Investigación
Tiene el órgano autónomo presupuesto de 87.7 millones de pesos y plantilla de 67 personas; obligado por ley a priorizar casos de alto perfil como los denunciados en Juárez
Redacción | 24 abril, 2024
La Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua (FACH), el órgano jurisdiccional que tiene en sus manos 11 denuncias por presuntos delitos que involucran al alcalde con licencia Cruz Pérez Cuéllar y a varios de sus colaboradores, cuenta con una amplia estructura a la que se le destinó este año un presupuesto de 87 millones 779 mil 646 pesos.
En el 2023 su presupuesto fue de 62 millones 517 mil 869 pesos, por lo que el incremento de un año a otro, bajo la gestión de Abelardo Valenzuela Holguín, fue de 25.2 millones de pesos, el equivalente a un 28.77 por ciento, un porcentaje inusual de incremento en presupuestos públicos.
Por ley, la FACH está obligada a priorizar la atención a los casos de alto perfil y con los montos económicos más elevados, características que se cumplen en los presuntos hechos de corrupción de los que se acusa al alcalde de Juárez, el municipio más grande y con mayor presupuesto del estado.
Toda la estructura burocrática y de andamiaje institucional que en 2023 ejerció los 62.5 millones reportó como resultados, 53 denuncias recibidas en el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de ese año de gestión.
Un reporte proporcionado por la FACH para este trabajo, señala que, de las 53 denuncias convertidas en carpetas de investigación, se judicializaron 13, es decir, se procedió con la imputación penal ante la autoridad judicial.
En los 13 casos se logró la vinculación a proceso, lo que implica que un juez de Control resolvió que había suficientes elementos para iniciar el proceso penal en contra de los imputados. Por ello la FACH señala que en la gestión de Valenzuela ninguna carpeta de investigación se ha “caído” en los tribunales.
Con el nuevo presupuesto, está por verse en qué concluyen todas las carpetas aún no determinadas o resueltas, derivadas de las 11 denuncias en contra del alcalde Cruz Pérez Cuéllar y su administración.
Carpetas de investigación en palabras de la FACH
Norte Digital hizo una petición de información a la Fiscalía Anticorrupción sobre las carpetas de investigación y los procesos a los que da seguimiento, respecto al municipio de Juárez y su alcalde Pérez Cuéllar.
Aunque actualmente son 11 las denuncias acumuladas, en su momento la FACH informó sobre 7 casos en los que se avanzó en la ratificación y confirmó la vigencia de las carpetas de investigación.
Así describió la FACH esos expedientes:
C.P.C. Y D.S.P.M. presidente municipal de Ciudad Juárez y un particular cómplice, por el delito de enriquecimiento ilícito, por un monto de 26 millones de pesos derivado de la adquisición de un bien inmueble ubicado en El Campestre.
C.P.C. presidente municipal de Juárez, Chihuahua, investigado por el delito de uso ilegal de atribuciones y facultades por el otorgamiento de contratos ilegales, por un monto de cerca de 7 millones de pesos.
C.P.C. presidente municipal de Juárez, Chihuahua, investigado por los delitos de peculado, uso ilegal de atribuciones y facultades, por kits escolares adquiridos por el municipio de Juárez, con precios inflados, por un monto de 120 millones de pesos.
C.P.C. presidente municipal de Juárez, Chihuahua, investigado por los delitos de peculado y enriquecimiento ilícito, derivado de ejecución de proyectos del Presupuesto Participativo de 2022, por un monto mayor de 115 millones de pesos.
C.P.C. presidente municipal de Juárez, Chihuahua, investigado por los delitos de peculado y enriquecimiento ilícito, ya que se adquirieron 43 mil 103 pruebas rápidas para la detección de antígenos por un precio más elevado y además caducaron 37 mil pruebas de las cuales se desconocen su ubicación, esto, por un monto de 35 millones de pesos.
C.P.C. presidente municipal de Juárez, Chihuahua, investigado por los delitos de uso ilegal de atribuciones y facultades, durante los meses de octubre de 2021 y febrero de 2022, se celebraron 115 contratos de manera irregular, por un monto cercano a los 360 millones de pesos.
C.P.C. presidente municipal de Ciudad Juárez, Chihuahua, investigado por los delitos de ejercicio ilegal del servicio público y uso ilegal de atribuciones y facultades, por el arrendamiento ilegal de un terreno en la reserva federal de El Chamizal a un particular.
Además de ese primer bloque de 7 denuncias ya descritas por la propia FACH (la primera desde octubre del 2022 y la gran mayoría a finales del 2023), más recientemente fueron interpuestas 4 más.
La asociación civil Plan Estratégico de Juárez denunció que el Gobierno municipal otorgó contratos por 17.5 millones de pesos a la empresa Courmextres, de la cual era socia la entonces coordinadora administrativa de la Dirección de Mantenimiento Mecánico, Alma Guadalupe Ortega Rodríguez. La funcionaria se habría autoasignado contratos para prestar el servicio de mantenimiento de vehículos municipales.
La misma organización presentó denuncia por otro de los casos ya enlistado por la Fiscalía Anticorrupción, el relacionado con la compra de productos de limpieza a una empresa presuntamente vinculada al exdirector de Desarrollo Económico del Municipio, Iván Pérez Ruiz. La primera carpeta de investigación contra el mismo funcionario se derivó del caso presentado por legisladores del Partido Acción Nacional.
Las denuncias número 10 y 11 las presentó la Sindicatura Municipal apenas el pasado lunes 15 de abril. Una de ellas tiene que ver con el manejo de casi 160 millones de pesos en el subsidio para rehabilitar 168 escuelas dentro del programa “Cruzada por la Educación”.
Además del pago de obras con sobreprecio o por trabajos no realizados o incompletos, para el gasto del recurso se obligó a los directivos de los planteles a endosar los cheques que salían a su nombre, en favor de los contratistas que nunca rindieron cuentas a las comunidades escolares.
La otra denuncia es la relativa a un contrato presuntamente irregular, firmado por el secretario del Ayuntamiento, Héctor Ortiz Orpinel, por la renta y operación de unos juegos mecánicos en el Centro Histórico.
De acuerdo con la Sindicatura Municipal, el funcionario no estaba facultado para hacer esa contratación por 3 millones 300 mil pesos.
Son 11 los casos que implican a alcaldes y exalcaldes
En un listado de casos que la FACH identificó como de “alcaldes y exalcaldes”, además de los expedientes relacionados con el municipio de Juárez, agregó los de Nuevo Casas Grandes, Saucillo, Batopilas y Rosales.
Esos casos fueron descritos de la siguiente manera:
C.M.C. exalcaldesa de Nuevo Casas Grandes, en prisión por el delito de peculado agravado, por un monto de 6 millones de pesos. A esta imputada se le siguen abriendo más carpetas de investigación y posibles órdenes de aprehensión. Es la primera vez que se detiene a un alcalde en funciones en la historia de Chihuahua. Tiene ya cuatro vinculaciones a proceso por delitos de peculado agravado, abuso de autoridad y uso indebido de sus atribuciones, en torno a un desvío acumulado de casi 8 millones de pesos.
A.L.T. exalcalde de Saucillo, procesado por el delito de peculado agravado, ya que desvió cerca de un millón de pesos mediante la simulación de diversos contratos de prestación de servicios.
I.V.O expresidente municipal de Batopilas, investigado por peculado agravado al adquirir un bien mueble con recursos públicos y lo registró a su nombre y dicho bien fue pérdida total y el cobro, 389 mil 991.15 pesos a su cuenta personal.
Expresidente municipal de Rosales, investigado por peculado agravado, ya que se cobraba el monto del predial y no se registraba en las arcas municipales, sino en su cuenta personal, por un monto de más de 200 mil pesos.
Son 11 los casos que implican alcaldes y exalcaldes. Únicamente se conoce hasta el momento sobre la judicialización en dos de ellos, los relacionados a Nuevo Casas Grandes y Saucillo. Sobre Batopilas y Rosales, no se ha publicado mayor información. Respecto a Juárez, ningún caso se ha judicializado.
Hasta antes de Valenzuela se judicializaron 19 carpetas
Abelardo Valenzuela durante su nombramiento por parte del Congreso del Estado.
Poco después de su nombramiento por parte del Congreso del Estado, Valenzuela Holguín hizo público un reporte sobre lo trabajado por esa representación social hasta diciembre de 2022, es decir, hasta antes de su llegada.
Todavía sin su carácter de autónoma, la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, dependiente de la Fiscalía General del Estado, inició operaciones en enero de 2019.
De acuerdo con el reporte señalado, hasta diciembre de 2022 se recibieron 177 denuncias de las cuales se derivaron 103 carpetas de investigación. Sin embargo, solo 19 fueron judicializadas, mientras que 31 de ellas fueron declaradas como de no ejercicio de la acción penal y 19 fueron declinadas y acumuladas.
Según el último informe presentado por la anterior fiscal, Gema Chávez Durán, en el 2019 fueron radicadas en la entonces Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción 36 carpetas de investigación.
Para el 2020, fueron 99 las carpetas, aunque ese año 54 de ellas se recibieron en auxilio de las funciones de la Fiscalía General, pues en su mayoría contaban con más de un año de inactividad. Otras 45 denuncias fueron presentadas directamente ante la Fiscalía Especializada.
Para el 2021 la institución empezó a funcionar como legalmente autónoma, luego de que se publicó la Ley Orgánica de la Fiscalía Anticorrupción.
Hubo resolución en 60 expedientes entre el 2019 y 2021
Para su reporte del 2021, con un corte hasta el 13 de abril de ese año, la FACH informó que, considerando tres carpetas nuevas por denuncias recibidas ya como fiscalía autónoma, la instancia jurisdiccional acumulaba 138 investigaciones iniciadas por hechos presuntamente constitutivos de delitos en materia de corrupción.
De esas 138 carpetas de investigación registradas se había logrado determinar y/o resolver en promedio de los tres años, el 43.47 por ciento de las investigaciones, es decir, un total de 60 expedientes. Por ello se informó en ese momento que se tenían en investigación el resto, es decir, 78 carpetas.
En los informes anuales también se señala que, en el 2020, se obtuvo la primera sentencia condenatoria, en la cual se logró por concepto de reparación del daño, el importe de 252 mil pesos.
Para 2021, como resultado de otras dos sentencias condenatorias dictadas dentro de los procesos penales iniciados por la Fiscalía Anticorrupción, al corte del mes de abril se reportaron por ese mismo concepto, 636 mil 086.48 pesos.
De esa forma, el acumulado recuperado llegaba a los 888 mil 086.48 pesos.
En una comparativa de actividades proporcionada por la actual gestión de la FACH, se reportó que en la anterior administración fueron 22 las denuncias recibidas, considerando únicamente la etapa de autonomía, desde el 2021.
El informe asegura que, de esas 22 denuncias, únicamente se llegó a la vinculación a proceso en 3 casos.
Tiene fiscal Valenzuela una plantilla de 67 personas bajo su mando
Valenzuela Holguín es fiscal anticorrupción desde el 16 de diciembre de 2022, fecha en que rindió protesta ante el Congreso del Estado, luego de un proceso de selección que se derivó de la renuncia anticipada de Gema Chávez Durán, quien había sido designada para un primer periodo de siete años.
Tan abrupta fue la salida de Chávez, el 18 de mayo del 2022, que ese año no se elaboró propiamente un documento de informe. Valenzuela cumplió el requisito y envió al Congreso un oficio en el que se reportaron los números básicos de ese año, bastante pobres: 20 denuncias recibidas, 7 asuntos determinados, una sentencia obtenida y 2 millones 828 mil 556 pesos como monto total de reparación del daño.
Durante varios meses de ese año, estuvo como “encargada de despacho” Nidia Aidin Orpinel Pizarro.
El trabajo de Valenzuela se desarrolla a partir del 2023 y lo que va de este año.
Para este 2024, el presupuesto de 87.7 millones le permitió a la Fiscalía consolidar su plantilla de personal y llenar las vacantes de un organigrama con 47 casilleros.
En línea directa, Valenzuela tiene en su estructura a ocho funcionarios que le reportan, bajo los siguientes cargos: Vicefiscalía de Investigación y Proceso, Dirección Jurídica y de Extinción de Dominio, Dirección de Inteligencia Delictiva, Patrimonial, Financiera y Fiscal, Dirección de la Policía de Investigación, Dirección Administrativa, Visitaduría General, Área Coordinadora de Archivos y Unidad de Transparencia.
Como staff, tiene además a una Secretaría Particular, un Departamento de Comunicación Social y un Órgano Interno de Control.
Bajo las ocho posiciones que le reportan directamente al fiscal, hay 33 casilleros más del organigrama que tienen su propio personal, por lo que el total de la plantilla de la Fiscalía Anticorrupción es de 67 personas. Aparte, bajo convenio con la Fiscalía General del Estado, la FACH recibió el apoyo de 11 agentes comisionados a la Policía de Investigación.
La estructura es robusta porque de las direcciones que son operativas (como la de Investigación Policial y la de Inteligencia Delictiva, Patrimonial, Financiera y Fiscal, así como de la Vicefiscalía de Investigación y Procesos) se desprenden coordinaciones y direcciones por cada una de las cuatro zonas (norte, centro, sur y occidente) en que se divide el estado para su cobertura.
Así, por ejemplo, la zona Norte que corresponde a Ciudad Juárez, tiene su propia Dirección de Investigación y Procesos, su Coordinación de Investigación y Procesos, su Coordinación de Inteligencia Delictiva, Patrimonial, Financiera y Fiscal y su Coordinación de la Policía de Investigación.
Debe Fiscalía ir por los casos de corrupción de alto perfil
La reforma constitucional de 2015 que creó el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) y obligó a las entidades federativas a establecer los sistemas estatales anticorrupción, planteó el objetivo de una obligada coordinación de las autoridades locales competentes en la prevención, detección y sanción de responsabilidades administrativas y hechos de corrupción.
En 2017 se reformó la Constitución local para crear la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción como unidad orgánica de la Fiscalía General del Estado, y en 2019 se dio un paso más para establecer las bases constitucionales de la Fiscalía Anticorrupción del Estado de Chihuahua, como un órgano constitucional autónomo especializado.
La FACH es competente para investigar, perseguir e intervenir en los procesos penales que se sigan por los delitos que el Código Penal del Estado de Chihuahua expresamente estipula como delitos por hechos de corrupción, así como los descritos en el Capítulo XIV del Título Décimo Séptimo del mismo ordenamiento. Pero no de todos ellos.
De acuerdo con el espíritu de la legislación local que la creó, la Fiscalía Anticorrupción debe priorizar la investigación y persecución de los delitos por hechos de corrupción de alto perfil.
Esas consideraciones se plasmaron en el primer informe de actividades como fiscalía autónoma, en alusión a lo que dispone la Ley Reglamentaria y Orgánica de la Fiscalía Anticorrupción.
“La investigación y persecución de los delitos mencionados se articulará bajo un enfoque que priorizará los casos de alto perfil y el uso estratégico y adecuado de los recursos disponibles, estableciendo como criterios de priorización: el monto económico comprometido, el nivel del funcionario o servidor público, la complejidad de la investigación, entre otros”.
Esas características se cumplen en los casos del municipio de Juárez, tanto por los montos comprometidos en los presuntos hechos de corrupción, como por el nivel de los funcionarios señalados, ya que alcanzan al presidente municipal, actualmente con licencia.
La idea en la creación de la FACH siempre fue hacer frente de manera efectiva a un tipo de criminalidad de alto perfil, que supera con mucho a la tradicional en su nivel de organización, estructura, redes de complicidad y poder económico.
La legislación establece que los casos que no encuadren en los supuestos ya señalados, deben ser investigados por la Fiscalía General.
Tanto el Sistema Nacional Anticorrupción, como los sistemas estatales que se derivaron de la estrategia nacional, tuvieron su origen en la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, que urgió a actuar en contra de la corrupción a gran escala que se da en el ejercicio del presupuesto público.
Esa corrupción, se advirtió cuando nació la FACH, “representa una grave amenaza para la estabilidad y seguridad de las sociedades al socavar las instituciones y comprometer el desarrollo sostenible de los Estados”.
Incluso se destacó entonces que la corrupción a gran escala “mantiene vínculos con otras formas de delincuencia, como la delincuencia organizada y la delincuencia económica – incluido el blanqueo de capitales–”.
Ante ese escenario se planteó la necesidad de crear un órgano con la independencia necesaria, para investigar hechos de corrupción que entrañan vastas cantidades de activos, debiendo contar con los recursos materiales y el personal especializado necesarios.
Se concentra en casos de exfuncionarios de la anterior administración estatal
¿En cuáles otros casos ha actuado la Fiscalía Anticorrupción que encabeza Abelardo Valenzuela Holguín?
Está el caso de Jesús Antonio P. C., el primer titular de Comunicación Social en el Gobierno de Javier Corral Jurado. La FACH obtuvo y ejecutó una orden de aprehensión en su contra por una carpeta de investigación que fue abierta desde la anterior administración, por denuncia presentada por la Secretaría de la Función Pública.
El exfuncionario corralista, actualmente preso, fue vinculado a proceso por los delitos de uso ilegal de atribuciones y facultades, y peculado agravado. Fue acusado de otorgar, utilizando la influencia que le generaba su cargo público, contratos por 9.5 millones de pesos a tres empresas vinculadas con su pareja sentimental, Abril Susana R.L, familiar directo de quien fungía como su directora administrativa, Araly Cristina L.A.
Según el reporte entregado por la FACH a Norte Digital, se le considera “caso de éxito” por enjuiciar a particulares “por primera vez”. La Fiscalía se refiere a Abril Susana R.L y a su socio en las tres empresas, Efraín Alonso M.D, quien actualmente es prófugo de la justicia.
A Jesús Antonio P.C. se le abrió una segunda causa penal, por presuntamente haber cobrado, indebidamente, 160 mil pesos.
Otra orden de aprehensión que no ha podido ser cumplimentada por la Fiscalía, es en contra de Arturo F.V. exsecretario de Hacienda en la anterior administración. Al exfuncionario se le acusa de peculado agravado por el presunto desvío de 98 millones de pesos en el pago a un despacho contable, para la reestructuración de la deuda estatal, sin que existiera sustento legal ni presupuestal para la contratación.
Otro exsecretario corralista, Eduardo F.H. fue vinculado a proceso, acusado de uso ilegal de facultades y atribuciones cuando ejerció como titular de la Secretaría de Salud “por disfrazar un crédito a través de un contrato innominado sin pedir permiso ni autorización al H. Congreso del Estado”. Está en libertad y la FACH valora sus aportaciones para determinar si le concede o no un criterio de oportunidad.
La Fiscalía también ha actuado en la judicialización de otras carpetas de investigación derivadas de denuncias presentadas desde la anterior administración. Un caso más es el del extitular de la Auditoría Superior del Estado en tiempos del duartismo, Jesús Manuel E.F.
El exauditor, actualmente en libertad, fue vinculado a proceso por el delito de peculado. Se le acusó por el desvío de 5.2 millones de pesos, para lo cual utilizó a tres empresas “factureras”.
También en este caso, la FACH subraya un “caso de éxito”, por enjuiciar a dos particulares, un hijo y una hija del exauditor, quienes habrían recibido parte del dinero desviado.
En el reporte de los casos que lleva la FACH, se incluyó el de un exfuncionario y una exfuncionaria de primer nivel de la pasada administración, de quienes no hay más antecedentes o información pública sobre sus carpetas de investigación. Tampoco se especificó su estatus actual. No se conoce que hayan sido imputados.
R.A.G. Exsecretario de Desarrollo Rural del Estado de Chihuahua, uso ilegal de atribuciones y facultades, enriquecimiento ilícito y/o peculado, por simular un contrato en contravención al marco jurídico aplicable por más de 5 millones de pesos. Entre otras carpetas de investigación.
M.V.R. Exsecretaria de la Función Pública del Estado de Chihuahua, por el delito de ejercicio ilegal del servicio público, porque ocultó indebidamente y sin causa justificada la documentación consistente en los dos expedientes de evolución patrimonial de servidores públicos de alto nivel (César Duarte y Jaime Herrera) que se le ordenó que investigara la Fiscalía General de la República.
Concluyen judicializaciones con dos sentencias condenatorias
La Fiscalía Anticorrupción incluye entre los casos en que ha actuado, siete expedientes más, dos de exfuncionarios estatales de segundo y tercer nivel, uno de una exfuncionaria de la Universidad Autónoma de Chihuahua, otro de un juez menor mixto del Poder Judicial del Estado, dos exfuncionarios municipales (Nuevo Casas Grandes y Ojinaga) y un exfuncionario de la Junta Municipal de Agua y Saneamiento de Ojinaga.
En esa lista está Juan Pedro S.G, exdirector del Instituto Chihuahuense del Deporte y Cultura Física, vinculado a proceso por el delito de peculado agravado. Acusado de entregar 590 mil pesos a la empresa LBE Chihuahua de la que era socio. Tiene más carpetas en curso.
También una supervisora administrativa del Departamento de Personal magisterial de la Secretaría de Hacienda de Gobierno del Estado, identificada con las siglas M.R.G.G.
Fue acusada de peculado agravado por presuntamente cobrar más de 4 millones de pesos. Eran cheques que debían destinarse a trabajadores de la Secretaría de Hacienda y del magisterio.
Otro caso es el jefe de Departamento de Contabilidad de la JMAS de Ojinaga, J.R.T.T, acusado de peculado agravado, ya que realizó veintitrés transferencias bancarias de la cuenta oficial a su cuenta personal, desviando cerca de medio millón de pesos.
Respecto al integrante del Poder Judicial, se trata del juez M.L.I., adscrito al Juzgado de Santa Bárbara, Chihuahua, a quien se acusó de los delitos de uso ilegal de atribuciones, falsificación, alteración y uso indebido de documentos.
En cuanto a funcionarios municipales, hay otra persona prófuga de la justicia, Silvia H.P, quien era la secretaria del Ayuntamiento de Nuevo Casas Grandes. La Fiscalía la busca por el mismo caso de peculado que llevó a la detención de la alcaldesa Cynthia Marina C. D.
En ese mismo listado están dos casos en los que ya se han logrado sentencias condenatorias.
En el primero de ellos, Lorena Leos Ramírez, exempleada de la UACH, fue sentenciada a dos años ocho meses de prisión por el delito de peculado agravado por cerca de medio millón de pesos. Dispuso para su propio beneficio económico del equipo médico a su cargo, identificado como encefalógrafo.
En el segundo, Jesús Anaya Zúñiga, exdirector de Predial y Catastro en el municipio de Ojinaga, fue sentenciado a 2 años 8 meses de prisión por el delito de peculado agravado. Desvió cerca de medio millón de pesos.
El gran pendiente: resolver carpetas de investigación contra alcalde juarense
La FACH tiene pendiente de resolver las carpetas de investigación relacionadas con Cruz Pérez Cuéllar y su administración, sujeta siempre a las obligaciones que se inscriben en el Código Nacional de Procedimientos Penales (CNPP).
En su artículo 212, el ordenamiento establece que cuando el Ministerio Público tenga conocimiento de la existencia de un hecho que la ley señala como delito, dirigirá la investigación penal, sin que pueda suspender, interrumpir o hacer cesar su curso, salvo en los casos autorizados en la misma.
Agrega que la investigación deberá realizarse de manera inmediata, eficiente, exhaustiva, profesional e imparcial, orientada a explorar todas las líneas de investigación posibles que permitan allegarse de datos para el esclarecimiento del hecho que la ley señala como delito, así como la identificación de quien lo cometió o participó en su comisión.
También compete al Ministerio Público, de acuerdo con el artículo 127 del CNPP, conducir la investigación, coordinar a las Policías de Investigación y a los servicios periciales, resolver sobre el ejercicio de la acción penal y, en su caso, ordenar las diligencias pertinentes.
El mismo Ministerio Público podrá abstenerse de investigar, cuando los hechos relatados en la denuncia, querella o acto equivalente, no fueren constitutivos de delito o cuando los antecedentes y datos suministrados permitan establecer que se encuentra extinguida la acción penal o la responsabilidad penal del imputado.
La legislación establece que también se tiene la opción de archivar temporalmente aquellas investigaciones en fase inicial en las que no se encuentren antecedentes, datos suficientes o elementos de los que se puedan establecer líneas de investigación que permitan realizar diligencias tendentes a esclarecer los hechos que dieron origen a la investigación.
Sin embargo, el archivo subsistirá en tanto se obtengan datos que permitan continuar la investigación, a fin de ejercitar la acción penal.
Además, se puede decretar, antes de la audiencia inicial, el no ejercicio de la acción penal cuando de los antecedentes del caso le permitan concluir que se actualiza alguna de las causales de sobreseimiento.
El Ministerio Público también puede acumular carpetas de investigación y/o procesos cuando se trate de concurso de delitos; se investiguen delitos conexos; en aquellos casos seguidos contra los autores o partícipes de un mismo delito, o se investigue un mismo delito cometido en contra de diversas personas.
Otra posibilidad es que se decline la competencia a otras fiscalías, lo que puede ocurrir cuando los asuntos no le correspondan en razón del fuero, especialidad o territorio.
Frente a esos distintos escenarios está hoy la Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua respecto a las carpetas de investigación por presuntos delitos que involucran a Cruz Pérez Cuéllar, colaboradores y exfuncionarios municipales.
Todas esas carpetas están actualmente no determinadas o resueltas. La FACH tiene las opciones de judicializar los casos, declarar el no ejercicio de la acción penal, acumular las carpetas o declinar las investigaciones.
Se trata de montos millonarios en casos que involucran a la mayor autoridad municipal y en el más grande municipio del estado. Esa condición y la obligatoriedad legal de todo Ministerio Público a investigar de manera inmediata, eficiente y exhaustiva, no permiten la inacción de la Fiscalía Anticorrupción.
Por ley, deben de resolverse cada uno de los casos que se hayan convertido en carpetas de investigación. El tradicional “carpetazo” u olvido, no es procedente, bajo ningún precepto legal.
