla el ejercicio del poder con un discurso de democracia horizontal.
La Secretaría de Educación Pública es hoy uno de los ejemplos más evidentes de esta persistencia del corporativismo. A pesar de los reiterados discursos sobre la superación de viejas prácticas, la SEP continúa funcionando como un espacio de acomodo político de aquellos que si bien pueden ser incómodos, son premiados. Desde el nombramiento de su actual secretario, Mario Delgado, hasta la reciente y vergonzosa designación de Francisco Garduño Yáñez en la Dirección General de los Centros de Formación para el Trabajo, se confirma que el corporativismo no solo sigue vigente, sino plenamente operativo.
El caso de Garduño resulta particularmente ilustrativo. Su incorporación a la SEP ocurre pese a que enfrenta un proceso judicial por la muerte de cuarenta migrantes en una estación del Instituto Nacional de Migración en marzo de 2023. Nada en su trayectoria profesional lo vincula con el ámbito educativo ni con la promesa de un cambio de paradigma en la política pública del sector. Su nombramiento responde, más bien, a una lógica conocida: la protección y recolocación de figuras cercanas al poder, para quienes la educación se convierte en un espacio de tránsito mientras se define el siguiente encargo.
Lejos de ser una anomalía, este episodio en la vida de la SEP confirma la normalización del corporativismo en la administración educativa pública. Un modelo que se disfraza de modernización, pero que en realidad reproduce una cultura política adversa a la innovación, impermeable a la rendición de cuentas y profundamente ajena a la lógica democrática que dice defender.
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