A través de un amparo, jueces federales lograron la suspensión provisional del decreto que propone eliminar los 13 fideicomisos del Poder Judicial de la Federación, a través de los cuales se manejan 15 mil millones de pesos.
Una juzgadora federal con competencia constitucional en la Ciudad de México, fue quien concedió la suspensión del decreto que propone eliminar los fideicomisos del Poder Judicial de la Federación, al adicionar un segundo párrafo al artículo 224 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, publicado el veintisiete de octubre del año en curso en el Diario Oficial de la Federación (DOF).
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El magistrado Froylán Muñoz Alvarado, director de la Asociación Nacional de Magistrados y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación, firmó el comunicado donde se dio a conocer que lo anterior significa que será el resultado de una sentencia constitucional, “no de un acuerdo de mayorías ni de planteamiento político alguno”, lo que defina el destino correcto de los fondos de los diversos fideicomisos con que cuenta el PJF.
Agregó que en dicha sentencia, con toda seguridad, se analizarán las violaciones al procedimiento legislativo mediante el cual fue aprobado dicho decreto, así como “las violaciones a los principios de independencia y autonomía judicial, división de poderes, progresividad, seguridad social y derechos laborales adquiridos en favor de todos los que integramos la Judicatura Federal”.
También informó que iniciaron gestiones ante organismos internacionales, para que se garantice la no intromisión, no dependencia, ni subordinación en México, “entre los poderes de un Estado democrático de derecho”.
Finalmente, Muñoz Alvarado reiteró que la asociación que encabeza está haciendo la valoración objetiva y programática sobre la probable presentación de una demanda de amparo contra la aprobación del Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal de 2024, donde quedan concretados los recortes de los fideicomisos.
Consideró que los ajustes presupuestales realizados por la Cámara de Diputados vulneran la autonomía financiera y por consecuencia la independencia del Poder Judicial de la Federación.
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Por Redacción
