Cuando ocurrió el caso del Jueves Negro en el 2022, hubo dos personajes que debieron responder por el sistema de corrupción en el Cereso Estatal 3, sin embargo, quedaron fuera de las investigaciones, a pesar de que tenían nivel jerárquico en el sistema de prisiones del estado de Chihuahua.
Se trata del entonces fiscal General del Estado, Roberto Fierro Duarte y del titular del Sistema Penitenciario de la entidad, Luis Alfonso Harris Arrondo, quienes no fueron considerados en alguna causa penal.
Dichos funcionarios no solo quedaron libres de acusaciones formales desde el 11 de agosto del 2022 en que fue la “riña” al interior de la cárcel de Juárez, sino que ambos sortearon los acontecimientos y continuaron en sus puestos hasta el 1 de enero 2023, cuando ocurrió la megafuga de reos encabezados por Ernesto “El Neto” Piñón.
Desde el primer evento, quedó documentado que las personas privadas de su libertad tenían en posesión armas de fuego y que la corrupción era un tema latente, sin embargo, las cosas siguieron igual e incluso empeoraron, porque para el segundo evento, ya no fueron dos armas las que tenían los reos en su poder, sino un arsenal completo.
Las investigaciones de lo ocurrido en el Jueves Negro en agosto de 2022, así como las de la fuga de enero de 2023, quedaron a cargo de la Fiscalía General del Estado, de tal forma que su titular Roberto Fierro Duarte, quedó fuera de toda acusación, porque el Ministerio Público a su cargo no le fincó responsabilidad alguna.
Finalmente, Luis Alfonso Harris Arrondo fue cesado de su cargo como titular del Sistema Penitenciario del Estado, el 11 de enero de 2023, tras el escándalo de la fuga de El Neto y 29 supuestos mexicles que lo seguían, donde 10 custodios fueron asesinados al interior del edificio, pero quedó exonerado, no solo de la riña y homicidio de dos personas en el Cereso Estatal 3 el 11 de agosto de 2022, sino de la gran evasión del penal ocurrida en enero de 2024.
Por su parte, el fiscal Fierro fue retirado de la FGE sin una sola carpeta de investigación. Posteriormente fue reubicado a la Secretaría de Hacienda y recientemente, en agosto de 2024, se le designó como el titular de la Secretaría de Función Pública del Estado.
Cayeron 4 custodios
En todo momento, las versiones apuntaron a que la masacre de 9 personas inocentes en la ciudad el 11 de agosto de 2022, tuvo su origen en una orden que habría dado supuestamente el líder la pandilla Los Mexicles.
Por eso, lo que pudiera estar ocurriendo antes de ese Jueves Negro, habría tenido que ver con la forma en que se manejaba el sistema penitenciario del estado y particularmente la forma en que operaba el penal local que dependía de la FGE.
Hubo una supuesta riña en el Cereso Eststal 3 el 11 de agosto, donde resultaron dos internos muertos y cuatro lesionados.
Por ese caso, se detuvo a los custodios Diego A.M., Pedro H.S., Jorge Emmanuel O.O. y Armando T.D., a quienes se les imputaron los delitos de homicidio calificado y homicidio en grado de tentativa, el primero en perjuicio de Kevin Alan Campos Aguilera y Raúl Abraham Sepúlveda Olivas, y el segundo en agravio de cuatro personas privadas de la libertad.
Los hechos que obran en causa penal 2761/2022, establecen que la tarde del 11 de agosto en el Centro Penitenciario número 3, ubicado en la colonia Toribio Ortega, los custodios omitieron los protocolos de seguridad, lo que propició una riña en la que perdieron la vida dos hombres y cuatro más resultaron lesionados.
Los cuatro fueron sujetos a prisión preventiva y vinculados a proceso.
El director libre y dos guardias enfermos
Después, en agosto del 2023, quien fungiera como director del Cereso 3, Francisco Javier D.S., fue llamado a audiencia y en ella se le dictó vinculación a proceso por ejercicio ilegal del servicio público y no vinculación por homicidio y homicidio en grado de tentativa en forma de comisión por omisión y no se le decretó medida cautelar, únicamente la promesa o encomienda de continuar con el proceso, lo que significa que quedó en libertad.
También, otros dos elementos de seguridad del penal se vieron involucrados en el motín y se pusieron bajo investigación. Ellos son Enrique G.V. y Williams L.H., quienes fueron citados el mismo día que el director, sin embargo, por medio de sus abogados, presentaron certificados médicos donde argumentaron problemas de salud, por lo que no pudieron asistir a la audiencia programada.
Desde entonces, las autoridades no han informado de alguna otra audiencia para dichas personas.
La podredumbre estaba documentada
Sobre lo que imperaba al interior de la cárcel de Juárez, donde estaba encerrado Ernesto Piñón, el 11 de agosto de 2022, quedó testimonio en una recomendación que hizo la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH).
En la recomendación 5s.1.055/2023, la CEDH hizo varias observaciones, como el hecho de que el personal de seguridad y custodia era considerado insuficiente.
Se consideró que había un autogobierno, actividades ilícitas y que el personal operativo carecía de capacitación para prevenir situaciones de tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes.
En ese tiempo la sobrepoblación era de 123 por ciento y no había separación entre personas procesadas y sentenciadas.
Criticó la CEDH las respuestas de la autoridad ante lo ocurrido entonces, porque la fuga de internos del Cereso ocurrió unos meses después, justo el 1 de enero de 2023, donde salieron a relucir nuevamente armas de fuego y también hubo personas privadas de la vida.
Se destaca que, al ingresar objetos no permitidos como las armas de fuego al penal, se incurrió en posibles actos de acción u omisión o corrupción por parte del propio personal del Cereso.
En la recomendación se solicitó que instaurara un procedimiento administrativo en contra de la autoridad penitenciaria del Estado, así como del personal directivo, y operativo de seguridad y custodia del Cereso 3.
La recomendación fue dirigida a Gilberto Loya, titular de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal (SSPE) y fue firmada por Néstor Manuel Armendáriz Loya, en la cual se solicitó que se apliquen las sanciones correspondientes dentro de sus atribuciones. Los testimonios los recabaron el 11 de agosto del 2022, pero la recomendación la emitieron más de un año después, es decir hasta el 29 de diciembre de 2023, cuando el sistema penitenciario ya no dependía de la FGE, sino de la SSPE.
