SEGUNDA PARTE: La presidenta saliente del Tribunal Superior de Justicia de Chihuahua, Myriam Victoria Hernández Acosta, reconoce que el juicio contra el exgobernador César Duarte Jáquez dejó un alto costo para la imagen del Poder Judicial estatal, pues durante el proceso, tanto jueces como la propia magistrada fueron objeto de ataques y acusaciones de complicidad.
En entrevista con Norte Digital, Hernández Acosta acusó al también exgobernador Javier Corral Jurado de ser el instigador de esa campaña de desprestigio en contra de su persona y de la jueza que le otorgó la libertad condicionada a Duarte Jáquez.
Tras defender la actuación de la jueza Hortensia García Rodríguez (a quien no refirió por su nombre), Myriam Hernández señaló que la mayor afectación recayó en la juzgadora que resolvió el cambio de medida cautelar en favor de Duarte, así como en ella misma como titular del TSJ.
“La mayor afectación obviamente fue para la jueza que hizo su trabajo, que no hizo absolutamente nada ilegal, y para su servidora”, dijo.
Tras afirmar que tanto ella como el Poder Judicial fueron objeto de una campaña de calumnias, la presidenta del TSJ acusó directamente al “exgobernador prófugo de la justicia” de ser el autor de esos ataques.
“Se la pasó mintiendo, denostando, agrediendo, difamando y generando esa imagen de complicidad y de protección que no existe”, expresó en torno a Javier Corral, quien fuera gobernador de Chihuahua entre 2016 y 2021 y que actualmente es senador por Morena.
Y aunque defendió la liberación de Duarte —con medida cautelar, aún sujeto a proceso—, señaló que Corral Jurado también estaría en prisión, de no estar “escudado en las enaguas del fuero que le dieron”.
“Este exgobernador prófugo de la justicia se la pasó mintiendo, denostando, agrediendo, difamando y generando esa imagen de complicidad y esa imagen de protección que no existe”, exclamó.
Enfática, afirmó que el Poder Judicial local no tiene facultades para intervenir en los procesos que dependen de la Fiscalía General de la República y de la Cancillería, instancias responsables de los trámites derivados de la extradición del exmandatario.
“Absolutamente ningún expediente se puede mover si la Cancillería y la Corte de Estados Unidos, que autorizó la extradición, no lo permiten. Nos afectó enormemente, porque fuimos atacados y denigrados, perseguidos brutalmente por las locuras del exgobernador”, añadió.
Hernández Acosta aclaró que los jueces actúan conforme a derecho y bajo los mecanismos de revisión previstos en la ley, por lo que las acusaciones de protección hacia Duarte carecen de sustento.
“Nuestro trabajo es juzgar lo que se nos presenta por la autoridad investigadora de manera imparcial. No nos corresponde integrar carpetas ni fabricar culpables o inocentes. Si los procesos se han caído es porque no se integraron bien, no porque el Poder Judicial los haya protegido”, puntualizó.
Sin embargo, la imagen de ella, de la jueza Hortensia García y del Poder Judicial del Estado quedó dañada por la campaña emprendida por Corral Jurado, dijo.
“Nos afectó enormemente, porque fuimos atacados, denigrados y perseguidos brutalmente por ‘las locuras del emperador’, este prófugo de la justicia. Pero bueno, el exgobernador también tuvo un activismo que creo que no ayudó. Eso ya es un tema muy particular de él”, subrayó.
Finalmente, la presidenta del TSJ consideró que el caso Duarte dejó en evidencia la necesidad de fortalecer la calidad de las investigaciones y deslindar responsabilidades entre las autoridades que integran las carpetas y aquellas que únicamente juzgan.
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