Roberto Salcedo Aquino, titular de la Secretaría de la Función Pública (SFP), explicó que los «montos de irregularidades» en las cuentas públicas 2019 y 2020 en Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex) es de 9 mil 500 millones de pesos y no de 15 mil millones de pesos.
En conferencia de prensa del presidente López Obrador, el secretario recordó que, en agosto de 2022, los actos de fiscalización a Segalmex dieron lugar a observaciones relacionadas con 9 mil 500 millones de pesos, de los cuales 6 mil millones de pesos que fueron señalados por la SFP y 3 mil 500 millones de pesos por la Auditoría Superior de la Federación (ASF).
“La cifra de 15 mil millones de pesos que se ha manejado recientemente en la opinión pública, como los presuntos montos de las irregularidades en Segalmex, Liconsa y Diconsa, no es precisa y no está fundado. Como se informó en agosto de 2022, los actos de fiscalización dieron lugar a observaciones relacionadas con 9 mil 500 millones de pesos, de los cuales 6 mil millones de pesos fueron señalados por la SFP y 3 mil 500 millones de pesos por la ASF.
“Es importante puntualizar que las observaciones resultantes de un proceso de fiscalización son señalamientos que el ente auditado debe aclarar, por lo que esas observaciones no pueden ser consideradas daños patrimoniales hasta en tanto no se hubiesen agotado las instancias previstas para su aclaración, documentación o el resarcimiento de los daños. Esto es así porque las observaciones son conclusiones preliminares de lo que los auditores tuvieron a la vista y que requieren mayor información, evidencias, aclaraciones y precisiones para solventarlas o para dejar en firme una presunta responsabilidad”.
Roberto Salcedo Aquino indicó que las evidencias adicionales aportadas por las tres entidades se analizan caso por caso, para esclarecer si las observaciones se determinaron porque en su momento no fueron puestos a disposición de los auditores los documentos justificativos y comprobatorios del gasto, o porque corresponden a presuntas irregularidades que pueden constituir faltas administrativas o actos delictivos.
“Segalmex, Liconsa y Diconsa están recopilando evidencias para aclarar las observaciones, pues la información estaba dispersa, como lo informé en su momento, en las diversas oficinas de las entidades en los estados de la república. Es así que la SFP ha recibido información de 2 mil millones de pesos de los 6 mil observados cuya procedencia está en proceso de dictaminación.
“Asimismo, la ASF ha recibido otras evidencias en relación con las observaciones pendientes de atender. Se espera que, con la documentación aportada, el monto observado de 9 mil 500 millones de pesos por ambas instancias fiscalizadoras se reduzca sustancialmente”.
“Todo lo que no se aclare dará lugar a un proceso de investigación, con objeto de determinar si existieron faltas administrativas graves, que serán turnadas al Tribunal Federal de Justicia Administrativa; o probables hechos ilícitos que, en su caso, se convertirán en denuncias penales que serán presentadas ante la FGR. En esta fase de investigación administrativa se encuentran 37 expedientes”.
En Palacio Nacional, el titular de la SFP reiteró que los montos observados no pueden ser considerados como daños patrimoniales hasta que se emita una resolución por parte de la autoridad competente.
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