Para Víctor Hugo López Ortega, subdirector operativo de Bienestar en Chihuahua y enlace con el Registro Público Vehicular (Repuve), los fronterizos se ven obligados a comprar vehículos “chuecos” ante la profunda ineficacia del transporte público, por lo que defendió la nueva extensión del programa federal para regularizarlos.
“Se trata de un ciclo benéfico para los ciudadanos que mejora la calidad de vida en el tema de movilidad, porque de todos es sabido que existen grandísimas limitaciones en la prestación de ese servicio que es obligación Gobierno del Estado”, expresó.
La ciudadanía tiene la obligación, continuó, generada por la necesidad, de trasladarse en vehículos propios.
“No hay rutas, las rutas se cortan temprano, hay muy pocas rutas que pasan esporádicamente, el Bus Rapid Transit, como se llama el BRT, pues no ha funcionado, no han terminado de echarlo a andar y cada vez hay una mayor necesidad del ciudadano en transportarse en vehículos propios”, dijo.
Añadió que las personas gastan una gran cantidad de dinero en las plataformas de movilización, como Uber y otras compañías, que ofrecen un servicio muy caro y ahí se les va gran parte de sus ingresos semanales, la manera en que compensan la situación es buscando un vehículo extranjero.
Contrabando = inelegibilidad
El decreto original establece que son sujetos de regularización los vehículos que hayan entrado al territorio nacional antes de octubre del 2021, por lo que autoridades estatales afirman que se está presentando el contrabando de unidades para ser regularizadas después de esa fecha.
El funcionario federal indicó que no tiene la certeza de que eso ocurra, pero sí ha atendido casos de ciudadanos mexicanos que intentan introducir este tipo de unidades y son detenidos en la Aduana.
Bajo la ley, indicó, un nacional no puede introducir al país un auto extranjero, por lo que se les asegura el automotor y se les impone una sanción administrativa y jurídica a través del Servicio de Administración Tributaria (SAT), que va por arriba de los 300 mil pesos.
Ante él se han presentado en busca de ayuda al menos seis personas que incurrieron en esta irregularidad, pero les informa que no puede intervenir, las consecuencias de este acto son altas y convocó a la ciudadanía a que no se arriesgue cometiéndolo.
Reiteró que no puede afirmar que haya contrabando de unidades, pero sí que el sistema de Repuve cuenta con una interfase para que al solicitar la cita e introducir el registro, si se detecta alguna actividad en los sistemas que regulan las tenencias en Estados Unidos, entonces hace inelegible esa unidad para el trámite.
Las autoridades estatales han expuesto que hay personas que han querido sacar placas sin presentar el vehículo registrado en Repuve, situación de la que López Ortega dijo no tener conocimiento, aunque ha leído en medios de comunicación acerca del tema.
Advirtió que existen páginas de Facebook e Internet que ofrecen el servicio de regularización de vehículos sin presentarlos, pero se trata de un acto ilegal y comete un delito quien lo promueve o lleve a cabo, ya sea funcionario o ciudadano.
De los casos que le han llegado, por parte de civiles, lo hace del conocimiento del departamento de ciberseguridad del Gobierno Federal para bloquear ese tipo de páginas, pero hay muchas.
Por el contrario, aseguró, es muy fácil y seguro para el ciudadano sacar la cita y completar el trámite sí cumple con todos los requisitos, bajo un costo único de 2 mil 500 pesos y sin pagar otra cantidad a nadie más.
Tan solo en el módulo de El Punto, que ahora funciona en una porción del parque DIF con entrada por la calle Costa Rica, hasta ahora se han completado 50 mil trámites, eso refleja que hay facilidad de hacerlo, pero el vehículo debe ser presentado ineludiblemente.
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