En la Fiscalía General del Estado se presentó una denuncia luego de que 11 funcionarios de la Sindicatura del Municipio de Juárez, se incapacitaran simultáneamente por supuestas diarreas y contracturas, con la finalidad de no presentarse a trabajar y evitar ser despedidos.
La representación social recibió la denuncia a través de la Unidad de Atención al Público.
Los 11 servidores públicos fueron contratados por la síndica suplente Mireya Torres, quien por un mes sustituyó a la titular Esther Mejía Cruz, quien gozó de una licencia para participar como contendiente a la presidencia municipal.
Cuando Cruz Mejía suspendió la licencia el 3 de junio, al día siguiente de la jornada electoral, regresó con el personal de confianza que Torres dio de baja en su corta estancia.
El 4 de junio, Mejía solicitó en la Dirección de Recursos Humanos la baja de los 11 funcionarios de la Sindicatura, la gran mayoría contratados por la suplente, y el alta de varios de sus colaboradores.
La denuncia a la que Norte Digital tuvo acceso, refiere que el 4 de junio dichas bajas no fueron recibidas por el personal de la dependencia, bajo el pretexto de que no se encontraba la directora.
Finalmente, Recursos Humanos recibió las bajas y altas del personal, y se extendió un acuse de recibido, sin embargo, las 11 personas que prescindieron de sus servicios, todas, ya habían presentado justificantes médicos desde el 4 de junio.
De esta manera, la dependencia municipal rechazó la solicitud de las bajas y altas promovidas por la Sindicatura.
La denuncia plantea que los dictámenes médicos fueron emitidos por profesionales de la salud de la empresa Adaca Medical S.A., contratada por el Municipio para la atención médica de su personal y sus familias.
La denuncia contiene los nombres de cinco médicos que extendieron un total de 22 justificantes a los funcionarios Denisse Muñoz Espinoza, Claudia Estefanía Ayala Baca, Claudia María Baca Chávez, Manuel Loaeza Bonilla y Abel Wenceslao Escobedo, entre otros.
La mayoría de los servidores públicos recibieron hasta dos incapacidades, principalmente por cuadros de diarrea por los que se extendieron incapacidades hasta por un mes, además de contracturas en la espalda.
La querella consideró que el arbitraje médico emitió incapacidades de manera irregular, a juzgar por las enfermedades que supuestamente dictaminaron.
“La verdadera intención es retrasar que sean removidos de sus posiciones laborales”, consideraron en la denuncia.
La misma querella presentada deriva en la comisión del delito de falsificación o alteración y uso indebido de documentos en perjuicio de la Sindicatura Municipal, en contra de quien resulte responsable de la aparente complicidad o contubernio.
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