La Auditoría Superior del Estado (ASE) denunció un posible desvío de recursos públicos por más de 41 millones de pesos cometido en 2018 por la administración del alcalde Armando Cabada.
La fiscal anticorrupción Gema Chávez confirmó que su oficina tiene abierta una investigación por posibles hechos delictivos relacionados con la denuncia de la ASE.
De acuerdo con el análisis de la cuenta pública 2019, el Municipio, con la autorización del alcalde Armando Cabada, entregó las cantidades de 33.5 y 8.9 millones de pesos a un despacho de cobranza denominado Castro Villarreal Asociados.
La primera cantidad fue para cubrir un supuesto servicio de cobro de cartera vencida; sin embargo, no se presentó documentación fidedigna que comprobara que el trabajo se hizo.
La segunda fue un pago indebido por un procedimiento de cobranza del mismo contrato que no estaba autorizado.
Los indicios apuntan a que Castro Villarreal Asociados no tenía la estructura necesaria para realizar las operaciones de cobranza asignadas. Apenas una página sin logotipos tiene abierta en Facebook.
Además se le favoreció con pagos que no correspondían a los años de cartera vencida que debía recuperar.
Consultado al respecto, el titular de la Auditoría Superior del Estado Héctor Acosta Félix no quiso calificar a Castro Villarreal Asociados como una empresa fantasma.
“Eso sería entrar en especulaciones que la ASE no puede hacer. Lo que claramente estamos diciendo es que la empresa contratada no demostró su capacidad para poder cumplir con el contrato y que además no hay evidencias de la prestación de sus servicios, en términos del propio contrato firmado”, planteó.
Aun sin señalar que se trate de una operación simulada para obtener un beneficio económico ilegal, Acosta Félix informó que con base en las irregularidades detectadas el caso ya se denunció ante la Fiscalía Estatal Anticorrupción.
La titular Gema Chávez informó que la denuncia se presentó el 21 de abril de 2021 y actualmente la investigación se encuentra en fase inicial.
“En efecto, tengo esa denuncia presentada por la ASE. Por ser una investigación en curso estoy impedida por ley para dar detalles de la misma. Solo puedo decirte que se encuentra en investigación inicial”, comentó.
Indicios de que repartieron dinero a manos llenas
De acuerdo con la ASE, en 2018 la administración de Cabada pagó 33.5 millones de pesos a la empresa Castro Villarreal Asociados, S. C., por un contrato de recuperación de cartera vencida.
El contrato se hizo mediante adjudicación directa con el número DCA/TM/006/2018 del 21 de septiembre de 2018.
La ASE encontró que no habían documentos que respaldaran que el trabajo se había realizado.
La empresa resultó no tener la capacidad instalada para cumplir con la recuperación de cartera; es decir, se podría tratar de una simulación o fachada para obtener dinero público de manera ilegal.
El contrato establecía que Castro Villarreal Asociados cobraría distintos porcentajes por la recuperación de tres diferentes rubros de cuentas de usuarios morosos. Por otro lado, tendría una vigencia del 1 de octubre del 2018 al 9 de septiembre de 2021.
La Tesorería municipal debería recibir un informe mensual de la cobranza y corroborar el ingreso obtenido.
Una fachada para recibir millones
Pero la ASE descubrió que la empresa incumplió con cláusulas del contrato como:
- Carecer un sistema de localización de personas
- No presentar informes mensuales a la Tesorería sobre sus actividades
- La Tesorería tampoco realizó las verificaciones correspondientes
“Solo proporcionó una relación de claves catastrales y de multas de tránsito. Con eso no es posible validar si los pagos de los contribuyentes fueron producto de los servicios prestados por el proveedor”, refirió el análisis de la ASE.
Además de lo anterior, la contratista no tenía un call center ni los vehículos necesarios para la cobranza de 350 mil 387 cuentas.
Tampoco presentó el reporte de las llamadas que debieron realizar sus empleados con al menos dos líneas telefónicas que registraron.
Usan Facebook pero no tienen seguidores
En Facebook la supuesta empresa Castro Villarreal Asociados solo dice que se dedica a realizar estudios socioeconómicos, investigación de crédito y cobranza extrajudicial.
Pero el website no tiene ningún dato de localización de la compañía.
El contralor municipal Gustavo Méndez Aguayo firmó un documento del 2 de enero de 2020 que acredita a Castro Villarreal Asociados como proveedor del Municipio con el número 12238, vigente hasta el 31 de diciembre de 2020.
Se señala como domicilio la calle Carlos Villarreal #2939, interior 2, en la colonia Margaritas de Ciudad Juárez.
Una persona de nombre Martín Carlos Castro Villarreal esta como representante legal o apoderado.
Norte Digital fue a ese domicilio, donde una persona informó que el señor Castro Villareal no se encontraba pero que ahí era su oficina.
Cabada se defiende… sin argumentos
El 28 de octubre de 2020 el alcalde Armando Cabada y su tesorero Gerardo Ronquillo rechazaron la observación. Refirieron que la Tesorería sí había proporcionado la información solicitada de manera digital en tiempo y forma.
Pero la ASE les refutó que la información solo era una tabla de Excel denominada “Detalle de Gestiones”. Solo se especificaba número de visitas domiciliarias y número de invitaciones enviadas, “mas no se puede corroborar que efectivamente se realizaron por la empresa”.
Otros 8 millones para los cuates de Cabada
Otra irregularidad fue el pago indebido a Castro Villarreal Asociados por 8.9 millones de pesos, por recuperar más de 60 mil multas de tránsito.
El problema no fueron las multas, sino el hecho de que correspondían a años que no estipulaba el contrato.
De acuerdo con el contrato DCA/TM/006/2018, firmado el 21 de septiembre de 2018, las multas a recuperar -cartera vencida- debían ser de 2016 y anteriores. Cuando se trata de cuentas por cobrar las más difíciles son las más antiguas.
Sin embargo, el despacho “recuperó” multas que eran de años más recientes, posteriores a 2016.
A pesar de que el contrato no contemplaba cartera vencida con esa temporalidad, la Tesorería que preside Gerardo Ronquillo pagó por el servicio.
Pagar con dinero público como si fuera privado
En la observación número 9 de la auditoría financiera de 2019, la ASE señaló que durante el periodo auditado se pagaron 8 millones 945 mil 054 pesos a Castro Villarreal Asociados, S. C., por concepto de recuperación de 60 mil 477 multas de tránsito de los años 2017, 2018 y 2019.
Sin embargo, aclaró, el objeto del contrato solo permitía cobros correspondientes al ejercicio 2016 y anteriores. Por lo tanto, el pago de casi 9 millones de pesos constituyó “un pago indebido”.
Por las inconsistencias encontradas, la ASE emitió un Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa y turnó el caso a la Coordinación de Investigaciones II para que se promueva ante el Tribunal Estatal de Justicia Administrativa o la autoridad competente la imposición de sanciones a los servidores públicos implicados.
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